Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)
La fiscal Pam Bondi destaca la necesidad de un sistema de recompensas para incentivar la denuncia de actividades antiamericanas.
EFEEl Departamento de Justicia de EE.UU. ordenó identificar a supuestos “terroristas domésticos” y crear una lista de los objetivos y un sistema de recompensas en efectivo que incentive a los estadounidenses a denunciar presuntas actividades antiamericanas, según informó este jueves Los Angeles Times.
La fiscal de EE. UU., Pam Bondi, instruyó al FBI a identificar a los “terroristas domésticos” que recurren a la violencia, o amenazan con ella, para promover agendas políticas y sociales que vayan contra los valores americanos, capitalistas o cristianos, según un memorando fechado el 4 de diciembre al que tuvo acceso el rotativo angelino.
Acciones de la autoridad
La instrucción se da tras la creación de un nuevo grupo operativo “contra el terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”, ordenado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de “izquierda radical”.
- El texto firmado por el mandatario tras la muerte del ultraconservador Charlie Kirk en septiembre pasado, asegura que la actual violencia política es resultado de “campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, que quieren silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar” el funcionamiento de una sociedad democrática.
Detalles confirmados
La orden de Trump instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.
El memorando de Bondi señala que las “agendas políticas y sociales” problemáticas podrían incluir “oposición a la ley y a la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de frontera.
La fiscal también ha pedido que se desarrolle un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos, pero no hace referencia al supremacismo blanco.
EE. UU. ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por captura de líder de Los Choneros
Ecuador y Estados Unidos refuerzan cooperación ante bandas terroristas
Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita la captura del líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, Francisco Bermúdez Cagua, alias el Churrón.
“Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína”, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.
- El pasado mes de septiembre, la administración de Donald Trump designó a esta banda como grupo terrorista, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra grupos del narcotráfico en Latinoamérica.
El primero en programa de recompensas
El Departamento aseguró que Bermúdez es el primer miembro de Los Choneros en aparecer en la lista de los objetivos del programa de recompensas por información sobre narcóticos.
“Bermúdez Cagua, junto con otros dos líderes de Los Choneros, fueron acusados de conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. Dos de ellos se encuentran bajo custodia, pero Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia“, anotó.
Anteriormente, el Gobierno de Donald Trump ya había aplicado sanciones económicas a Los Choneros y específicamente a otro de sus líderes, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que fue extraditado desde Ecuador para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
Fito se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde que el país andino permitiese nuevamente que sus ciudadanos sean entregados a la justicia estadounidense, después de aprobar mediante referéndum una reforma en la Constitución.
Desde inicios de 2024, el Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno“, lo que permitió catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y aplicar estados de excepción que incluyeron la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras.
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