María Elvira Salazar, congresista repblica de Florida (FUENTE EXTERNA)
El proyecto de ley Dignidad 2025 está destinado a los migrantes en situación irregular que vivan en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2020
AFPDos congresistas latinas, una republicana y otra demócrata, presentaron este martes el proyecto de ley Dignidad 2025, que permite regularizar a los migrantes que llevan más de cinco años en Estados Unidos si carecen de antecedentes penales y pagan una multa.
El texto de la republicana Maria Elvira Salazar y de la demócrata Veronica Escobar es una versión de un proyecto de ley presentado en 2023 en el Congreso, que no logra ponerse de acuerdo sobre una política migratoria.
La última gran reforma migratoria en Estados Unidos data de 1986, durante el mandato del republicano Ronald Reagan. Otorgó un camino a la ciudadanía a millones de migrantes, muchos de ellos trabajadores agrícolas.
Desde entonces los textos presentados, en parte para atraer el voto de la comunidad hispana, han fracasado por falta de consenso político.
El proyecto de ley Dignidad 2025 está destinado a los migrantes en situación irregular que vivan en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2020.
Incluye el llamado “Programa Dignidad” de 7 años que otorga autorización de trabajo y de viaje y protección contra la deportación si superan la verificación de antecedentes penales, pagan los impuestos adeudados y comienzan a tributar sobre la renta.
Los participantes deben pagar 7,000 dólares en concepto de “restitución” durante los siete años del programa. Esta cantidad se deposita en un fondo que gestionaría subvenciones a estados y organizaciones para ayudar a estadounidenses que buscan trabajo o quieren cambiar de carrera.
Los migrantes del programa no tendrían acceso a beneficios federales, deberían acudir a citas del Departamento de Seguridad Interior (DHS) cada dos años y tener empleo o estudiar al menos cuatro de los siete años salvo excepciones.
Aquellos que pasen la prueba podrían solicitar el llamado “estatus dignidad”, renovable cada siete años de forma indefinida.
Pero el Programa Dignidad no proporciona en ningún caso un camino hacia la ciudadanía estadounidense.
Dreamers
Según el proyecto de ley, los soñadores (migrantes que llegaron de niños al país) podrían solicitar por el contrario la ciudadanía además de obtener estatus legal.
El texto también prevé reforzar la seguridad en la frontera con México.
“La ley Dignidad no es amnistía, la ley Dignidad no otorga un camino a la ciudadanía a nadie”, sino que “es la forma salomónica de solucionar un problema de 40 años”, estimó este martes Salazar en español en una rueda de prensa.
En este país “tenemos millones y millones de personas que por años han trabajado (…) gente sin papeles, pero sin un récord criminal”, afirmó.
“Serán indocumentados, pero no son delincuentes”, añadió la congresista republicana.
La presentación del proyecto de ley coincide con una campaña de deportaciones impulsada por el presidente republicano Donald Trump, quien ha prometido un número récord de expulsiones de migrantes en situación irregular.
Gobierno de EE. UU. despide a 17 jueces migratorios pese al atasco de casos en las cortes
Las bajas en los tribunales migratorios afectaron a jueces de Massachusetts, Illinois, Ohio, Texas, Nueva York y California
EFE
Al menos 17 jueces de inmigración han sido despedidos en los últimos días por el Gobierno del presidente Donald Trump, a pesar del atasco de casos en los tribunales con más de 3.5 millones de expedientes de inmigrantes que esperan resolución, según reportaron medios estadounidenses.
Por lo menos quince jueces migratorios recibieron el viernes pasado un correo electrónico donde se les notificó que serían cesados a partir del 22 de julio. Otros dos jueces de Chicago y Houston, también se enteraron de que habían perdido su empleo, según información citada por la National Public Radio (NPR).
La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE), sindicato que representa a los jueces de inmigración, también confirmó los despidos.
Las bajas en los tribunales migratorios afectaron a jueces de Massachusetts, Illinois, Ohio, Texas, Nueva York y California.
Despidos sin causa
Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, que tiene jurisdicción sobre los tribunales migratorios, ha optado por despedir a decenas de jueces migratorios, sin citar una causa.
Con los recientes despidos, al menos 65 jueces han tenido que dejar sus trabajos. Otros más se han acogido a los ofrecimientos de retiro voluntario como parte de la estrategia de la Casa Blanca para reducir el tamaño de la plantilla federal.
Los despidos se produjeron después de que el Congreso aprobara una ley presupuestaria que asignó más de 3,000 millones de dólares al Departamento de Justicia para actividades relacionadas con la inmigración, incluyendo la contratación de más jueces de inmigración.
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