Un velo de misterio envuelve la muerte de dos hermanas que perdieron la vida este lunes en la famosa “vuelta por México” cuando intentaban llegar de manera ilegal hacia los Estados Unidos, mientras que la incertidumbre arropa a sus familiares en el distrito municipal de Sabana del Puerto-Jima en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Daniela y Arisbelkis Valdez Rosario, con su hijo de 2 años, emprendieron su travesía hacia el país norteamericano la mañana del sábado 11 de mayo, y se mantuvieron en comunicación con su familia hasta el domingo a las 2:00 de la tarde, luego de que fueron detenidas por aproximadamente 16 horas en migración de El Salvador, de acuerdo a su hermana Nayelys Valdez.
Nayelys cuenta que, tras varias versiones sobre el bienestar de sus hermanas, el coyote que organizó el viaje desde República Dominicana llamó al celular de su mamá el lunes, ella contestó y en ese momento, el hombre le dijo que sus parientes habían fallecido.
La versión del coyote, a quien la familia dice no conocer, fue que las jóvenes de 28 y 26 años habrían sufrido “una intoxicación con algo que comieron y les cayó mal”.
Sus familiares en Bonao, tanto sus hermanos y su papá, el conocido ebanista de la comunidad de Fula, Ardio Valdez, aseguran que desconocen la cantidad de dinero que Arisbeklis y Daniela pagaron por el viaje y el motivo que las hizo salir del país.
Tampoco saben qué fue exactamente lo que pasó, por lo que piden ayuda y respuestas sobre la muerte de las jóvenes.
Asimismo, establecen que en todo momento, el hombre que organizó el viaje afirmaba que era “seguro, que todo era por vuelos”.
“Nunca nos dieron “ni un por ciento de probabilidad de que iba a pasar algo malo”, indicó Nayelys.
La madre de Arisbelkis y Daniela se encuentra en Guatemala buscando a su nieto de 2 años y respuestas de las autoridades sobre el caso.
Daniela estaba estudiando para ser azafata, y dejó los estudios para irse a Estados Unidos. Las hermanas fallecidas, en conjunto con Nayelys vivían en Bávaro, provincia La Altagracia, donde tenían dos negocios de mini-market.
De acuerdo a informaciones obtenidas por Listín Diario, la madre de las dos mujeres salió esta mañana en un vuelo con destino a El Salvador
Arisbelkis Valdez Rosario y Daniela Valdez Rosario
Dos hermanas oriundas de la comunidad de Fula, en Sábana del Puerto, Bonao, fallecieron mientras hacían la travesía de la llamada “Vuelta por México“, que tenía como destino final Estados Unidos.
La primera de las hermanas ha sido identificada como Arisbelkis Valdez Rosario, quien falleció cuando presuntamente se cayó de un camión en el que viajaba junto a otros inmigrantes en la comunidad de San Antonio Pajonal del departamento de Santa Ana, zona fronteriza con Guatemala
“De acuerdo a la información preliminar, cayó del camión en el que viajaba con otros migrantes de forma ilegal, rumbo a Estados Unidos”, explicaron familiares. No se detalló si se arrestó a alguien o si el camión siguió su marcha.
Al momento de reconocer el cadáver, las autoridades salvadoreñas explicaron que a la mujer le encontraron $6500 y un celular, y que esta no presentaba signos de violencia.
Vinculados a la familia explican que la segunda hermana, Daniela Valdez Rosario, murió en Guatemala tras presentar un malestar estomacal por una supuesta indigestión. Valdez fue trasladada a un centro de salud en compañía de un menor, que actualmente está bajo el cuidado de las autoridades del centro de salud.
De acuerdo a informaciones obtenidas por Listín Diario, la madre de las dos mujeres salió esta mañana en un vuelo con destino a El Salvador para el proceso de repatriación del primer cadáver y posteriormente viajar a Guatemala.
La historia de República Dominicana y Haití no se puede contar por separado.
Ambas naciones no solo están unidas geográficamente en la misma isla caribeña, sino que también sus ciudadanos comparten influencias culturales, lazos de sangre y hasta los mismos peligros, como los azotes de huracanes y otros estragos del cambio climático.
Según las cifras más recientes del gobierno dominicano, que datan de 2017, en su territorio viven cerca de medio millón de haitianos, quienes, de alguna u otra manera, influyen en lo que allí sucede todos los días.
Y, durante los últimos cien años, decenas de miles de trabajadores han sido parte de la mano de obra de muchas industrias en dominicana, en especial las relacionadas al sector agroindustrial.
Pero pese a toda esta historia en común, con los años las relaciones entre los gobiernos de ambas naciones se han ido deteriorando.
Al punto que hoy, mientras Haití sufre violencia generalizada y caos a consecuencia de grupos criminales que han tomado el poder de grandes zonas del país, República Dominicana ha impuesto severas restricciones migratorias.
Miles de personas son deportadas de nuevo a Haití, en donde escasea la comida y los servicios esenciales.
El presidente dominicano, Luis Abinader, quien el próximo 19 de mayo se mide con otros 8 candidatos en busca de la reelección en los comicios generales, también ordenó la construcción de una valla fronteriza y pidió una intervención internacional en el país vecino.
Afirma que sus acciones tienen el propósito de proteger la soberanía dominicana. Por su parte, grupos de derechos humanos denuncian que las detenciones y expatriaciones violan leyes nacionales e internacionales.
Algunos expertos, como Bridget Wooding, opinan que todas estas políticas están cargadas de un sentimiento antihaitiano, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX.
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Pie de foto,El presidente dominicano Luis Abinader ha impuesto severas restricciones migratorias por la crisis de seguridad en Haití.
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Pie de foto,Bridget Wooding, experta en migraciones de la región del Caribe, afirma que las élites dominicanas promueven un discurso anti-haitiano para opacar los demás problemas del país.
La directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, quien por años ha estudiado el flujo de personas de los dos lados de la frontera, comenta que los políticos de turno han usado este discurso en contra de los haitianos para buscar rédito electoral.
Bridget, egresada de la Universidad de Oxford en Reino Unido, y quien investiga sobre migración con un enfoque de género y trabajo, dice que les ayuda a tapar los verdaderos problemas del país caribeño.
De eso conversamos en esta entrevista.
Usted expone en trabajos académicos que en República Dominicana existe un discurso antihaitiano. Podría explicar su origen y cómo se puede palpar en el día a día del país.
El origen del antihaitianismo se remonta al pasado colonial de ambos países. Primero, el hecho de que de 1822 a 1844 Haití ocupó toda la isla de La Española, de manera que la primera independencia definitiva de República Dominicana, luego de España, realmente fue del país vecino.
Y surgen otra serie de rivalidades históricas, fruto de que Haití fue colonizado por los franceses y los españoles por el lado dominicano.
Mientras que hace un siglo, comenzó un corredor de mano de obra haitiana hacia República Dominicana. Es el corredor de mano de obra de más larga data y de más importancia en todas las Américas por el volumen de personas que cruzan, algo que continúa hasta el día de hoy.
Esa mano de obra fue impulsada, sobre todo, por la ocupación de EE.UU. a ambos lados de la frontera a principios del Siglo XX. Luego, a través de acuerdos entre los dos gobiernos, se normaliza en 1952.
Y la dictadura de Rafel Leonidas Trujillo en República Dominicana (1930-1961) fue un periodo en el que hubo un gran malestar hacia la comunidad haitiana. Tuvo su auge con el genocidio de 1937 cuando hubo una masacre de miles de personas haitianas y dominico haitianas en la frontera norte y central del país.
En tiempos más recientes, el desencuentro más significativo fue la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, que desnacionaliza a cientos de miles de personas de ascendencia haitiana que habían adquirido su documentación legal según la Constitución.
Esta serie de dificultades son propiciadas mayormente por las élites dominicanas, que tienden a catalogar a la persona haitiana como un otro amenazante. Lo llaman también una invasión pacífica, refiriéndose a que las mujeres haitianas están dando a luz en República Dominicana y usurpando los roles de los locales.
Pero las personas trabajadoras, en los barrios, los cafés, logran entenderse. Es cuando hay una intervención en otros niveles que no ayuda a mantener las buenas relaciones.
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Pie de foto,Luis Abinader busca la reelección presidencial en los próximos comicios del 19 de mayo.
En este periodo electoral, que culmina en una semana, se utiliza el tema haitiano diciendo que el otro nos está invadiendo, no sólo culturalmente sino también físicamente, para distraer la atención de lo que realmente son los problemas del país, como los altos precios y la corrupción.
¿Puede abundar en cómo influyó la dictadura en el discurso anti-haitiano?
Bajo la dictadura, hubo mucho control y represión de diferentes sectores. En ese tiempo comenzó la idea de que se necesitaba la mano de obra haitiana, pero que no era deseada.
Cuando ocurrió la masacre en la frontera, fue con la idea de blanquear a la nación dominicana. Pero los bateyes, ubicados en el interior del país, en donde las personas haitianas laboraban en el sector azucarero, no fueron afectados.
Al tiempo que eso ocurre, se quiso representar a República Dominicana como que tiene raíces españolas, que son católicos y no practican vudú, que hablan español y no creole.
Una serie de binomios que fueron utilizados en la dictadura para crear ese imaginario de un otro amenazante.
Dijo que es la élite dominicana la que promueve el anti-haitianismo. ¿Puede abundar en quiénes son y cómo se benefician?
En República Dominicana, sin excepción, ninguno de los partidos principales se ha atrevido a contrarrestar el discurso anti-haitiano porque entienden que les hace ganar elecciones.
Los últimos gobiernos se sintieron obligados a hacer causa común con corrientes ultranacionalistas, que tienen visiones conservadoras en términos de los derechos de la mujer, el aborto y la diversidad. Pero sobre todo, donde más inciden es en el tema de pensar que las personas haitianas están diluyendo la sangre de la nación.
Y a quienes intentan defender los derechos de las personas haitianas y sus descendientes se les tilda de traidores a la patria.
Aunque los sectores ultranacionalistas son relativamente pocos en términos de números, en la práctica tienen mucha influencia y logran incidir en los principales medios de comunicación.
Ahí reside el problema. Hay una dificultad de ir en contra de esa narrativa por estas alianzas políticas.
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Pie de foto,Desde hace más de un siglo, miles de haitianos han cruzado la frontera con República Dominicana para trabajar en diferentes industrias, pero sobre todo en el sector agroindustrial.
He estado reportando sobre el papel de los haitianos en la economía de Dominicana y he encontrado ejemplos de cooperación y convivencia. Además, a través de la historia ha habido una enorme colaboración entre personas de ambas naciones. Como la participación de los haitianos en la lucha de los nacionalistas dominicanos contra las invasiones norteamericanas y el enorme apoyo humanitario de los dominicanos cuando ocurrió el terremoto en Haití en 2010
¿Cómo se vive esa colaboración en la calle y el día a día?
Hemos sido testigos de situaciones alentadoras. Ocurre mucho en la frontera.
Hace un par de años estuve en una actividad por el día 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y hubo un junte de los dos lados de la frontera para hacer actividades culturales y deportivas. Asistieron autoridades locales, como personal del Ministerio de la Mujer.
Fue una muestra de cómo se puede existir en armonía.
También hay muchos esfuerzos de arte y cultura significativos. Grupos de artistas, de músicos que son conocidos de ambos lados de la frontera y que hacen actividades en común, como murales y conciertos.
Igualmente, hay celebraciones dominicanas de origen haitiano como el gagá, un grupo de creencias y ritos que tienen su momento culminante en Semana Santa.
Entonces, hay lucecitas.
De hecho, por ciertas presiones de la sociedad civil y a nivel internacional el gobierno se ha visto en la necesidad de renovar el Plan Nacional de Regularización para personas en situación irregular, suspendido totalmente a mediados de septiembre del año pasado a raíz del incidente de la construcción de un canal por parte de Haití en la frontera.
Hay una realidad, y es que en Haití hay una crisis política y de seguridad. Si no es controlando la migración, ¿qué podría hacer República Dominicana para no verse afectada por lo que sucede en el país vecino?
No estamos en contra del control migratorio, pero se debe hacer respetando los derechos humanos, las legislaciones nacionales e internacionales.
Por ejemplo, esos espacios de varios meses en el que no se estaba renovando los documentos de las personas migrantes fomenta una situación de irregularidad y más detenciones y más deportaciones.
Estamos de acuerdo con la necesidad de controlar los puntos migratorios. Pero ahí lo que hay que hacer es cortar la corrupción, las maneras informales que la gente utiliza para cruzar la frontera.
Construir una valla, no necesariamente va a ayudar a controlar la migración. Como se ha visto en el caso de México y EE.UU., la gente se va ingeniando rutas cada vez más peligrosas para cruzar la frontera en la ausencia de métodos legales.
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Pie de foto,En 2013, una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano le quitó la nacionalidad a más de 200 mil ciudadanos de su país con ascendencia haitiana.
Hay que crear un proceso de migración ordenada. Eso se puede hacer midiendo las necesidades que hay en los diferentes renglones de la economía, como el Instituto Nacional de Migración ha comenzado a hacer en los diferentes nichos de la agricultura y el sector turístico.
Las personas que migran forzosamente no son el problema, el problema es la falta de buena gobernanza.
¿No le parece común que entre países vecinos con asimetría económica haya controles migratorios por parte del Estado que se encuentra en una mejor situación? ¿Cree que en República Dominicana la situación es más compleja?
Al ser dos estados pequeños que comparten una sola isla, se crean una serie de complejidades.
Pero pienso que se puede aprender de buenas prácticas de otros países que comparten frontera, pero que han manejado un poco mejor el tema migratorio.
Podemos pensar en Nicaragua y Costa Rica.
Ahí hay cierta historia, no tan larga como la de Haití y República Dominicana, de nicaragüenses que migran, sobre todo, para trabajar en la agricultura y las mujeres en el servicio doméstico remunerado.
Pero relativamente hablando, tienen políticas de migración.
Costa Rica acaba de publicar un documento de cientos de páginas que corresponde a una política migratoria renovada para enfrentar la actualidad. Mientras que República Dominicana no implementa su ley de migración ni sus reglamentos.
En Costa Rica con los nicaragüenses también hay todo ese tema del otro amenazante, que se agravó un poco durante la pandemia de la Covid-19, cuando tenían esa consigna de que eran los migrantes los que llevaban la enfermedad.
Pero se han buscado maneras de contrarrestar esos imaginarios.
¿Cómo cree que se ve a los dominicanos del lado de Haití?
Desde la caída de la dictadura en Haití, a mediados de los años 80, mucho más tarde que la caída de Trujillo en dominicana en el 61, las personas haitianas y sus gobiernos han estado ensimismados en tratar de lograr una democracia más acabada, por lo que no han tenido la oportunidad de mirar más arriba.
Fue hace poco, a comienzos de este nuevo siglo, que realmente las personas haitianas comenzaron a darse cuenta de la importancia de la frontera en términos comerciales.
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Pie de foto,En la frontera con haití, hay varios mercados comerciales de gran importancia para la economía de ambos países.
Además, hay pocos dominicanos en Haití, entonces no tienen tanto conocimiento sobre ellos.
No hay una visión negativa. Si algo hay es una visión neutral de que Dominicana puede ser un trampolín para ir a otro país o una ayuda para encontrar trabajo.
¿Qué puntos en común tienen ambos países?
Tienen muchos puntos en común. Como una historia colonial, aunque con sus matices por responder a diferentes metrópolis. También la relación con EE.UU., que influye bastante en ambos países.
Tienen mucho en común en términos de arte y cultura. Ciertas tradiciones que tienen que ver con una historia en común de afrodescendientes que hay a ambos lados de la frontera.
¿Cree que el discurso antihaitiano que usted menciona está relacionado más al tema racial o también a una cuestión de clase social y pobreza?
Están de alguna u otra forma relacionados. Hay discriminación por etnia, hay discriminación por clase y por cómo se percibe al otro.
Y asuntos culturales que a veces se sobredimensionan.
Por ejemplo, que las personas haitianas hablan creole y República Dominicana es hispanohablante.
Son diferencias culturales que se tienden a sobredimensionar en aras de usar el antihaitianismo como una herramienta política en términos electorales o en otros momentos de crisis interna.
¿Se utiliza el tema de Haití para tapar otros problemas en República Dominicana?
El gobierno actual llegó al poder con una plataforma de cambio. Sobre todo, respondiendo a lo que fue una necesidad que sintió el pueblo dominicano de combatir la corrupción.
Eso se ha logrado muy parcialmente. Pienso que el discurso antihaitiano tiende a opacar eso.
También opaca las necesidades reales de otros grupos que están en situación de desventaja, como las mujeres, y los temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva.
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Pie de foto,En la frontera con Haití, el gobierno del presidente Luis Abinader ordenó la construcción de una valla que recorrerá 54 km.
Todas esas cuestiones están rezagadas porque hay un foco en una sola temática con el fin de unir el país en torno a ella.
Pero eso es algo que no se logra. Se vio en unas declaraciones recientes de la Iglesia católica y de aliados que hicieron un video cuestionando el nivel de antihaitianismo y las acciones que se han estado tomando en contra de ese colectivo migrante.
¿Cómo se le puede dar un giro al antihaitianismo?
Hay que comenzar con la educación. Crear nuevos libros de texto con una historia más equilibrada y los puntos en común a través de la isla. Desde una temprana edad, la gente tiende a escuchar los lugares comunes, como cuando dicen que si un niño se porta mal, la persona haitiana vendrá por él.
Hay que realmente contrarrestar todo lo que han sido esos lugares comunes negativos con historias y narrativas más equilibradas.
También sería bueno fomentar más intercambios a través de la isla, que no es tan viable en este momento, pero cuando las condiciones en Haití lo permitan.
No se puede apreciar lo que no se conoce.
¿Cree que pasadas las elecciones y en los años por venir haya un cambio en las políticas de República Dominicana hacia Haití?
Es necesario. Si pasa o no, es otro tema. Pero pienso que de alguna u otra manera el presidente Luis Abinader, quien probablemente sea reelegido, está obligado a reflexionar sobre esa mano dura de los últimos meses y tratar de pensar en políticas que puedan ser más adecuadas para mejorar las relaciones entre ambos países.
Las disco light, repartición de funditas y bebidas alcohólicas se redujeron considerablemente en campaña.
Santo Dominicana.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó este martes su cuarto informe correspondiente a la campaña presidencial y congresual del 2024, en el que realiza una valoración general del proceso y destaca los aspectos y ocurrencias más relevantes que es necesario consignar.
«Las realidad es que hemos estado en campaña abierta desde finales del 2022, todo el 2023, hasta el término oficial de la misma el 16 de mayo del 2024. Esto sobrepasa los dieciocho meses, por lo que, a pesar de que las leyes establecieron plazos más cortos, en esto se puede decir que hay retroceso», dice Participación Ciudadana en una comunicado de prensa.
A continuación, los hallazgos de Participación Ciudadana sobre las elecciones del próximo domingo:
• La República Dominicana avanzó significativamente en la organización de las elecciones 2024, tanto en las municipales como en las presidenciales y congresuales. La Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral han desarrollado un trabajo eficiente, transparente y apegado a las leyes.
• La campaña electoral para las presidenciales y congresuales mostró un país que ha avanzado en el comportamiento de la población, de los partidos y de los candidatos. Esperamos que en los próximos días se mantenga el mismo comportamiento cívico.
• La celebración por primera vez de un debate de las principales candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y senadurías, mostró una democracia más fuerte, en la que se discuten ideas y propuestas en un ambiente de orden y respeto. Estos debates fueron auspiciados por diferentes organizaciones y medios de comunicación y abarcaron también las candidaturas a diputados de diferentes provincias. • Las actividades masivas y ruidosas, como mítines, marchas, caravanas, disco light, repartición de funditas y bebidas alcohólicas, se redujeron considerablemente. También la propaganda en televisión, periódicos y radio, mientras aumentó el uso de las redes sociales y otros recursos propagandísticos que reducen los costos, los riesgos de violencia física y el ruido.
• En esta ocasión se notó una mayor participación de jóvenes y mujeres en las candidaturas, mostrando algunos de ellos un desempeño notable, que augura un interesante relevo para las elecciones del 2028.
• Sin embargo, persisten prácticas del pasado que es necesario que desaparezcan en los próximos procesos electorales, las cuales tienen apartados en este informe. Entre esas prácticas se destacan los altos costos y el uso de la publicidad gubernamental en favor de candidatos del partido oficial.
• Otro aspecto negativo es el empeño de algunos partidos y candidatos en sembrar desconfianza en el trabajo de las autoridades electorales, sin que esas afirmaciones sean respaldadas por datos objetivos. Listados excesivos de cambios en el personal y el proceso han sido presentados por algunos partidos a pocos días de las elecciones, sin que se visualicen indicadores objetivos de las razones para esos cambios de último momento.
1. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS.
La Ley No. 33-18 establece en su artículo 45, “Párrafo I “Las primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades mediante las cuales los partidos, agrupaciones y movimientos políticos escogen sus candidatos y candidatas.” El artículo 53 de la misma Ley establece la cuota de género en 40% mínimo y 60% máximo para cualquier de los géneros.
Por otro lado, el artículo 58 establece que los partidos tienen derecho a reservarse “un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes.”
En este proceso, los partidos políticos utilizaron una combinación de diferentes modalidades de selección de candidaturas e hicieron uso del porcentaje de reserva para fines de alianzas con otras agrupaciones o de decisiones de sus órganos directivos.
En general, las modalidades de primarias y convenciones de delegados o de militantes funcionaron bien y no hubo mayores conflictos. Sin embargo, las encuestas sí produjeron una importante cantidad de conflictos internos, impugnaciones y disgustos, tanto en las municipales como en las congresuales. Participación Ciudadana entiende que esta modalidad debe ser eliminada en una próxima revisión de la Ley No. 33-18, ya que se presta a muchos conflictos, violaciones de derechos y manipulaciones en los partidos, en perjuicio de los métodos de elección democráticos y transparentes.
La cuota de género fue estrictamente exigida, aunque no faltaron algunas resistencias e intentos de burlarla. La JCE, emitió la resolución 012-2023 que establece la distribución de la proporción de género en las candidaturas plurinominales.
En el caso que afectó al Partido Fuerza del Pueblo, éste presentó una boleta para las diputaciones en la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional que violentaba dos disposiciones legales: una que despojaba de su candidatura a Robert Martínez, quien había sido seleccionado por el mecanismo de encuesta y lo sustituía por Rafael Paz, quien no había participado en la contienda interna. Ante una resolución del TSE a favor de Robert Martínez, el Partido Fuerza del Pueblo, para mantener al señor Paz, presentó otra boleta que violentaba la cuota de género, lo cual fue rechazado por la JCE, organismo que decidió acatar a los candidatos señalados en la sentencia del TSE y hacer cumplir, tanto la cuota de género como los derechos adquiridos mediante la participación en encuestas.
Un caso semejante ocurrió en la circunscripción No. 1 del exterior, donde el candidato de la Fuerza del Pueblo, Ramón Modesto Tallaj Ureña, interpuso un recurso ante el TSE impugnando el orden en que había sido colocada su candidatura en la boleta y solicitando que se le colocará en el primer lugar, lo que fue acogido por el TSE por su decisión TSE/0335/2024. Lamentablemente esta decisión intervino cuando ya se habían impreso y despachado las boletas, conllevando a que la JCE tuviera que desechar y volver a imprimir más de 600 mil boletas para cumplir con lo dictaminado por el TSE.
El Partido Revolucionario Moderno, también recibió el rechazo de la boleta para el nivel de diputados en la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional por incumplimiento de la cuota de género, error que fue corregido a tiempo por ese partido. La boleta tenía cinco hombres y dos mujeres.
Estas situaciones obligaron a la JCE a retrasar la conformación e impresión de boletas y, en el caso de Nueva York, originó un costo adicional millonario, cuyo monto todavía no conocemos. Es importante que situaciones como estas no se produzcan, ya que alteran el calendario de la JCE. De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 147 de la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral, el límite para la presentación de candidatos a diputados es el 4 de marzo debiendo publicarse en la tablilla de publicaciones de la JCE en las 24 horas siguientes. La Junta Central Electoral otorgó a los partidos nuevos plazos, en dos ocasiones, para que cumplieran con la Ley y con las decisiones del TSE.
Participación Ciudadana y todo el país, aspiran a que los partidos políticos se comprometan totalmente con el cumplimiento de las leyes electorales, de la democracia interna y los derechos de sus miembros y cumplan diligentemente con las disposiciones de la JCE y el TSE.
2. EL TEMA DEL TRANSFUGUISMO.
El Artículo 140 de la Ley No. 20-23 establece lo siguiente: “Las personas que hayan sido
nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza, en el mismo proceso electoral.”
Este fue uno de los temas que dominó las campañas electorales del 2024. En numerosas ocasiones, los principales partidos de oposición acusaron al gobierno de comprarle sus dirigentes, incluso, en los últimos años se le acusó de comprar alcaldes de la oposición a quienes, supuestamente, se les entregaban recursos para que pasaran a las filas del partido oficial.
Esta es una de las prácticas que forman parte de la vieja cultura antidemocrática de la que han sido acusados todos los partidos y gobiernos desde hace décadas. Nunca se ha podido cuantificar qué tanta influencia tiene, o comprobar si es cierto que los militantes y dirigentes comprados reciben beneficios a cambio de su transfuguismo, ni mucho menos cuanto han aportado esas compras a la cultura de corrupción y despilfarro de los recursos públicos.
En los últimos años, ha salido en la prensa una gran cantidad de dirigentes de partidos de oposición que han pasado al partido de gobierno. La ley solo prevé que las personas nominadas por un partido no pueden ser nominadas por otro en el mismo proceso electoral. Ninguna otra disposición puede impedir el cambio de partido, por lo que Participación Ciudadana entiende que esa cultura vergonzosa debe ser enfrentada por los propios partidos con medidas internas y con la elevación del nivel de ética y compromiso de sus militantes y dirigentes. Es muy sospechoso que tanta gente se juramente en el partido oficial en plena campaña electoral, pero eso no solo habla mal del partido que “compra” sino del partido cuyos miembros se “venden”.
La sociedad dominicana debe aspirar y seguir creando mecanismos para hacer desaparecer estas prácticas que han contribuido a crear desconfianza en instituciones tan importantes para la democracia como los partidos políticos.
3. LOS DEBATES ELECTORALES, UN GRAN AVANCE EN LOS PROCESOS ELECTORALES DOMINICANOS.
La realización de un debate entre los candidatos presidenciales, con una agenda prestablecida por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios -ANJE- marca un cambio en la cultura político electoral de la República Dominicana.
La aceptación por primera vez de un presidente aspirante a la reelección para un debate con sus dos principales adversarios, así como también un debate entre las tres mujeres candidatas a la vicepresidencia de los principales partidos, es un giro positivo que enriquece el proceso de campañas. El ambiente de cordialidad y respeto en el lenguaje, el amplio conocimiento de la problemática nacional y la participación femenina a este nivel, sorprendió a muchos y puso en alto el orgullo nacional.
También es notable el hecho de que los aspirantes a senadores de las principales demarcaciones hayan participado en debates con proyección nacional y local porque ha sido una gran oportunidad de conocerlos y valorarlos. La novedad de los debates llegó a diferentes ámbitos. Varios medios de comunicación e instituciones, entre ellas Participación Ciudadana, organizaron debates entre candidatos nacionales y locales, tanto para diputaciones como senadurías, en la capital y en provincias.
Más allá de la percepción, basada en la realidad, de que la mayoría de las propuestas y promesas luego son olvidadas por los ganadores, de que se ofrecen estadísticas infladas, o de que los candidatos que se saben perdedores se desbordan en ofertas que con frecuencia no pasan de buenos deseos, el mayor aporte de los debates es la educación ciudadana. Este es un espacio que pone a pensar a la gente, que le ofrece información sobre la realidad nacional e internacional, permite hacer comparaciones, brinda oportunidades de participación a candidaturas jóvenes que comienzan a proyectarse como relevos y, lo más importante, fortalece la cultura de rendición de cuentas a la que aspiramos.
El debate presidencial fue visto por más de la mitad de la población, según registraron varias encuestas, aunque todavía no se advierte su influencia en la decisión del voto. El hecho de que la mayoría de la población los vio a través de las redes sociales es otro indicador de cambios, sobre todo porque este es un medio menos costoso y más accesible a los jóvenes. Que la televisión ocupe un segundo plano es también una expresión de cambio que impacta la colocación de publicidad en esa plataforma.
Participación Ciudadana no comparte la queja de algunos que califican la campaña presidencial del 2024 como aburrida, más bien es un paso de avance en la aspiración de darle a la política y a las elecciones el verdadero lugar que se merecen como eventos de suma importancia, determinantes en la vida de los pueblos, que deben ser tomados en serio por la población, por los políticos y los gobernantes, dejando en el pasado el ambiente y la cultura de mercados y carnavales en los que solo unos pocos piensan, conducen y convencen a masas que no saben lo que les conviene y que se inclinan ante dádivas y falsas promesas.
4. USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO.
El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual. Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones.
La Ley de Régimen Electoral No. 20-23, es clara cuando en el párrafo I de su artículo 210 dispone que “no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular”. En su párrafo V dispone que “los funcionarios públicos no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.” La misma ley lo reitera cuando en su artículo 207 dispone que está prohibido utilizar los edificios públicos para fines de propaganda y utilización electoral.
Dos actividades de campaña del actual presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader, violan estas disposiciones. La primera es un spot de campaña relacionado con la seguridad en la frontera, que termina con la imagen del gobierno, pero también con el eslogan de campaña electoral que dice: “esto es cambio”. Al margen de la necesidad de determinar si este spot está siendo pagado con fondos del partido o con fondos públicos, en el mismo se utilizan las imágenes de los militares dominicanos en la frontera, equipos militares como vehículos, drones, tanquetas y los espacios de seguridad, como la verja en construcción y puestos de vigilancia.
La segunda violación es un documental presentado a partir del 8 de mayo en varios medios de comunicación, en el que se utiliza indiscriminadamente material de imagen y sonido que pertenece al Estado dominicano. Aun cuando este documental no haya sido producido con recursos públicos, la utilización de imágenes dentro del Palacio Nacional para fines electorales está prohibida, ya que constituye un elemento de privilegio para cualquier candidatura a la reelección.
La publicidad gubernamental sigue siendo muy influyente en los procesos electorales. En la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado el pasado año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.
Para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones de pesos destinados a publicidad, impresión y encuadernación, de los cuales en los primeros cuatro meses se gastaron 3,177 millones, particularmente de febrero a abril, cuando se intensificó.
De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024, seis veces y medio más que en igual período del año anterior.
La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.
No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo que espera la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor.
Insistimos en que los datos expuestos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, por lo que no se incluyen los montos dispuestos a este fin por las instituciones autónomas, los ayuntamientos, los bancos del Estado y los fideicomisos públicos, que también incluyen habitualmente la contratación de publicidad. Es decir, probablemente el presupuesto asignado a este fin es mucho mayor.
Otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Particularmente se destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos destinados a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron $52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y $12,751 millones en los primeros tres meses de este año.
5. Monitoreo del gasto en publicidad.
Tal como lo ha hecho en varios procesos electorales, Participación Ciudadana encargó a la empresa Publimonitor el monitoreo de los gastos en publicidad electoral por la prensa, radio y televisión de los partidos y candidatos en todo el mes de abril de presente año.
El resultado es que en el mes de abril, el PRM gastó en estos medios 107.9 millones de pesos, equivalente al 37.8% del total de los partidos; La Fuerza del Pueblo gastó 76.5 millones, para un 26.8%; el Partido Reformista Social Cristiano 49.9 millones para un 17.5%: el Partido de la Liberación Dominicana 31.0 millones, para un 10.8%; el Partido Revolucionario Dominicano 10.9 millones para un 3.8% y la Fuerza Nacional Progresista 4.5 millones para un 1.5%.
Estos 6 partidos suman 280.8 millones de pesos. Por otro lado, otros 13 partidos gastaron 4.1 millones para una participación de un 1.4% del gasto en prensa escrita, radial y televisiva, solo en el mes de abril. Ver cuadro anexo.
Nótese que esto es solo de un mes. La campaña comenzó hace dieciocho meses y se utilizaron profusamente decenas de mecanismos como las vallas, redes, afiches, más todas las actividades realizadas por todos los partidos y candidatos. Esta profusión de recursos debe concitar una gran voluntad nacional para lograr reducirla.
6. EL TRABAJO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Como en todos los procesos electorales Participación Ciudadana incluyó el seguimiento al trabajo de la JCE, en el entendido de que de ésta depende mayoritariamente la calidad de los comicios, no solo por su función organizativa, sino sobre todo por su función rectora y el respeto que concite con su actuación. El calendario electoral se ha cumplido, con retrasos moderados debidos a la ampliación de plazos a algunos partidos.
Es importante reconocer que la mayoría de las recomendaciones que hicimos en el informe de observación de las elecciones municipales de febrero, fueron atendidas oportunamente por la JCE y, por tanto, el país se acerca a las elecciones de mayo con un ambiente de mayor seguridad de que pasaremos airosos la prueba del 19 de mayo.
Entre las recomendaciones que fueron atendidas se encuentran: prohibir las concentraciones de personas alrededor de los recintos electorales; prohibir la instalación de carpas en las cercanías de los recintos electorales; reiterar la prohibición a los votantes de entrar con celulares a los colegios; reforzar la capacitación de la policía electoral; coordinar con la policía electoral la vigilancia general, fuera de los recintos electorales, para resguardar el orden y disolver aglomeraciones; reducir a uno por recinto los facilitadores de los partidos políticos y designar un coordinador oficial de recinto.
Cabe destacar el esfuerzo de la JCE en el cumplimiento de la cuota de género en todos los niveles y demarcaciones. En este sentido es necesario avanzar para que, en los próximos procesos, los partidos políticos presenten más mujeres en las posiciones electivas relevantes.
Una situación importante que sigue pendiente es la de los informes financieros de los partidos y candidatos. Muy pocos han cumplido con la transparencia de los ingresos y gastos. Los esfuerzos desarrollados por la unidad de control financiero de los partidos, en la JCE, parece no se han traducido en significativos avances. La implantación de una nueva cultura de transparencia financiera es un desafío que hay que seguir empujando permanentemente en los partidos políticos, porque no se trata solo de los años electorales, sino de todos los años y podría incluir auditorías que arrojen luz sobre este aspecto e incentiven al cumplimiento de las normas.
7. TRABAJO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
En el periodo correspondiente a la campaña presidencial y congresual, el Tribunal Superior Electoral -TSE- conoció y dictaminó sobre 25 expedientes, de los cuales 2 fueron sobre suspensión de los debates y 23 sobre las boletas electorales.
El partido que presentó mayores conflictos en la configuración de su boleta fue la Fuerza del Pueblo, para un total de 10, de los cuales 7 fueron fallados en contra, 2 fueron acogidos y uno se encuentra en instrucción. Como consecuencia de estos conflictos se ordenó la reconfiguración de las boletas electorales de la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional y de la Circunscripción No. 1 del exterior.
Por el PRM se presentaron dos expedientes, uno fue rechazado y el otro desistió. Otro caso fue el rechazo de la impugnación del partido Esperanza Democrática a la decisión del TSE de rechazar la candidatura de Luis José Domínguez Trujillo. También fue declarada inadmisible la solicitud de candidatura independiente de Alberto Fiallo.
Participación Ciudadana valora como muy positivo el trabajo del El Tribunal Superior Electoral en todo el proceso de las elecciones del 2024. Se trabajó en coordinación con la Junta Central Electoral, en horario extendido los siete días de la semana; las decisiones fueron tomadas dentro del tiempo hábil, contribuyendo de esa manera a la buena organización del proceso. Las decisiones del TSE han sido conocidas y discutidas por la opinión pública y la ciudadanía las ha valorado como justas, por estar apegadas a las leyes y por proteger a ciudadanos a quienes se les habían violado sus derechos, en un ejercicio que servirá como precedente en el fortalecimiento del sistema de partidos y de la democracia.
Una mujer le quitó la vida de varias estocadas a su esposo, la noche del lunes, en medio de una discusión entre ambos, hecho ocurrido en la comunidad de La Lomita, del municipio de Villa González, en la provincia de Santiago.
La mujer de nacionalidad haitiana, luego de propinarle las heridas mortales a su marido, emprendió la huida, por lo que las autoridades policiales iniciaron la persecución.
La responsable de quitarle la vida a Esya Chrislim, de nacionalidad haitiana, de 29 años de edad, fue identificada por la Policía Nacional como Irdana Dosaina.
El cuerpo del haitiano fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines correspondientes.
Las autoridades policiales dijeron que activaron la localización de la prófuga, para que sea puesta a disposición de la justicia.
La crítica situación de Haití y las relaciones, en muchas ocasiones difíciles con el vecino país, están en el centro de la política exterior de República Dominicana, no exenta de críticas internacionales por las miles de repatriaciones de haitianos, pese a la violencia y, ahora, son parte de la campaña política dominicana.
Se estima que más de medio millón de haitianos, la inmensa mayoría sin documentos, viven en República Dominicana, adonde huyen a causa de la deprimente situación en su país, el más pobre de América.
Una relación compleja
República Dominicana y Haití, que comparten la isla La Española, han vivido históricamente una compleja relación de altibajos y con una frontera de casi 400 kilómetros utilizada por traficantes de personas, drogas o para el contrabando de animales y mercancía.
Al llegar al poder en agosto de 2020, Luis Abinader, que el domingo se presentará a la reelección, dijo que la relación bilateral con Haití, segundo socio comercial de República Dominicana, era “muy importante».
Por ello, había que “seguir fortaleciendo los instrumentos para una buena vecindad”, pero seis meses después anunció la construcción de una verja perimetral “inteligente” para “poner fin” a la inmigración ilegal y al narcotráfico y para proteger al país y defender la soberanía nacional.
Posteriormente adoptó duras medidas para frenar la inmigración irregular y denunció que República Dominicana “no puede” atender los servicios de salud de “dos países”, al recordar los cuantiosos recursos que se invierten en atención medica a haitianos, calculados en más de 70 millones de dólares.
En declaraciones a EFE, el expresidente Leonel Fernández, quien también concurre a los comicios dominicanos, reconoció que las relaciones con Haití “han sido históricamente tensas”, a raíz de la separación de República Dominicana del país vecino en 1844.
República Dominicana, añadió, “despega en términos económicos y sociales y tiene una democracia política estable”, pero Haití no logra eso, pues “se estanca, retrocede en términos económicos y sociales y políticamente es una situación de inestabilidad crónica”, agudizada por el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse.
La “inestabilidad permanente” en el vecino país y el auge de las bandas criminales hacen que “cada día esta situación se torne más tensa para República Dominicana” y fomentan el tráfico ilegal de personas por parte de mafias haitianas y dominicanas, dijo a EFE el también candidato presidencial Abel Martínez.
El omnipresente tema de Haití
La situación haitiana ha estado muy presente en la campaña para los comicios presidenciales y legislativos del 19 de mayo e, incluso, la oposición acusa a Abinader de utilizar el tema con fines electorales.
La campaña ha coincidido con el agravamiento de la crisis en Haití y Abinader ha reclamado, tanto en el país como en el extranjero, una solución inmediata y, de paso, ha advertido de que seguirá defendiendo la soberanía nacional, granjeándose el apoyo de diversos sectores. Incluso, la cuestión haitiana fue uno de los temas que dominó el inédito debate que protagonizaron el 24 de abril los tres principales candidatos presidenciales, quienes coincidieron en que los indocumentados debe ser deportados, en alusión a los haitianos.
“Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal” porque no hacerlo “sería la anarquía”, afirmó Abinader, mientras Fernández manifestó que ante la inmigración ilegal se debe “aplicar la ley”, es decir, deportar, aunque respetando los derechos humanos.
Sobre las críticas de organismos internacionales por el manejo del tema migratorio por parte del Estado dominicano, Martínez consideró que el actual Gobierno ha sido “ambivalente y las reglas no han estado claras porque aquí lo que hay que hacer es respetar nuestra Constitución».
“Nosotros queremos ayudar al pueblo haitiano, debemos ser parte del concurso de voluntades a nivel mundial, y más nosotros que compartimos la isla”, pero esa ayuda debe darse allá, señaló a EFE.
Conflicto por el canal de riego
Uno de los episodios más críticos en la relación dominico-haitiana se vivió en septiembre pasado a raíz de la construcción, por Haití, de un canal de riego en un río limítrofe, lo que llevó a Abinader a cerrar la frontera terrestre, marítima y aérea.
La situación permaneció así varias semanas, hasta que República Dominicana decidió reabrir el comercio con Haití, que no desistió en la construcción del canal. Unos hechos tras los cuales, asegura Abinader, la frontera “nunca será la misma».
El dirigente político Elías Serulle renunció al partido Fuerza del Pueblo, según un mensaje que le envió a sus compañeros de la organización en la que agradecía el trato brindado.
Serulle dijo que comprendía que su decisión no fuera entendido en la pasión política del momento.
Su esposa, Lourdes Serulle, es actual diputada y se ha informado extraoficialmente que también renuncia al partido.
“Quiero despedirme, agradecer la amistad y a todos. Sé que estas decisiones no se comprenden en la pasión política así que no pretendo que lo hagan. Solo resta agradecerles el aprecio y respeto en el tiempo que navegamos juntos. Bendiciones”, les escribió Serulle, quien fue diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y embajador en Turquía durante la gestión de gobierno de Danilo Medina.
Serulle formalizó su renuncia con una carta firmada este 14 de mayo, donde indicaba que renunciaba a sus responsabilidades de la dirección central, política y la coordinación nacional adjunta de la presente campaña electoral.
“Esta decisión es irrevocable, no continuaré apoyando las formas de conducir el partido, ni su propósito. No comulgo con esta campaña negativa”, dice la comunicación.
En la carta dice que como partido político terminaron siendo todo aquello “que nos hizo salir del anterior partido”. “Dejamos de ser la esperanza para volver a ser lo mismo”, dijo en su parte final.
