El Ministerio Público acusa a Gómez Canaán de usar empresas para contratos irregulares con el Intrant. La defensa sostiene que los argumentos del Ministerio no fueron refutados en audiencia preliminar.
Santo Domingo.- El empresario Jochi Gómez Canaán, principal imputado en el caso Camaleón, aseguró que el 24 de abril revelará datos “caiga quien caiga”.
Hizo su promesa en la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que conoce el juicio preliminar sobre las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades vinculadas a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público dice que la empresa Transcore Latam S.R.L., presuntamente controlada por Gómez Canaán mediante testaferros y socios nominales, habría sido utilizada para ejecutar contratos irregulares y recibir pagos millonarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre por servicios inexistentes o sobrevalorados.
Asimismo, vinculó a la empresa Aurix S.A.S., también asociada al imputado, con el colapso de la red semafórica del Intrant registrado en agosto de 2024, señalando que dicha entidad mantenía controles remotos sobre esa infraestructura.
Dice que Gómez Canaán enfrenta cargos por estafa agravada contra el Estado y lavado de activos, además de otras imputaciones que incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando y presuntos actos de terrorismo.
En tanto, la defensa Jochi Gómez dijo que durante las réplicas en audiencia el Ministerio Público no logró refutar los argumentos presentados por su equipo legal.
El proceso continúa en fase preliminar, mientras el tribunal evalúa las pruebas y decide sobre la apertura a juicio de fondo en este caso de alto perfil.
Fijan para el 15 de junio sentencia contra generales acusados en casos Coral
Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.
Panorama Judicial. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictará el 15 de junio la sentencia en contra de los imputados en los casos Coral y Coral 5G, entre ellos los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, quienes ocuparon importantes cargos en la administración de Danilo Medina y están acusados de integraron una red que presuntamente sustrajo al Estado más de 4,500 millones de pesos.
Los imputados supuestamente desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público ha solicitado para los tres generales la imposición de penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 400 y 200 salarios mínimos.
El órgano de la persecución pidió la misma pena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
En tanto, pidió 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, así como para Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
A la vez, solicitó 10 años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón y Lucía De los Santos Viola.
Igualmente para Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Además, pidió 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500,000 pesos) y Miguel Ventura (multa de 500,000).
El Ministerio Público también solicitó la clausura y suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
Asimismo, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R & F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L y la razón social Rawel Importadores S.R.L, al tiempo que solicitó el decomiso de los bienes incautados a los procesados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.
Los procesados están acusados de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público asegura que en el transcurso del proceso judicial ha establecido que éstos supuestamente realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
Movimiento Justicia Jet Set anuncia solicitará cambio de calificación a homicidio voluntario contra propietarios de discoteca
La audiencia preliminar será el 20 de abril de 2026. El movimiento insta a presentar querellas formales y solicita asistencia masiva para apoyar a las víctimas en la búsqueda de justicia.
SANTO DOMINGO.— El Movimiento Justicia Jet Set informó que solicitará el cambio de homicidio involuntario a la calificación jurídica a homicidio voluntario con dolo eventual, alegando que las pruebas indicarían que los imputados conocían el peligro con anterioridad y, aun así, continuaron con sus acciones
La audiencia preliminar del caso está pautada para el lunes 20 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Asimismo, el movimiento afirma que, si un abogado no impulsa esta línea de acusación, estaría respaldando una imputación “cómoda” para los acusados.
Señala que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar, en la cual el tribunal deberá decidir si dicta un no ha lugar o un auto de apertura a juicio.
También exhorta a las personas que aún no han presentado querella formal a hacerlo a tiempo para no quedar fuera del proceso judicial.
Finalmente, el movimiento solicita asistencia masiva a las audiencias, con el objetivo de demostrar que las víctimas y sus familias continúan firmes en la búsqueda de justicia, e invita a compartir la convocatoria para la audiencia del próximo lunes.
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