La dominicana Doris B. González. (FUENTE EXTERNA)
La nueva presidenta interina ha manejado 1,000 millones de dólares en ayudas para estudiantes en Nueva York
EFE
La dominicana Doris B. González fue nombrada este jueves presidenta interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado de Nueva York, donde ha servido como vicepresidenta ejecutiva los tres últimos años.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció hoy la nominación de la funcionaria para el cargo, que deberá ser confirmada por el Senado, pero mientras tanto ejercerá las funciones de liderazgo de manera interina, indica un comunicado.
González, nacida en República Dominicana y que estudió en el sistema público de escuelas de Nueva York, según su biografía, ha supervisado y gestionado administrativamente las operaciones y actividades de la Corporación (HESC, por su sigla en inglés) desde agosto de 2023.
Como parte de ese rol, ha manejado unos 1.000 millones de dólares en ayudas para 30 programas de becas, subvenciones y perdón de préstamos que benefician a casi 300.000 estudiantes al año, incluido el Programa de Asistencia de Matrícula del estado, detalla la nota.
González ha ocupado varios cargos ejecutivos en la administración pública de Nueva York y también tiene amplia experiencia en el sector privado, donde fue ejecutiva en la tecnológica Kyndryl y durante 25 años ocupó cargos de liderazgo en filantropía corporativa en IBM.
“Desde mis primeros puestos, me ha impulsado una profunda convicción en el poder transformador del aprendizaje”, dijo la funcionaria, que resaltó la misión de HESC de brindar a los neoyorquinos los recursos financieros que necesitan para cursar estudios superiores.
Aparte de este trabajo, González forma parte de la junta directiva de varias organizaciones sin ánimo de lucro y es mentora en la Iniciativa de Mentoría Latina de la gobernadora en una escuela del barrio de El Bronx.
Espaillat pide investigar a ICE por rastrear ubicaciones de estadounidenses sin orden judicial
La carta enviada al inspector general del DHS destaca la necesidad de examinar las prácticas de compra de datos de localización por parte de ICE, que podrían estar violando derechos de los ciudadanos
El congresista por Nueva York, Adriano Espaillat, y el senador Ron Wyden encabezaron a casi 70 legisladores demócratas que solicitaron una nueva investigación sobre la compra sin orden judicial de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses por parte de agencias del Departamento de Seguridad Nacional.
En una carta enviada al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Joseph Cuffari, los legisladores pidieron examinar las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras dependencias del DHS, que habrían retomado la compra de este tipo de datos tras la suspensión de un programa similar en 2023.
Ese programa fue cerrado después de que la propia oficina del inspector general determinara que la compra de datos de localización por parte de ICE era ilegal, tras una investigación impulsada por Wyden junto a los senadores Elizabeth Warren, Ed Markey y Brian Schatz.
“Los datos de ubicación son extremadamente sensibles y pueden revelar información sobre la religión, las opiniones políticas, las condiciones médicas, las adicciones y las personas con las que alguien se relaciona”, escribieron los legisladores en la misiva.
Añadieron que, por lo general, el gobierno debe obtener una orden judicial para acceder a ese tipo de información a través de compañías telefónicas o tecnológicas.
Contrato con empresa de vigilancia
La preocupación de los legisladores surge tras reportes de que ICE otorgó en 2025 un contrato sin licitación a la empresa de vigilancia Penlink, que incluye licencias para su herramienta de rastreo de ubicación llamada Webloc.
Según el informe, la tecnología fue desarrollada por Cobwebs Technologies, una compañía de vigilancia que se fusionó con Penlink en 2023.
Cobwebs fue vetada en 2021 por Meta Platforms durante una campaña contra empresas de espionaje digital, después de detectar que sus clientes utilizaban sus herramientas para atacar a activistas, políticos de oposición y funcionarios gubernamentales en Hong Kong y México.
Reclamos por falta de transparencia
Los legisladores también denunciaron que ICE ha obstaculizado la supervisión del Congreso sobre estas prácticas.
La oficina de Wyden solicitó una sesión informativa a la agencia poco después de que se revelara el contrato en octubre de 2025. Aunque inicialmente se programó una reunión para el 10 de febrero de 2026, ICE la canceló un día antes sin ofrecer explicaciones ni reprogramarla.
Qué pide investigar el Congreso
En la carta, los legisladores pidieron al inspector general que examine varios aspectos, entre ellos:
Si ICE y otras agencias del DHS están comprando datos de localización obtenidos ilegalmente de ciudadanos estadounidenses.
- Cómo se han utilizado esos datos y si se han empleado para investigar a personas por actividades protegidas por la Constitución, como protestas contra operativos de inmigración.
Si las agencias realizan auditorías internas para detectar posibles abusos en el acceso a estos datos.
Por qué el DHS aún no ha adoptado una política clara sobre el uso de datos comerciales de localización, tal como se recomendó en 2023.
La carta fue respaldada por decenas de legisladores demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, incluidos los senadores Alex Padilla, Adam Schiff y Raphael Warnock, así como los representantes Pramila Jayapal, Joaquin Castro y Nydia Velázquez, entre otros.
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