Al cumplirse este lunes cuatro años del magnicidio del presidente Jovenel Moïse de Haití, los haitianos viven la mayor crisis tanto en su país como en Estados Unidos, donde su zozobra crece ante las políticas del Gobierno de Donald Trump, como el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y del “parole” humanitario.

En particular, líderes de origen haitiano en Florida cuestionan que, para eliminar el TPS, el Gobierno de Trump argumenta que el ambiente “ha mejorado lo suficiente” en Haití, pero semanas antes, el 4 de junio, anunció una prohibición de viaje al país ante el crimen y disturbios civiles por la violencia de las pandillas.

Las medidas de la Administración Trump exponen a al menos 731,000 haitianos que entraron de forma legal a la deportación a su país, donde no hay presidente electo y la violencia de las pandillas ha aumentado desde el asesinato de Moïse en 2021, con más de 4,000 homicidios en la primera mitad de 2025, según la ONU.

• El miedo es palpable en particular en Florida, región con la mayor diáspora haitiana, pues acoge a unos 369,000 inmigrantes de Haití, más de la mitad de los que hay en Estados Unidos, según el Center for Immigration Studies (CIS).

“Es estresante para las personas que vinieron aquí y cuyas naciones están en guerra y agitación, saben que si vuelven sus vidas están en peligro. Pero ya estaban aquí, estaban trabajando y contribuyendo”, expresó a EFE Marleine Bastien, concejal del condado de Miami-Dade nacida en Haití.

Desplazados con “crueldad”

Los retornados a Haití, de alrededor de 11 millones de habitantes, se sumarían al récord de 1.3 millones de personas desplazadas por la violencia a nivel interno, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Además, la economía padecería el impacto, pues el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país caribeño depende de la diáspora haitiana, que envió 4,100 millones de dólares en 2024 a la nación, cuya mitad de la población vive inseguridad alimentaria, según la ONU.

• Por ello, Paul Christian Namphy, director político del Family Action Network Movement (FANM), una de las principales organizaciones defensoras de haitianos en Estados Unidos, consideró un “acto de crueldad” la posible deportación de estas cientos de miles de personas.

“Arriesgan sus vidas, eso es muy claro, y decimos que la Administración que puso en peligro a nuestros inmigrantes, miembros de nuestras comunidades legalmente aquí, esa Administración va a tomar toda la responsabilidad de cualquier cosa que les ocurra”, expresó Namphy a EFE.

Los haitianos llegaron de forma legal a Estados Unidos, según recordaron Bastien y Namphy, pues la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) amplió en 2023 el ‘parole’ humanitario para proteger de la deportación a 210,000 haitianos y en julio de 2024 alargó el TPS para 521,000 de ellos hasta 2026.

Trump ordenó eliminar ambas protecciones, además de prohibir viajes con ese país, aunque jueces han suspendido el fin de estos programas migratorios, cuyo futuro aún es incierto.

“A los haitianos los invitaron a venir aquí, eran legales, tenían papeles, estaban trabajando y ahora, de un lunes para otro, se convirtieron en indocumentados”, lamentó la concejal de Miami-Dade.

“Extrema incertidumbre”

En Miami aún está pendiente uno de los juicios a cinco implicados en el magnicidio de Moïse, torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.

Desde entonces, no ha habido elecciones y la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en junio una resolución impulsada por Estados Unidos que urge a los países miembros a “que presten apoyo según sus capacidades” a la misión multinacional de seguridad desplegada el año pasado en Haití.

• Pero esto ocurre en paralelo a los esfuerzos de Trump por cumplir sus promesas de deportaciones masivas, advierte el coordinador político de FANM, quien percibe un clima de “extrema incertidumbre”.

“La Administración actual está ilegalizando a inmigrantes legales y poniéndoles un blanco para su deportación a un contexto muy, muy, muy peligroso en su país”, acusó.

Cuatro años después del magnicidio de Jovenel Moise: Haití sumido en el caos

La misión de paz liderada por Kenia ha tenido poco éxito, mientras las bandas incrementan la violencia y reclutan menores. El magnicidio, planeado por mercenarios, tiene 40 implicados en espera de juicio.

Puerto Príncipe, Haití.-. Este lunes se cumplen cuatro años de magnicidio del presidente Jovenel Moise por encargo a mercenarios en su residencia.

Desde entonces, este país ha caído en el caos institucional y con una mayor incidencia de las bandas armadas, con un alto nivel de inseguridad y violencia.

De acuerdo a las Naciones Unidas, en los primeros seis meses se registran 4,026 fallecidos y más de un millón de haitianos desplazados internamente, desde barrios de la capital haitiana por el temor a los grupos armados.

En junio se cumplió también el primer año de la misión de paz liderada por Kenia, con efectivos de Belice, Jamaica, Bahamas y El Salvador, con pocos resultados en cuanto al combate de las bandas, que han intensificado la ola de violencia, secuestros y abusos sexuales.

También estos grupos han incrementado el reclutamiento de menores, con una proyección de que el 40 por ciento de los miembros de las 200 bandas podrían se niños y adolescentes, obligados mayormente a dejar sus hogares y las escuelas para protegerse del terror.

 

 

El magnicidio de Moise vino a agravar una crisis institucional y de seguridad que se incubada en este país, que tuvo su implosión en el hecho sangriendo que se produjo la madrugada del 7 de julio de 2021, en  su residencia privada, en el sector de Pèlerin 5, en Puerto Príncipe. Al menos recibió 12 disparos de fusil.

Para la trama fueron contratados mercenarios de Colombia y entre los implicados fue detenido el médico Christian Emmanuel Sanon, quien tenía aspiraciones de llegar a la Presidencia de Haití.

Al menos hay 40 imputados en los tribunales estadounidenses y haitianos, en espera de juicio.

Entre ellos figura el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, quien confesó haber financiado la operación, además de haber adquirido armas y alojado al comando armado en Haití.

También el exoficial colombiano Germán Rivera García, alias “Colonel Mike”, quien reconoció haber alterado el plan original de secuestro para convertirlo en un asesinato.