A cuatro días de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, se desató una ola de represión contra quienes protestan, informan sobre las protestas o se identifican con la oposición. Desde la noche electoral del domingo, Lisette González, de la organización de derechos humanos Provea, ha dormido poco. A donde vaya, ya sea a su oficina, a su casa o a reuniones de trabajo, tiene los auriculares de su celular puestos y los ojos clavados en su computadora portátil, llenando tablas de Excel. Ella recibe y sistematiza las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
La cuenta aumenta a un ritmo vertiginoso. “El contraataque se desató el lunes en la noche, cuando los colectivos (grupos civiles armados que apoyan al régimen) se metieron a casas de gente, los saquearon, les robaron”, explicó a DW Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.
Activistas en la mira
Entre las víctimas documentadas por las defensoras de derechos humanos en Venezuela está, por ejemplo, Manuel Antonio Peña, de 71 años. Se lo llevaron unos veinte policías en motocicletas cuando estaba comprando afuera de una tienda en el estado de Trujillo. También Mónica Martínez Bowen, dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ) en el estado Yaracuy, fue detenida ilegalmente. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se la llevaron el martes antes de subir a un avión en el aeropuerto internacional de Caracas, frente a su esposo y su hija menor de edad.
De muchos de estos abusos circulan videos en redes sociales, tomados desde viviendas cercanas. Se escuchan gritos e insultos altisonantes en contra de las fuerzas del orden.
En el barrio popular de Catia, en Caracas, fuerzas de seguridad cercaron una protesta de estudiantes. Estos denunciaron el domingo (28.07.2024) al director de su universidad porque este quería obligarlos a votar por Maduro. Los policías se llevaron 25 de ellos. La represión también cae sobre testigos y presidentes de mesa en los centros de votación, cuenta a DW un activista político en Catia.
Construir redes ciudadanas como respuesta a la represión
Desde entonces, los críticos del gobierno venezolano están tomando precauciones: “Tenemos redes en WhatsApp donde informamos sobre protestas, redadas de los colectivos y detenciones y desapariciones”, relata a DW un activista, cuyo nombre no publicamos por razones de seguridad. “Casi no salimos de nuestras casas y procuramos estar de regreso antes del anochecer.”
Algunos ya no duermen en sus casas, también por la inseguridad. Entre ellos, la dirigente opositora, María Corina Machado, quien anunció el jueves 1.08.2024) que pasaba a la clandestinidad luego de que el régimen diera una orden de arresto contra ella.
Una aplicación para soplones
La persecución por parte del régimen de Maduro también incluye a periodistas. En las redes aparecieron fotos de las comunicadoras Carmen Pecorelli, Amira Muci y Carla Carrera, con una leyenda que decía: “Operadora de la derecha fascista en (el estado de) Aragua”.
Maduro invitó a sus seguidores a usar la aplicación oficial Venapp para subir fotos de personas que protestan o apoyan a la oposición para “mandar a buscarlos”. Luego de esta amenaza, Apple y Google retiraron rápidamente la aplicación.
Al mismo tiempo, la lista negra de perseguidos por el régimen se hizo más larga.
“El padrón de persecución ya existente en Venezuela se ha agudizado”, constata en entrevista con DW Lisette González, coordinadora de investigación, monitoreo y difusión de Provea. “Si lo comparamos con la represión durante las protestas de 2017, que duraron unos tres meses, este ya supera en un 40 por ciento a las detenciones de aquel entonces.”
Según el Fiscal General Tarek William Saab, ya han sido detenidos 1.062 hombres y mujeres, hay 77 funcionarios heridos y uno asesinado. Organismos de derechos humanos estiman que hay unos 20 civiles asesinados. “Aquí hay un Ministerio Público y hay un sistema de justicia que no va a permitir una escalada de estos embriones de guerra civil que busca a un nuevo Grupo de Lima liderado por el neofascista de Milei (presidente de Argentina)”, señaló Saab el miércoles.
Desconocer que Maduro ganó las elecciones es delito
A los inconformes con los resultados, Saab los amenazó: “Advertimos que los llamados a desconocer los resultados oficiales pueden ser delito de instigación pública, con una pena de tres a seis años de prisión. Obstrucción de vías públicas, con una pena de 6 a 10 años de prisión. Instigación al odio, con una pena de 10 a 20 años. Resistencia a la autoridad, con una pena de uno a dos años de prisión.”
“Es una inversión del proceso penal”, dice la defensora Tineo. “Normalmente, ocurren hechos y luego se empieza una investigación para ver si encuadran en un delito. Aquí el Fiscal se encarga de anunciar de antemano los delitos de los que se va a imputar a los manifestantes.”
Las organizaciones defensoras de derechos humanos venezolanas, que revisan cada denuncia meticulosamente, tienen cifras diferentes a las del gobierno. Provea contabiliza hasta el jueves 176 detenidos, pero Justicia, Encuentro y Perdón suma unos 400. “Muchos familiares no están denunciando o tardan en hacerlo”, explica Tineo.
Pero también les llama la atención que el gobierno, que antes solía negar las violaciones a los derechos humanos, ahora se ufana de ellos. Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen, dijo, por ejemplo, en su programa de televisión que el dirigente opositor Freddy Superlano, detenido el martes, “está cantando muy bien”, una alusión a que lo están torturando.
“Puede ser una estrategia para infundir miedo y apagar las protestas”, dice Tineo. Pero también implica riesgos. La Corte Penal Internacional (CPI) ya está investigando a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad.
Las manifestaciones se desataron el lunes, después del anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro con el 51 por ciento de los votos, sin mostrar ningún documento que respalde esas cifras.
Mientras, la oposición ha publicado las actas que han recibido sus testigos en los centros de votación. Según esos resultados, el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, recibió un 67 por ciento de los votos, contra un 30 por ciento para Maduro.
Se suman las alertas internacionales
La persecución hace encender las alarmas de la comunidad internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “preocupado y alarmado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes”.
“Hacemos un llamado a las autoridades a que se abstengan de criminalizar la protesta”, pidió por su lado Amnistía Internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron “un llamado al Estado para que respete el derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica, el trabajo periodístico, y garantice la seguridad de quienes se manifiestan.”
Los defensores de las libertades civiles están alarmados y la escalada represiva recién comienza, con el llamado de Maduro a arrestar al liderazgo opositor, arengando a las fuerzas bolivarianas del orden.
(cp)
