Un colapso provocado por el descuido, mientras el grito de justicia comprenden las marcas imborrables de la tragedia que sacudió la nación.
El 8 de abril de 2025 no fue una fecha común ni para República Dominicana ni para el resto del mundo. Ese día el corazón del país se estremeció con un despertar aterrador, provocado por la peor pesadilla registrada durante este año: el derrumbe del Jet Set Club.
Lo que prometía ser una noche de euforia se convirtió en horror. El techo de la icónica discoteca de Santo Domingo se desplomó sobre una multitud que disfrutaba de una fiesta, con el merenguero Rubby Pérez. Sin imaginar que esta sería la última velada de sus vidas.
Al día de hoy, en los barrios aún resuenan sus épicos éxitos: “Volveré”, “Buscando tus besos”, “No voy a llorar”, “Tú vas a volar”, “Enamorado de ella”, “De color de rosa” y “Sobreviviré”.
Un hecho inolvidable que dejó secuelas físicas y psicológicas. 236 sueños sepultados. Vidas que en su mayoría quedaron aplastadas por los escombros del centro nocturno.
Ocho meses después, los dolientes aún intentan asimilar la pérdida de sus seres queridos. La tragedia dejó hogares incompletos: sin madres, padres, hermanos, abuelos y tíos. Esposas sin sus cónyuges, padres sin hijos y otros sin amigos.
Al cierre de este 2025, los parientes de las víctimas atraviesan por primera vez las festividades navideñas y fechas especiales sin la presencia de quienes ya no están.
minutos cruciales
Aquella madrugada, el ambiente se cargó de tensión, tristeza y preocupación. Las calles aglomeradas de familiares y allegados que lloraban desconsolados la dura realidad.
En un instante, el eco de risas se silenció, dejando un vacío palpable en cada rincón del país. Allí, el pueblo dominicano sintió haber conocido y perdido a un ser querido.
Mientras esto sucedía, las autoridades y brigadas de búsqueda sacaban cadáveres, personas con vidas y escombros.
Los lesionados eran trasladados en ambulancias a los centros de salud, mientras aquellos que eran sacados cubiertos en sábanas blancas, ya su significado era evidente.
un grito de justicia
Con el luto irremediable de la nación, en pocos días los velatorios no se hicieron esperar.
Según la lista oficial de defunciones, once eran venezolanos, cuatro norteamericanos y dos francesas.
De Colombia, Haití, Italia y Costa Rica, se registró una persona por país. Mientras que el resto de los fallecidos eran oriundos de República Dominicana. Para sumar un total de 236 cuerpos sin vida.
un tema sobre la mesa
En pocos días se publicaron informaciones donde se aseguraba que los principales culpables de la tragedia eran los propietarios del Jet Set, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Ante esto, la réplica de la información no se hizo esperar.
En menos de dos meses del evento, las denuncias estallaron en la fiscalía del Distrito Nacional contra los Espaillat.
Los días posteriores al siniestro estuvieron centrados en las acciones penales contra los dueños del centro nocturno. Un caso que desde su génesis fue declarado “complejo” y de “homicidio involuntario”.
El 19 de junio, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional realizó el juicio sobre el caso Jet Set. Se puso en libertad a los hermanos Espaillat, bajo la condición del pago de RD$50 millones, incluyendo impedimento de salida y presentación periódica; pero sin prisión preventiva. Un veredicto dado por la jueza Fátima Veloz.
Pese a la magnitud de la tragedia y la cantidad de fallecidos, el pueblo dominicano continúa exigiendo justicia. Revelando la inconforme con la decisión de la magistrado. Dictamen que ha sido criticado por abogados y fiscales.
Por eso, entre testimonios de familiares, querellas, apelaciones y peritajes que avalan fallas estructurales y la negligencia de los propietarios, el caso Jet Set continúa en los tribunales, aunque enfrentando constantes aplazamientos.
A la espera de una nación que clama “justicia”, los implicados se preparan para ir a juicio preliminar el 12 de enero de 2026.
Pero ¿cómo llegó el caso Jet Set a esta decisión penal? Listín Diario muestra un registro de lo sucedido hasta el momento.
parte legal
Luego de la libertad de los propietarios del Jet Set, el Ministerio Público (MP) ha permanecido presentado recursos de apelación para esclarecer las causas del colapso y probar la responsabilidad de los hermanos Espaillat.
La pesquisa reveló que, durante 14 años, el techo del Jet Set duplicó capacidad de peso sin evaluación especializada.
Hermanos Espaillat en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.Leonel Matos
Por lo que la sobrecarga excesiva fue la causa principal del desplome.
En adición, desde 2024 el techo presentaba problemas de filtraciones y caída de escombros bajo el conocimiento de los dueños de la discoteca.
Se recuerda que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) también presentó un informe sobre la situación. Incluso, peritos extranjeros participaron en la evaluación de los escombros.
El 8 de agosto, con 26 denuncias, no se logró cambiar la medida de coerción contra los Espaillat, ratificando el veredicto del pasado 19 de junio.
Para el 29 de septiembre, los hermanos Espaillat solicitaron al Tercer Juzgado de Instrucción un nuevo peritaje técnico para determinar las causas del colapso del Jet Set, pero la petición fue declinada.
En octubre el caso reflejó una pausa. Sin embargo, en noviembre los recursos penales presentados por el Ministerio Público recalcaban la acusación.
Para el 14 de noviembre, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, Amauris Martínez, declinó la petición de la defensa, remitiéndola al juez del Primer Juzgado de la Instrucción, Raymundo Mejía.
Al día siguiente, el Mejía fijó para el 12 de enero de 2026 la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat.
Mientras que, el 30 de noviembre, víctimas de la tragedia emitieron una nueva acusación en el caso Jet Set, incluyendo a Ana Grecia López, madre de Maribel y Antonio Espaillat.
Pese a que López figura en el Registro Mercantil como representante de Inversiones E y L, S.R.L., empresa propietaria de la famosa discoteca.
Asimismo, se notificó que la audiencia de esta querella comenzará a ventilarse a principios del año próximo.
Abogados
Calificación jurídica
Las víctimas.
El MP solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel. Mientras los abogados de las víctimas solicitaron modificar la calificación jurídica de “homicidio involuntario” a “homicidio voluntario”. Tras estas pruebas, la familia Espaillat notificó que entre el 2 de mayo y el 12 de junio se habían firmado más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano con las víctimas. Acción que disminuyó el número de querellas.
Senasa: 90 días de indagación que llevó al arresto de 10 personas
Personas ligadas al seguro fueron invitadas a diversos programas y continuaron denunciando irregularidades en esa institución pública.
El Ministerio Público informó que colocaba el nombre de “Operación Cobra” a este caso, además de que se había arrestado a Santiago Hazim,entre otras personas implicadas en el caso Senasa.Listín Diario
El 8 de septiembre de 2025, el presidente Luis Abinader indicó, durante su participación en LA Semanal, que desde noviembre de 2024, la Procuraduría General de la República, realizaba una investigación en torno a una serie de irregularidades que se habían presentado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Las declaraciones del mandatario surgieron ante cuestionamientos y denuncias, iniciadas en junio de este año, de que se había generado un déficit y cobros irregulares en esa aseguradora.
A pesar de esto, el Ministerio Público no se refirió en ningún momento a una investigación sobre este caso hasta este mes de diciembre cuando fueron arrestadas las 10 personas involucradas en este desfalco contra el Estado dominicano que, hasta el momento, alcanza una cifra de 15,000 millones de pesos.
El 13 de septiembre de 2025, a través de una rueda de prensa, Félix Reyna, vocero de la Presidencia, informó que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el nuevo director del Senasa, Edward Guzmán, entregaban a Yeni Berenice Reynoso, en la Procuraduría General, un informe “por instrucciones de Luis Abinader” que contenía “graves hallazgos de irregularidades” que fueron detectadas “en el marco de sus funciones” y el mismo era recibido para “los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público”.
Desde ese momento el Ministerio Público inició de forma pública las investigaciones en torno a este caso, lo que resultó con el arresto y luego imposición de 18 meses de medida de coerción en contra de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa desde el 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de servicios de Salud; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; además de los suplidores Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Mientras que en contra de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes también ofrecían servicios al Senasa, el juez Rigoberto Sena, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
¡por qué inició la investigación del mp?
A finales de junio, el día 25, el Partido Fuerza del Pueblo denunció que Senasa sufría una grave crisis administrativa y gerencial, asegurando que el mismo estaba quebrado. De igual forma, tres días después, el 28, Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano en ese momento, indicó que existían atrasos en los pagos que recibían los médicos y las clínicas privadas del Senasa.
Abinader fue cuestionado sobre esto en LA Semanal y negó el déficit indicando que “se necesitan más recursos”, que en 2024 se había aportado dinero y este año también se haría.
El 4 de julio, Senasa anunció a las cadenas de farmacias que se suspendería el servicio a domicilio con el seguro médico por un proceso de revisión y regulación de datos.
Sumado a esto, la Cámara de Cuentas informó, el 7 de julio, que realizaba dos auditorías al Seguro Nacional de Salud, desde el 2017 al 2024, y que las mismas estarían listas para septiembre.
Un mes y días después, el 15 de agosto, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), anuló la contratación que tenía Senasa con la empresa Farmacard, S.R.L., por violar lo dispuesto en la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones.
Santiago Hazim, exdirector de Senasa, sale cabizbajo de la sala de audiencia.Jorge Martínez/LD.
En medio de la continuación de denuncias de irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, el presidente Abinader, a través del decreto 461-25, del 17 de agosto de este año, designó a Edward Guzmán, como nuevo director de Senasa y dejó a Santiago Hazim sin ningún cargo dentro del gobierno.
Desde principios de septiembre, las periodistas Nuria Piera, Edith Febles y Julissa Céspedes iniciaron con la publicación de reportajes e informaciones sobre contratos millonarios con empresas privadas a través del régimen subsidiado y otras regularidades de informaciones que les fueron suministradas.
Personas ligadas al seguro fueron invitadas a diversos programas y continuaron denunciando irregularidades en esa institución pública.
El 8 de septiembre, Abinader volvió a referirse en LA Semanal al caso y ahí indicó que desde noviembre de 2024, el Gobierno había solicitado una investigación en este caso. Cinco días después depositó ante la Procuraduría, el informe que había preparado la Cámara de Cuentas y la Sisalril sobre “graves irregularidades” en la gestión de Santiago Hazim.
La situación ocasionó que Hazim, el 24 de septiembre, hiciera un video, junto a su abogado Miguel Valerio, indicando que en noviembre de 2024 acudió ante el Ministerio Público, a través de la Consultoría Jurídica del Senasa, a depositar una denuncia formal que “evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos”.
Sobre este esquema de un call center paralelo, la periodista Julissa Cespedes, había realizado un reportaje especial, el 14 de septiembre.
En el audiovisual, Hazim solo optó por referirse a esta denuncia durante su gestión y no hizo referencia a ninguna de las otras acusaciones que levantaban los reportajes e informaciones reveladas por la prensa.
“Siempre obré con honradez y responsabilidad. Voy a dar la cara en cualquier escenario que se me requiera”, dijo. Luego de ahí, las informaciones sobre el desfalcó en Senasa continuaban en los diferentes medios de comunicación a través de informaciones y publicaciones.
El 20 de noviembre, director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que “pronto habrá noticias” sobre el proceso judicial que involucraba el fraude en esa institución.
Pocos días después, el sábado 6 de diciembre, Santiago Hazim acudió a la Procuraduría General de la República, junto a su abogado, y quedó detenido, también ese día se informó del arresto de otras personas.
Proceso judicial
Diez personas
“Operación Cobra”
El Ministerio Público informó que, colocaba el nombre de “Operación Cobra” a este caso, además de que se había arrestado a Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
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