El poder del crimen organizado en América Latina -los carteles de la droga, los grupos criminales de tráfico de personas y la criminalidad transnacional-  se ha extendido significativamente en las últimas décadas, según investigadores. De estar ligado principalmente al narcotráfico, ha pasado a ser un actor político y social con la capacidad de infiltrarse en instituciones estatales, y de controlar e incluso alterar procesos democráticos.

Pero este fenómeno no es nuevo, explica a DW Steven Dudley, cofundador y director del centro de investigación InSight Crime: “Son formas de corrupción que existen porque las élites de poder tradicionales no tienen interés en crear estructuras para regular fuertemente las instituciones, a fin de no ser vigiladas en sus actividades”.

A juicio de Iván Briscoe, director de Política de International Crisis Group (ICG), el objetivo del crimen organizado sigue siendo sacar el mayor rédito económico posible, “aprovechando la porosidad del Estado a los intereses privados y explotando redes privadas de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo”.

Los métodos de infiltración del crimen organizado

¿De qué manera actúan esas redes criminales? “La delincuencia organizada captura al tejido económico para usar a empresas legales como infraestructura de producción y distribución, y el sistema político le permite contar con la protección de sus mercados para seguir con la distribución, a través de la corrupción y el lavado de dinero”, dice al respecto el investigador y académico Edgardo Buscaglia, director del International Law & Economic Development Center.

“Este fenómeno va en aumento debido a una mayor captura del tejido político y social, porque, a la vez, están disminuyendo los índices de desarrollo humano, y eso alimenta los niveles de ingreso de la delincuencia organizada,” subraya Buscaglia, autor de una docena de libros sobre el tema.

Por su parte, Sandra Pellegrini, analista de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), que investiga la violencia contra actores políticos en la región, indica a DW que “esos grupos tienen diversas estrategias para infiltrarse en la administración pública, en los círculos de poder y en los procesos de tomas de decisiones, pero esas estrategias son poco visibles y muy difíciles de medir, en especial, si la capacidad de investigación en cada país está debilitada”.

Gobiernos dictatoriales y democracias

“Las relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura son un parte fundamental en los casos de corrupción más grandes de las últimas dos décadas, que fueron en Brasil los de Petrobras y Odebrecht, y allí el crimen organizado no fue responsable de todos los actos de corrupción”, aclara Briscoe. “Pero si hay canales de corrupción y de tráfico de influencias, normalmente también estará presente la criminalidad organizada”.

El experto resalta, por otra parte, las diferencias entre gobiernos autocráticos y regímenes dictatoriales, y los sistemas democráticos. “En las democracias, el clientelismo criminal no llega a los extremos que se dan en los sistemas dictatoriales”, destaca. Y ejemplifica con el caso de Venezuela.

“Venezuela es uno de los países donde vemos los acuerdos más fuertes entre el crimen organizado y la política. Hay evidencia de acciones judiciales de Estados Unidos contra los nexos de los cárteles del narcotráfico con militares y con el Gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre conexiones entre militares y la minería ilegal en el sur del país”, sostiene Briscoe.

Colombia tiene mayor capacidad de combatir la delincuencia organizada, contrasta Buscaglia. Pero los grupos criminales “se han atomizado, generando una violencia cada vez mayor”. Aunque “en Colombia, la violencia es más política que generada por la delincuencia organizada”, destaca, en referencia al atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay.

Caballo de troya del crimen organizado: las campañas electorales

La forma más común de infiltración de organizaciones criminales en la política es a través de la financiación de campañas electorales, según los investigadores. “Se potencia el pago de sobornos a cambio de protección, por ejemplo, en las rutas del narcotráfico”, detalla Pellegrini. “Esos grupos también ofrecen seguridad privada o movilización de votantes, algo muy claro en el caso de Haití”.

Eso también pudo constatarse en México, durante fases de transición democrática, dice Briscoe: “Aprovechan la fragmentación del Estado para dirigirse a los puntos débiles, donde pueden explotar la corrupción y la complicidad para abrir espacios para sus negocios”, pondera. “En el caso de México, es el famoso ‘Plata o plomo’, para corromper a alcaldes, jueces, fiscales de distrito”.

“A través de la corrupción política controlan a los jueces, exigiendo que no se avance en investigar determinado caso en el que una empresa amiga les financia la campaña electoral. Y algunos jueces, generalmente dependientes de los políticos, obedecen”, consigna Buscaglia.

Para Steven Dudley, “esos grupos no debilitan a las instituciones, sino que estas ya estaban debilitadas, y el Estado no responde a las necesidades de la población, sino a los de esos grupos criminales. Se trata de un sistema depredador en el cual ya nadie confía, y eso es como una profecía autocumplida”.

“En Latinoamérica -salvo excepciones, como Chile o Colombia- se auditan muy poco los dineros de campaña. No hay auditorías en México ni en Argentina. Eso hace que la política siga siendo un canal de protección de las actividades mafiosas de esos grupos”, puntualiza Buscaglia.

Por su parte, Sandra Pellegrini, la investigadora de ACLED, resalta además que “la coerción violenta no solo disuade a los candidatos, que se retiran de las campañas, sino que también reduce la participación en zonas de alta violencia”.

La influencia de los clanes políticos

“El dinero sucio en las campañas electorales en México o Colombia, por caso, van de la mano de los poderes locales autoritarios en los llamados enclaves políticos, gobernados por familias o clanes donde hay complicidad de los políticos con las organizaciones criminales”, señala Briscoe, del ICG. Y enumera casos notorios en la costa atlántica de Colombia y en el departamento de Petén, en Guatemala.

Sandra Pellegrini recuerda que hubo nexos comprobados entre grupos criminales y las fuerzas del orden y las autoridades en varios países, como México, Honduras, El Salvador y Ecuador. Para ella, “es importante hacer visibles los actos de violencia contra políticos” para contrarrestar el poder de los grupos criminales.

¿Qué estrategias podrían frenar esta evolución? “Una acción transparente por parte de comisiones de investigación parlamentaria”, explica Briscoe. “Un sistema de auditoría de acciones públicas y, en el sistema judicial, la persecución de los crímenes, que fortalezca a la Justicia”. Y recuerda a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en Guatemala, que intentó limpiar al Estado de los intereses criminales y corruptos, además de encaminar reformas legales.

“La gente acude a la delincuencia organizada como un mecanismo para sobrevivir”, subraya, por su parte, Buscaglia. “Los indicadores de desarrollo están colapsando en América Latina. Cuando el Estado falla en garantizar los derechos humanos fundamentales, eso alimenta a la delincuencia organizada”, concluye.

(ms)

Venezuela y Brasil comparten una frontera porosa al narcotráfico en medio de la selva amazónica. Y esta semana la atención internacional se posó sobre ella.

El miércoles 12 de febrero, las Fuerzas Armadas de Brasil informaron del derribo de un avión proveniente de Venezuela y cargado de drogas que había entrado “clandestinamente al espacio aéreo del país”.

¿Qué hay detrás de este infrecuente suceso? “Las Fuerzas Armadas hicieron lo que tenían que hacer dentro del código legal brasileño, porque, en este caso, era un avión que transportaba drogas, pero también podía impactar como un ataque terrorista, o ser un grupo que estaba exportando armas”, evalúa, Marcos Alan Ferreira, profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Paraíba de Brasil, consultado por DW.

¿Un gesto hacia Trump?

Por su parte, la doctora en Ciencias Penales y Política Criminal mexicana Yuriria Rodríguez Castro, observa un trasfondo más amplio: “Brasil nunca había tomado medidas así, aún menos contra Venezuela, cuyo Gobierno populista es afín. Lo viene a hacer ahora para dejar claro que no se opone a Estados Unidos, incluso, que esto mismo le puede pasar a un avión de origen mexicano”, indica.

“Brasil ya vio lo que le pasó a México y a Venezuela con las designaciones de terrorismo, y no quiere ser incluido en la política de sanciones del presidente Trump”, puntualiza a DW la académica de la UNAM, especialista en prevención del terrorismo y crimen organizado.

“Es preferible que el Gobierno de Maduro, e incluso el de Sheinbaum, suspenda sus relaciones comerciales con el Gobierno brasileño, a que lo haga la potencia estadounidense”, dice la experta. Esta sería, según ella, la lógica tras los hechos.

La geopolítica del narcotráfico

Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de la frontera entre Venezuela y Brasil en la geopolítica del narcotráfico?

“Venezuela es uno de los principales puntos de tránsito de la cocaína colombiana hacia el Caribe, Brasil y otros países”, explica a DW Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime, un centro de pensamiento especializado en crimen organizado en América Latina y el Caribe, con sede en Medellín. “Y Brasil es ahora uno de los principales puntos de partida de la cocaína con destino a Europa”, completa el especialista.

“Venezuela y Brasil hacen frontera con los únicos productores mundiales de hoja de coca, que se puede convertir en cocaína, que son Colombia, Perú y Bolivia”, detalla, por su parte, la investigadora Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina.

“La zona de producción es una zona muy selvática, de muy difícil acceso y control por parte de los Estados”, agrega.

El rol de Venezuela

“Y si a eso le sumamos que, del lado venezolano, tenemos un régimen no democrático, con serias acusaciones respecto a las más altas cúpulas de poder de estar vinculadas al negocio del narcotráfico, resulta fácil para las organizaciones criminales mover gran parte de su producción a través de Venezuela y, desde ahí, sacarla a los mercados consumidores”, explica Sampó.

“Los narcotraficantes hacen una ecuación que está mucho más vinculada al riesgo que al beneficio o al detrimento económico. En muchos casos, deciden utilizar rutas más largas o caras, pero más seguras: esta puede ser la razón para que, desde la zona productora de Colombia, se pase a Venezuela, y desde ahí a Brasil, en una especie de triángulo”, indica la experta.

“El régimen de Nicolás Maduro ha asumido un papel protagónico en el comercio de cocaína”, afirma, en el mismo sentido, Jeremy McDermott. “Ante el colapso económico y las sanciones internacionales, ha llegado a depender del acceso a las rentas criminales para sobrevivir”, asegura.

La relevancia del río Amazonas

“La frontera entre Venezuela y Brasil, es una de las más importantes dentro de la geopolítica del narcotráfico en la Amazonia”, detalla, asimismo, el profesor Ferreira, investigador in situ de la zona en cuestión.

“Allí actúan dos grupos: del lado de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), y, del lado de Venezuela, el Tren de Aragua, que es una organización que ha crecido mucho en influencia”, indica.

“Estos grupos criminales tienen como un acuerdo entre sí, y se aprovechan de que la zona es un área de protección indígena Yanomami, con menos fuerzas policiales, para transportar por allí la droga”, explica.

“Y esta ruta es importante de doble manera, tanto para la droga que entra y es consumida en Brasil -el segundo mercado consumidor de cocaína del mundo-, como para la que va para ciudades como Manaos o Belén, sobre el río Amazonas, y desde ahí, por embarcaciones, para Europa”, detalla.

Así las cosas, ¿cómo hacer frente al narcotráfico transnacional?

“Ningún país puede hacer frente a este tema solo: la cooperación internacional es central”, asegura el profesor brasileño, y existe consenso sobre este punto.

Pero el escenario es siempre cambiante: “La agenda en América del Norte y Centroamérica, con la coyuntura de las designaciones de los cárteles mexicanos y las pandillas transnacionales, obliga a replantear el escenario de la región sur, pues es de esperarse un repliegue geográfico y nuevos focos rojos en el sur de América”, analiza, y advierte a la vez, Rodríguez Castro, la académica de la UNAM.