San Juan, República Dominicana — Diversos sectores sociales, educativos, religiosos y comunitarios han unido sus voces para rechazar los planes de explotación minera en la provincia de San Juan, alegando que la actividad pondría en grave riesgo los recursos naturales y el sustento agrícola de una de las regiones más fértiles del país.
Entre las figuras más destacadas en la protesta se encuentra el activista político y defensor del medioambiente, Fidelio Despradel, quien calificó como inadmisible que se contemple una mina en una zona clave para la producción agrícola nacional.
“Esta es una zona agrícola, una zona muy rica en la República Dominicana, y una mina no sólo va a contaminar las aguas, sino que va a frenar el agua que necesita el valle de San Juan para seguir siendo abastecedor de comida y recursos para el pueblo dominicano”, expresó Despradel durante una concentración junto a decenas de comunitarios.
El movimiento ha adoptado el lema “No queremos oro, queremos agua”, símbolo de la preocupación ciudadana por el posible impacto negativo que la minería tendría sobre las fuentes acuíferas que alimentan el valle, considerado vital para la seguridad alimentaria del sur del país.
A la protesta también se sumó Francis Ramírez, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Juan Este, quien, junto a Despradel, instó al presidente Luis Abinader a honrar su promesa de campaña de no aprobar proyectos que comprometan el medioambiente.
Desde el ámbito religioso, el padre Santos Cabral Luciano, en representación de la Iglesia Católica, expresó su respaldo a la causa ambientalista, subrayando la necesidad de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.
Las manifestaciones se insertan en una ola creciente de movilización ciudadana en defensa del medioambiente y en contra de proyectos extractivos que amenazan zonas ecológicamente sensibles. San Juan, uno de los principales polos agrícolas de República Dominicana, ha sido epicentro de múltiples luchas sociales por la protección del agua, la tierra y la vida rural.
La organización política AVANCEMOS llamó a las organizaciones ecológicas, sociales, religiosas, comunitarias y políticas, a movilizarse contra las pretensiones del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de mutilar el Jardín Botánico Nacional.
En un documento firmado por varios de sus dirigentes, estos afirman que “los habitantes del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo, deben alzar su voz de protesta ante las intenciones aviesas del gobierno de atentar contra este patrimonio natural de la nación”.
El Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo, Rafael María Moscoso, es uno de los espacios naturales más importantes de la República Dominicana. Fue creado con el objetivo de estudiar, preservar y exhibir la flora del país y del Caribe, dice el movimiento.
¿Cómo es posible que se pueda tan solo pensar en dañar un Jardín Botánico que es un ejemplo de conservación genética que alberga especies nativas y endémicas? ¿En qué cabeza cabe que se atente contra un Jardín que aloja un herbario con más de 138 mil especímenes?, como ha señalado la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Exigió al Gobierno «detener este crimen ecológico que daña un espacio cultural, de salud, turístico y de recreación de las familias dominicanas y de turistas extranjeros».
Opinó que el gobierno del PRM no debe imponer sus soluciones de viabilidad a costa de la salud, la recreación y del derecho inalienable del pueblo a conservar su Jardín Botánico intacto, el cual no es propiedad del gobierno ni de nadie en particular, sino de las presentes y futuras generación.
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