Más de 3,000 compañías solicitan la devolución a EE. UU.
Cada exportador es responsable de la gestión, señala el Ministerio de Industria y Comercio
Si el protocolo habilitado por las aduanas estadounidenses para devolver los aranceles cobrados por Donald Trump de manera ilegal pareció remediar esta situación, una advertencia del mandatario, difundida ayer, plantea una encrucijada para las empresas que quieren reclamar el reembolso.
A las compañías dominicanas que venden sus productos a los Estados Unidos se les retuvo hasta 440.4 millones de dólares por una tasa arancelaria del 10 % desde abril hasta diciembre del 2025. Una cifra pequeña si se compara con los 166,000 millones de dólares que el Gobierno estadounidense se comprometió a devolver a los importadores luego de que la Corte Suprema anulara la orden de Trump de retenerlos bajo la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA, siglas en inglés).
Sin embargo, la gestión de cualquier reclamación es algo que le corresponde hacer a cada empresa, aprovechando los mecanismos legales disponibles en ese país para asegurar la devolución, precisó aquí el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), razón por la cual este tema “aún no forma parte de las conversaciones entre los (dos) gobiernos”.
“Las autoridades dominicanas no tienen incidencia en dichas decisiones, aunque reiteran su disposición de orientar a los exportadores que así lo requieran”, matizó la institución.
De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, siglas en inglés) todo agente aduanero e importador registrado (IOR) debe presentar una declaración de entrada de sus productos hacia el país conocida como CAPE. Una vez aprobada, deberá esperar entre 60 y 90 días para recibir los fondos.
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La advertencia
Al ser preguntado en la cadena CNBC sobre las grandes empresas estadounidenses que siguen sin presentar sus solicitudes de reembolso —entre ellas gigantes tecnológicos como Amazon y Apple— Trump afirmó que “sería una decisión brillante” si no lo hicieran.
“De hecho, si no lo hacen es porque me conocen muy bien… si no lo hacen, los recordaré”, zanjó Trump.
Lejos de ser casuales, las declaraciones del mandatario buscan disuadir a las empresas de reclamar los gravámenes que les fueron cobrados a pesar de que el servicio de aduanas de los Estados Unidos ha facilitado las vías para devolverlos.
Trump sigue cobrando un arancel de hasta un 15 % mediante una orden ejecutiva sustentada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una medida que estará vigente por 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio, salvo que el Congreso la prorrogue.
Continúa la negociación
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes aseveró que las crecientes tensiones geopolíticas derivadas de la guerra del Golfo Pérsico “no han detenido” el diálogo entre las autoridades dominicanas y estadounidenses para negociar la tasa arancelaria del 10 % que el país sigue pagando al gigante norteamericano.
Antes de que la Corte Suprema anulara los aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA), tanto Estados Unidos como la República Dominicana avanzaban en una negociación de aranceles similares a Guatemala y El Salvador, países que alcanzaron una tasa cero de aranceles bajo ciertas condiciones.
De acuerdo al MICM, las conversaciones en torno a una negociación han continuado desarrollándose bajo los parámetros acordados entre las partes, aunque evitó otorgar detalles específicos sobre las modalidades discutidas hasta el momento, alegando compromisos de confidencialidad.
Estados Unidos iniciará la devolución de aranceles de Trump; RD pagó US$440 millones solo en 2025
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Conep: “Falta información y certidumbre”
El Gobierno de los Estados Unidos empezó ayer el proceso para la devolución de hasta 166,000 millones de dólares en aranceles dispuestos por Donald Trump tras su anulación por la Corte Suprema, una facilidad a la que podrían aplicar países como la República Dominicana, que hasta diciembre pasado había pagado 440.4 millones de dólares por la tasa de 10 % impuesta desde abril del 2025.
La primera fase para el reembolso, anunciada ayer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés) permitirá a todo agente aduanero e importador registrado (IOR), sin distinción de país, presentar una declaración de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE) para agilizar el trámite.
Una vez validada y aprobada esta declaración, los importadores y agentes deberán esperar un plazo de entre 60 y 90 días para recibir la devolución de los fondos.
Un beneficio relativo para el país
El aprovechamiento de esta facilidad por parte de la República Dominicana aún es relativo, observó el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam. “Es una facilidad todavía provisional que está a disposición de todos sin preferencia, y lo que es igual no es ventaja. Falta información y certidumbre al respecto”, observó.
El protocolo busca remediar la retención de los aranceles amparados en la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA), la norma bajo la que Trump inicialmente justificó los gravámenes. En febrero de este año, la Corte Suprema falló en contra de estos aranceles, tras determinar que esta ley –que hasta entonces no había sido utilizada para estos fines– no autorizaba al presidente de los Estados Unidos a imponer este tipo de impuesto.
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Desde entonces, Trump invoca la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para continuar con los gravámenes, de hasta un 15 %. Sin embargo, esta medida solo estará vigente por 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio a menos que el Congreso decida prorrogarlo.
Competitividad
El pago de los aranceles desde hace más de un año, sumado al aumento de los costos logísticos, la volatilidad en los precios de los combustibles y la incertidumbre geopolítica internacional han generado una presión acumulada sobre el sector exportador, aseguró la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Roselyn Amaro Bergés.
Solo el incremento en recargos por factor de ajuste al combustible ha incrementado hasta los 400 dólares por contenedor, cuando previo a la guerra del Golfo Pérsico rondaba entre los 150-200 dólares según la ruta.
Además, la carga marítima se enfrenta a retrasos puntuales en salidas y llegadas, así como a una mayor variabilidad en tarifas, lo que dificulta la previsión de costos logísticos.
La ejecutiva de Adoexpo reconoció que las exportaciones dominicanas –que alcanzaron los 3,736.9 millones de dólares en el primer trimestre de este año, con 1,448.6 millones solo en marzo– han crecido y han podido sostener su participación en el mercado estadounidense porque otros países competidores enfrentan condiciones similares.
“Sin embargo, de prolongarse este escenario, podría erosionarse la competitividad relativa del país, especialmente en sectores con menos márgenes“, alertó, tras puntualizar que el entorno actual implica operaciones más lentas, más costosas y menos predecibles para el comercio exterior.
En esto coincide Dargam, quien señala que existe “un riesgo claro” de erosión de competitividad, ya que en el mercado estadounidense participan países que no enfrentan las mismas barreras arancelarias en la República Dominicana.
“El impacto ha sido real, aunque varía según los sectores. Algunos han logrado adaptarse mediante eficiencia o diversificación de mercados, pero otros enfrentan presiones importantes en costos que afectan su posicionamiento en el mercado estadounidense“, puntualizó.
Se aleja la posibilidad de una tasa cero de arancel
Antes del fallo de la Corte Suprema en febrero pasado, las autoridades dominicanas y estadounidenses avanzaban en una negociación arancelaria similar a la de Guatemala y el Salvador, países que alcanzaron una tasa cero de arancel bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las tensiones geopolíticas actuales y la volatilidad en los mercados dificulta esta negociación en el corto plazo.
Tanto Adoexpo como el Conep enfatizaron que siguen promoviendo que el tema se mantenga en la agenda bilateral y que se analicen alternativas, tanto de diversificación de mercados, como dentro del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta).
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