
Pedro Castillo y Vizcarra fueron condenados a prisión
El expresidente peruano, Pedro Castillo, fue condenado a 11. años y cinco meses de prisión
La Justicia peruana ha condenado a prisión en dos días a dos expresidentes, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, al primero por un caso de corrupción y al segundo por su intento de golpe de Estado, y ambos se suman así al club de los exmandatarios sentenciados del país que completan Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Además, hay otros con procesos abiertos en la Justicia, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Francisco Sagasti (2020-2021) y Dina Boluarte (2022-2025), mientras que Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido tras salir a la luz indicios de sobornos.
1.- Alberto Fujimori (1990-2000)
El expresidente Alberto Fujimori recibió múltiples condenas desde 2009, tras ser extraditado desde Chile, tanto por la millonaria red de corrupción dentro de su administración, como por delitos de lesa humanidad, tras el asesinato de 25 personas, en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por el grupo militar encubierto Colina.
Por esas masacres, Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) a 25 años de cárcel que no llegó a cumplir, pues un indulto presidencial otorgado en 2017 por Kuczynski y acatado en 2023 por Boluarte le permitió dejar la prisión y pasar sus últimos meses de vida en libertad hasta su muerte en septiembre de 2024 con 86 años.
2.- Alejandro Toledo (2001-2006)
Toledo cumple dos condenas de 20 años y 6 meses de cárcel, y de 13 años y 4 meses, respectivamente, por lavado de dinero, al haber recibido millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y comprar lujosas propiedades inmobiliarias con una empresa a nombre de su suegra, domiciliada en Costa Rica.
El expresidente, de 79 años, al que a la Justicia peruana le tomó más de seis años extraditarlo desde Estados Unidos, busca ahora anular la sentencia sobre la base de las pruebas anuladas en la Justicia brasileña dentro del caso Lava Jato.
3.- Ollanta Humala (2011-2016)
Humala fue condenado en abril pasado a 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, al haber recibido aportes no declarados de Venezuela en 2006 y de Odebrecht en 2011.
El exmandatario, de 63 años, está a la espera de la apelación a la sentencia de primera instancia, sobre la base de un fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó archivar el caso contra Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Fujimori, donde estaba procesada por el mismo motivo que Humala.
4.- Martín Vizarra (2018-2020)
Vizcarra recibió una sentencia de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, al haber recibido más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando ejercía de gobernador de la sureña región de Moquegua, antes de ser jefe de Estado.
El expresidente, de 62 años, ha apelado el fallo al considerar que se trata de una “persecución política” para sacarlo del tablero electoral en los comicios de 2026 y sostener que no existen pruebas de que recibió el dinero.
5.- Pedro Castillo (2021-2022)
Castillo fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que fue detenido.
El izquierdista dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Expresidente peruano, Pedro Castillo, condenado a 11 años y cinco meses de cárcel
El exmandatario fue condenado por el Poder Judicial junto a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y al exministro del Interior, Willy Huerta

El expresidente peruano, Pedro Castillo, escucha sentencia por fallido intento de golpe de 2022. (EFERenato Pajuelo).
El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
La sala absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
A partir de este fallo, el exgobernante deberá permanecer en Barbadillo, conocida como la cárcel para expresidentes de Perú, hasta abril de 2034.
Atentado al orden constitucional
Para los jueces, el expresidente y sus colaboradores conspiraron para atentar contra los poderes del Estado y el orden democrático y que, en el momento de su detención, pese a no haber sido todavía oficialmente destituido por el Congreso, era un presidente “de facto” tras su pronunciamiento.
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella; y sobre el exministro del Interior Willy Huerta.
Sin embargo, la sentencia contra Huerta, que según testigos dio órdenes para concretar las medidas inconstitucionales anunciadas por Castillo, será suspendida hasta la segunda instancia en caso de que apele y siga una serie de normas de comportamiento.
Mientras, el ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en el momento de los hechos, Aníbal Torres, recibió una condena de seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal dejó sin aplicar por razones humanitarias debido su avanzada edad (82 años).
Por su parte, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de los cargos.
Castillo buscaba ser senador
Los magistrados consideraron comprobado que Castillo, Chávez y Torres redactaron el mensaje en la noche anterior en el Palacio de Gobierno y que eran conocedores de lo que sucedería al día siguiente cuando citaron al resto de ministro a la sede presidencial y a un equipo del canal estatal TV Perú para hacer la transmisión, al que ocultaron el verdadero propósito de su convocatoria.
El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se vencieran los tres años de prisión preventiva que se habían dictado contra Castillo cuando fue detenido el mismo día de los hechos, por lo que debía salir en libertad si antes no se anunciaba el fallo.
En las semanas previas a la sentencia, Castillo anunció su intención de ser candidato a senador por parte del partido Juntos por el Perú (JP), de su exministro Roberto Sánchez, cuyos seguidores llegaron a los exteriores del cuartel policial donde se ubica la prisión de Barbadillo para protestar contra la sentencia y reclamar la libertad del expresidente.
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