Los jueces de la Corte de Apelación de Barahona aún no han fijado fecha para conocer el recurso presentado por el órgano acusador
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revocar el fallo de “No ha lugar” que favoreció a tres imputados vinculados a la red criminal de narcofamilias del caso Caimán, al asegurar que existen pruebas suficientes que los vinculan a la estructura dedicada al tráfico de drogas, armas y otros delitos.
Los jueces de la Corte de Apelación de Barahona aún no han fijado fecha para conocer el recurso presentado por el órgano acusador contra la decisión que benefició a Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián Feliz.
Tras el fallo de “No ha lugar”, el juez que conoció la audiencia preliminar ordenó el cese de las medidas de coerción impuestas a estos imputados.
Se recuerda que un juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona envió a juicio a ocho miembros de la estructura criminal integrada por varias narcofamilias que operaban en esa jurisdicción y en otras provincias bajo el control de la distribución de drogas.
Los enviados a juicio son Carlos Manuel Cuevas Pérez, Geise Feliz Pérez, Gloria González Pérez, Jerbinson Bernabé López, Malbin Martínez Feliz, Wellington Ford Garó, Wilkins Joel Cuevas Ferreras y Wilmer Joel Cuevas Florián.
El Ministerio Público acusa a los integrantes de la red criminal del caso Caimán de asociación de malhechores, tráfico de drogas y armas, lavado de activos y otros delitos de crimen organizado.
De acuerdo con el expediente, los implicados controlaban la distribución de cocaína en Barahona, Peravia y Pedernales, además de enviar cargamentos hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Cada miembro de la organización desempeñaba un papel clave en el auge del narcotráfico, con impacto directo en la seguridad y salud pública a nivel nacional e internacional.
La investigación revela que la red utilizaba estructuras logísticas sofisticadas para movilizar grandes cargamentos de drogas mediante lanchas artesanales tipo “Go Fast”, operando desde la zona suroeste de la República Dominicana hacia los destinos internacionales mencionados.
En el expediente también figuran como miembros de la red los privados de libertad Juan Alberto Díaz Valdez, Miguel Ángel Carrasco Mejía, Gardy Sánchez, y los venezolanos Pablo José Mavo León y Oswaldo José Colina, quienes cumplen condena en las cárceles públicas de Baní y Barahona.
La acusación establece que esta red de narcofamilias logró movilizar, desde diciembre de 2021, aproximadamente 28 toneladas de cocaína al año, generando miles de millones de dólares, recursos que eran canalizados hacia capos del narcotráfico internacional.
El Ministerio Público aún está dentro del plazo legal para depositar la acusación y apoderar a un tribunal colegiado de esa jurisdicción, a fin de que se fije juicio contra los imputados del caso Caimán.
Patrón violento: Vinculados al caso David Ortiz asesinados en hechos propios del crimen organizado
La víctima más reciente es José Eduardo Ciprián Lebrón (Chucky), quien fue asesinado de 13 disparos junto a otros dos hombres en el sector El Libertador de Herrera, apenas seis meses después de obtener su libertad condicional.
Santo Domingo. La muerte de tres de los hombres vinculados al atentado que sufrió el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz en junio de 2019 están marcadas por un patrón violento, propio del entorno de criminalidad en el que se movían.
La víctima más reciente es José Eduardo Ciprián Lebrón (Chucky), quien fue asesinado de 13 disparos junto a otros dos hombres en el sector El Libertador de Herrera, apenas seis meses después de obtener su libertad condicional.
Ciprián Lebrón había sido condenado a 10 años de prisión por su presunta participación en el ataque contra Ortiz, pero en febrero pasado recuperó la libertad mediante un permiso laboral otorgado por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Manuel Arias, tras considerar su buena conducta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Baní.
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De acuerdo con el informe de la Policía, Ciprián y su acompañante, identificado como Pérez García, se desplazaban en una yipeta negra cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon sin mediar palabras.
En su resolución, el magistrado había exhortado a Ciprián a aprovechar la oportunidad para reinsertarse en la sociedad y le advirtió que, en caso de incumplir las reglas de la libertad condicional, esta sería revocada y tendría que cumplir el resto de su condena.
Cabe recordar que al momento del atentado contra Ortiz, Ciprián Lebrón guardaba prisión en Azua por otro crimen y fue señalado como uno de los reclutadores de los autores materiales.
Supuesto autor intelectual descargado
En enero de 2024, el cadáver de Víctor Hugo Gómez Vásquez, señalado en su momento como supuesto autor intelectual del atentado, fue hallado en avanzado estado de descomposición con un disparo en la cabeza en la comunidad La Guáyiga, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo. Sus familiares lo habían reportado como desaparecido.
Gómez Vásquez fue descargado del caso David Ortiz en 2022 por falta de pruebas. ArchivoLas pesquisas determinaron que Gómez Vásquez fue secuestrado tras reunirse en la avenida República de Colombia con varios individuos, con quienes presuntamente negociaba la venta de un vehículo.
Aunque fue descargado del caso en 2022 por falta de pruebas, su asesinato estaría vinculado a una deuda que contrajo luego de salir de prisión, según explicó el abogado de la familia, Manuel Pimentel, quien afirmó que la víctima había sostenido un altercado con una persona días antes de su desaparición.
Su identificación tomó varios meses de trabajo forense y coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Gómez Vásquez era buscado por las autoridades norteamericanas acusado de ser parte del Cártel del Golfo, una organización mexicana que distribuye drogas a través de la frontera con Estados Unidos. Según la acusación, llevó a cabo sus operaciones entre febrero de 2016 y abril de 2018.
“El Cirujano”
Otro de los implicados, Luis Eduardo Rivas Clase (El Cirujano), acusado de contactar a los sicarios que ejecutaron el atentado el 9 de junio de 2019, fue acribillado el 26 de septiembre de 2021 en Santiago mientras conducía un vehículo de la compañía de taxis Samitaxi.
Luis Eduardo Rivas Clase (El Cirujano) fue acribillado el 26 de septiembre de 2021 en la ciudad de Santiago.En el momento de su muerte se encontraba prófugo por su rol en el caso Ortiz y otros delitos cometidos en República Dominicana, además de enfrentar requerimientos judiciales en Estados Unidos por un tiroteo ocurrido en 2018.
Investigaciones del atentado
Las autoridades dominicanas concluyeron en un inicio que David Ortiz resultó herido en una supuesta confusión, alegando que el tirador lo confundió con otra persona.
Sin embargo, en marzo de 2022, una investigación independiente encabezada por el excomisionado de la Policía de Boston, Ed Davis, y el exagente de la CIA, Ric Prado, estableció que el atentado fue ordenado por el presunto narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador), quien supuestamente habría colocado una recompensa contra el pelotero tras un conflicto personal.
En diciembre de 2022, el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo dictó condenas que van desde cinco hasta 30 años de prisión en contra de 10 de los 13 imputados de participar en el atentado.
Esa misma noche del atentado, César el Abusador fue visto en las afueras de la clínica Abel González, donde Ortiz recibía los primeros auxilios, hecho que, según el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, encendió las alarmas y motivó el inicio del operativo que desmanteló la red criminal dos meses después, con apoyo de agencias estadounidenses.
La operación contra la red de César el Abusador movilizó más de 500 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos del Ministerio de Defensa y más de 50 fiscales de carrera y 150 servidores de apoyo.
Ministerio Público tiene más de 40 pruebas contra imputados de violación sexual a joven en Villa González
Entre las evidencias recopiladas por el órgano acusador se encuentran: 34 pruebas documentales, cuatro ilustrativas (incluido un audiovisual), tres materiales y testimoniales, además de las declaraciones de la víctima, que serán presentadas mediante un anticipo de prueba ordenado por un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, a solicitud del Ministerio Público.
Las declaraciones de la víctima se realizarán a través de Cámara Gesell o Centro de Entrevistas para Personas Vulnerables, lo que permitirá grabar su testimonio en un dispositivo tipo CD. Este procedimiento tiene como finalidad evitar que la joven vuelva a revivir el trauma de narrar los hechos en múltiples ocasiones, además de preservar la memoria de las circunstancias esenciales del delito, asegurando que la prueba se utilice en todas las fases procesales, incluido el juicio.
El Ministerio Público también evalúa solicitar un anticipo de pruebas para la amiga de la víctima, quien estuvo con ella en los distintos lugares antes de que ocurriera la agresión sexual.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo día 12 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados. Ese mismo día, el Ministerio Público podría requerir la autorización para realizar el anticipo de prueba, decisión que quedará en manos del magistrado.
Expediente contra los imputados
Según la solicitud de medida de coerción, antes de la agresión, los imputados compartían con la víctima y otra persona en el negocio “El Polo York”, donde ingerían bebidas alcohólicas. La joven comenzó a sentirse indispuesta, lo que los acusados aprovecharon para sacarla bajo el pretexto de llevarla a un centro de salud.
Sin embargo, en lugar de asistirla, la trasladaron a la residencia de uno de los implicados, donde los demás la esperaban para cometer la violación sexual grupal.
La investigación establece que Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere) y el prófugo Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (Pochón) simularon trasladar a la joven a un centro médico en una pasola, acompañados de una testigo, pero nunca ingresaron al establecimiento.
El expediente detalla que la víctima fue agredida sexualmente de manera reiterada y violenta, tras haber ingerido sustancias que la dejaron sin capacidad de reacción. El primero en iniciar el ataque fue Pérez Toribio, seguido de Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro). Posteriormente, José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso) la sometió a actos sexuales violentos mientras la víctima permanecía inmóvil.
En tanto, Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras), Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé) y Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo) presenciaron la agresión sin intervenir, burlándose mientras se cometía la violencia sexual contra la joven.
En la instancia, el Ministerio Público precisa que la brutal agresión fue grabada en videos que posteriormente circularon en WhatsApp el 25 de agosto, meses después de ocurridos los hechos en marzo. Fue entonces cuando la víctima descubrió la difusión del material y presentó la denuncia formal contra los acusados.
El Departamento de Alta Tecnología de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, continúa la investigación para identificar a otros posibles implicados en la violación sexual grupal con relación en la difusión del video, con el objetivo de someter a la justicia a todos los responsables y cómplices del caso.
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