Protestas en Costa Rica en defensa de la división de poderes/ La democracia en juego
“En una jornada poco usual, este 14 de setiembre dos tradiciones marcaron la víspera de la celebración de la Independencia” en Costa Rica, reportó el diario La Nación.
15 de septiembre, 2026
Miles de costarricenses protestaron contra una supuesta amenaza de la presidenta Laura Fernández al sistema democrático, uno de los más estables de Latinoamérica, debido a conflictos con el poder judicial.
Mientras la oposición convocó a una “faroleada” por la Democracia que tomó el Parque Morazán, en el centro de San José, la actual capital, en Cartago, antigua capital entre 1563 y 1823, el Ejecutivo de la presidenta Laura Fernández realizó un tradicional Consejo de Gobierno.
“Faroleada por la democracia”
Convocadas bajo el lema “Faroleada por la democracia”, portando faroles encendidos y banderas del país, con gritos de “democracia” y proclamas en defensa de la división de poderes, miles de personas se manifestaron en la Plaza de Morazán, en el centro de la capital, San José. La protesta se replicó en otras provincias.
“Nunca habíamos vivido una situación como la que estamos enfrentando. Nunca había habido esta situación de intromisión de los poderes unos con el otro”, dijo a la AFP la jueza jubilada Carol Vinda, de 53 años.
“A defender la democracia, no podemos permitir que sigan haciendo lo que está haciendo este Gobierno. Ellos quieren tener todo el poder, eso es lo que quieren, todo el poder”, comentó a la AFP Manuel Chávez, un pensionado de 73 años y quien caminaba con un bastón.
Pugna del Gobierno con el poder judicial
La presidenta costarricense, Laura Fernández, en el poder desde mayo, impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado. En Costa Rica, la tasa de homicidios se disparó a 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al índice de 11,2 de 2019.
El conflicto se agudizó en los últimos meses. La mandataria de derecha tachó a los magistrados de “golpistas” y uno de ellos denunció una deriva autoritaria del Gobierno, cuya propuesta de reforma es criticada porque supuestamente afectaría la imparcialidad de la justicia.
Reclamos contra Rodrigo Chaves, mentor de Laura Fernández
Los manifestantes también exhibieron carteles con mensajes como “por el respeto a los poderes de la República, viva Costa Rica” y “democracia sí”.
Además, con cánticos y carteles de “¡fuera Chaves!”, exigieron la salida del Gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, quien también mantuvo un duro enfrentamiento con el poder judicial durante su mandato y ha derivado en mentor de Fernández y actual ministro de Hacienda.
Paralelamente, por las fiestas patrias, la presidenta realizó la tradicional reunión de gabinete en la Plaza Mayor de Cartago, al sureste de San José, donde se dieron enfrentamientos entre simpatizantes y detractores.
Los partidarios de Fernández criticaron a los opositores por mezclar la política con la celebración de independencia de Centroamérica de España el 15 de septiembre de 1821.
“Aunque no se presentaron incidentes mayores, las actividades estuvieron marcadas por reclamos de ‘represión’, pues a los opositores se les impidió participar del acto del Ejecutivo en la Plaza Mayor, algunos enfrentamientos entre los grupos llevados por el oficialismo hasta Cartago y los manifestantes y las tradicionales promesas de completar obras pendientes y mayor seguridad para la provincia”, resumió La Nación.
¿”Golpe de Estado” en Costa Rica?: la democracia en juego
6 de agosto de 2026
Un clima político explosivo en Costa Rica pone en peligro la tradicional estabilidad del país. La influencia de Rodrigo Chaves en el gobierno favorece un curso disruptivo.
La tensión entre los poderes es una constante en los sistemas presidenciales de América Latina, pero no se había visto con tanta fuerza en Costa Rica, la otrora “Suiza de América Latina“.
Desde que Rodrigo Chaves asumió su mandato como presidente en 2022 esto ha cambiado. Ahora ejerce como ministro de la Presidencia y de Hacienda bajo la nueva presidenta, Laura Fernández, e imprime el mismo curso a la política de la mandataria. Se ha podido observar una preferencia por la acción disruptiva para lograr las decisiones anheladas: primero, con respecto a la Asamblea Legislativa; posteriormente, contra las instancias de bienestar, como la Caja Costarricense de Seguro Social; y últimamente, contra las instancias del Estado de derecho.
El encanto de la disrupción
El expresidente Chaves, una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia.
En la última década, se han dado claros signos del desencanto de la población hacia este acervo institucional y un clamor para lograr una mayor efectividad en la prestación de servicios y reducir la excesiva burocracia. En esta ola de creciente animadversión supo colocarse Chaves, con gran capacidad para manipularla en beneficio de su interés de aumentar el control personal sobre las instituciones desde la presidencia del país.
Un nuevo momento en este proceso se produjo durante su discurso en los actos del 25 de julio en Nicoya, donde preguntó a la gente congregada si les daba miedo una dictadura o el cierre del Poder Judicial. Con la aclamación del público presente, que negó tener miedo al respecto, se inició un nuevo ciclo de confrontación con las instancias judiciales, que se gestó con el interés de afectar especialmente a la Sala Constitucional (Sala IV) y deslegitimar al Poder Judicial.
El control constitucional
Desde 1989, la Sala Constitucional es el órgano encargado de tramitar los recursos de amparo y las acciones de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales. Para los ciudadanos, es un instrumento fundamental, ya que garantiza una respuesta rápida y gratuita (además, no es necesario contar con un abogado) para frenar los abusos del Estado o de particulares.
Sus decisiones se dirigen contra la discriminación, la falta de acceso a la salud, las restricciones a la libertad de expresión y las demoras graves en los trámites del Estado. Además, tiene el monopolio de revisar la constitucionalidad de las leyes aprobadas o por aprobar en la Asamblea.
Que los otros dos poderes respeten sus fallos se encuentra hoy en duda. Ha surgido un conflicto de intereses entre los poderes que tiene ahora un desenlace conflictivo: desde diciembre de 2025, la Sala Constitucional tiene nueve plazas vacantes de magistrados suplentes que no han podido cubrirse, ya que la Asamblea, en sus 11 rondas de votaciones, no ha logrado reunir la mayoría suficiente de 38 votos para elegirlos. La fracción oficialista, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha bloqueado sistemáticamente cualquier nombramiento.
El resultado ha sido la acumulación de causas en la Sala por falta de suplentes, en detrimento de los usuarios de la administración de justicia. Esta mora legislativa es atribuible al bloqueo del PPSO para contribuir a resolver esta situación con sus votos. Con el objetivo de superar la parálisis en el trabajo de la Sala Constitucional, una mayoría de los magistrados ha reaccionado en defensa de los derechos de los ciudadanos.
La decisión de la Sala Constitucional y la querella judicial
Con su reciente decisión, la Corte ha dado un paso adelante y ha prorrogado el mandato de los magistrados suplentes cuyo nombramiento ha expirado, hasta que el Poder Legislativo cumpla con su deber y elija a los nuevos.
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar: la presidenta del país, Laura Fernández, acusó a la Corte de perpetrar un “golpe de Estado” por parte de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa. Ella sostuvo que la Sala Constitucional asumió competencias que, según afirmó, corresponden exclusivamente al Congreso. Desde entonces, la disputa judicial ha continuado, ya que el Ejecutivo y la presidenta de la Asamblea presentaron una querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por presunto prevaricato.
El debate se centra ahora en si la decisión de la Corte encaja en esa figura penal, y en si las decisiones de la Sala IV son apelables. Además, se debate la decisión del Ejecutivo de no financiar adecuadamente al Poder Judicial, negándole un presupuesto que apenas correspondería al 4,6 por ciento del presupuesto nacional.
Las tentaciones autoritarias
En el debate costarricense se enfrentan dos posiciones extremas: por un lado, la insistencia de la presidenta Laura Fernández y su antecesor en las prerrogativas del Ejecutivo y el interés de minar la credibilidad de las actuales autoridades judiciales, con el objetivo de desplazar a las “élites históricas”. Es precisamente el Poder Judicial, con sus decisiones, el que les impide el ansiado control total del sistema político.
Por otro lado, existe una alianza heterogénea llamada “Plantón por la Justicia Democrática”, que ha convocado manifestaciones en el centro de San José para defender el Poder Judicial y la democracia. Al mismo tiempo, los seis expresidentes del país han hecho un llamamiento a la ciudadanía en un desplegado por la grave crisis que está atravesando el país a causa del conflicto entre los diferentes poderes del Estado.
El clima político es explosivo y se caracteriza por la exigencia en la población de aplicar “mano dura” contra la inseguridad y la inmigración, una retórica antielite y la aceptación social tácita de la posibilidad de llevar a cabo acciones disruptivas, todo lo cual se corresponde con el accionar desde la presidencia del país y sugiere un posible desenlace autoritario de los conflictos candentes que llevan tiempo presentes en convocatorias digitales.
La habilidad de los políticos denunciados “de siempre” debería consistir precisamente en su capacidad para indicar caminos de reforma y movilizar a la sociedad civil a fin de evitar resultados indeseables para el futuro de un país que siempre ha podido presumir de una reputación internacional muy favorable.
(cp)
