Panorama Internacional. – La Embajada de Estados Unidos en Haití difundió una imagen de Johnson Andre, conocido como “Izo”, señalado como líder de la pandilla 5 Segond y buscado por su presunta implicación en el secuestro de una ciudadana estadounidense en Haití en marzo de 2023.
En la publicación, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 1,000,000 de dólares por información que conduzca a su captura. Las autoridades exhortaron a cualquier persona con datos relevantes a comunicarse a través de Signal, Telegram o WhatsApp al +1-202-702-7843.
Según la acusación presentada en marzo de 2025, Andre y la pandilla 5 Segond operan en Village de Dieu, una comunidad ubicada en las afueras de Puerto Príncipe, capital de Haití. El grupo es señalado por participar en secuestros con fines de rescate y robos, utilizando los recursos obtenidos para financiar sus operaciones y adquirir armas y municiones procedentes de Estados Unidos y otros países.
De acuerdo con el expediente, el 18 de marzo de 2023 la víctima fue secuestrada y trasladada a Village de Dieu, donde permaneció cautiva durante nueve días. Durante ese período, habría sido golpeada y quemada con plástico caliente.
Andre presuntamente visitó a la rehén y negoció el rescate con su familia. La mujer fue liberada el 27 de marzo de 2023 tras el pago de una suma de dinero y la entrega de otros objetos de valor.
El 8 de diciembre de 2023, Andre fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en virtud de la Orden Ejecutiva 13818, por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos vinculadas a su rol como líder de una organización criminal en Haití.
Coalición de fiscales advierte sobre impacto de terminar el TPS para haitianos
Panorama Internacional. – Una coalición de 17 fiscales generales de Estados Unidos se unió este lunes en apoyo de miles de inmigrantes haitianos a los que el Departamento de Seguridad Nacional canceló su Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que fue bloqueado temporalmente por un tribunal en Washington D.C., mientras continúa el caso en la corte.
La coalición, coliderada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, presentó un documento de defensa a los haitianos como «amigos de la corte», en el que instan al Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Columbia a rechazar la moción del gobierno federal de suspender la decisión del tribunal de distrito que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) terminar el TPS para más de 350.000 haitianos mientras el caso continúa.
Los fiscales argumentan en el documento que cancelar el TPS a los haitianos pondría en peligro la seguridad, la salud y la economía de las comunidades de todo el país y afectaría gravemente la vida de familias que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años.
Recuerdan que casi uno de cada cuatro beneficiarios del TPS en todo el país es haitiano.
La coalición aseguró en un comunicado conjunto que eliminar el TPS para esta comunidad «causaría un caos» en la vida de cientos de miles de familias, incluyendo a los numerosos ciudadanos estadounidenses que viven con un familiar haitiano con TPS. En 2022, 87.000 niños y 116.000 adultos estadounidenses vivían con un beneficiario haitiano del TPS.
Argumentan que los padres beneficiarios del TPS se verían obligados a elegir entre abandonar a sus hijos y regresar solos a Haití, llevándose a sus familias a un país peligroso y desconocido, o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal y con el temor constante de ser separados por la fuerza y deportados en cualquier momento.
Al menos 56.000 neoyorquinos son haitianos beneficiarios del TPS, y la terminación de su estatus legal afectaría una importante fuente de ingresos fiscales para el estado, destacaron los fiscales, así como que los haitianos con TPS pagan más de 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales de Nueva York y contribuyen con más de 800 millones de dólares a la economía del estado.
«Los continuos esfuerzos de este gobierno por despojar a cientos de miles de haitianos de su estatus legal pondrán en peligro a familias y desgarrarán nuestras comunidades», afirmó James.
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