La republicana fue encontrada culpable de utilizar unos 70,000 dólares en donaciones para uso personal, incluido una cirugía estética, pagos de alquiler y la boda de su hija
El presidente estadounidense, Donald Trump, indultó a una política republicana y fiel seguidora suya encontrada culpable de utilizar las donaciones recolectadas para una estatua en honor a un policía en gastos personales, incluida una cirugía estética.
La exlegisladora de Nevada y exconcejal de Las Vegas Michele Fiore, que esperaba ser sentenciada por seis cargos de fraude electrónico, anunció este jueves en sus redes sociales que era una persona libre.
La republicana, de 54 años, agradeció al mandatario estadounidense por tener este “acto de misericordia” con el que no solo corrige su récord legal sino que restaura su vida y su reputación.
La exfuncionaria alega que era blanco de una persecución ideológica.
Fiore llamó la atención de las autoridades federales cuando estaba en el Concejo de Las Vegas y recolectó dinero para construir una estatua en honor a un oficial de policía de esa ciudad asesinado en cumplimiento de su deber.
La republicana, que había sido elegida como concejal en 2017 y asumió la Alcaldía en 2019, fue encontrada culpable de utilizar unos 70,000 dólares en donaciones para uso personal, incluido una cirugía estética, pagos de alquiler y la boda de su hija.
La máxima condena por cada uno de los casos era de 20 años.
Los abogados de Fiore presentaron este jueves a la corte federal que debía sentenciarla el próximo mes al indulto “total e incondiconal” que Trump firmó este miércoles.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha firmado indultos a favor de personas que le han mostrado su apoyo. Cerca de 1.500 personas encausadas por el asalto al Capitolio de 2021, fueron indultadas por Trump en enero pasado.
El Gobierno dominicano responde a Haití ante el operativo de repatriación de haitianos y dice que respeta derechos humanos. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)
Reitera su derecho soberano de aplicar las leyes migratorias del país
El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió al comunicado emitido este jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados y afirmó que el país respeta los derechos humanos.
A la vez reafirmó el derecho de la RepúblicaDominicana como estado soberano independiente a aplicar sus propias leyes migratorias.
“RepúblicaDominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente”, cita el comunicado emitido desde el Mirex.
Sobre las deportaciones
El operativo de Migración comenzó en los hospitales. (EDDY VITTINI)
El Gobierno dijo que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, “con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos”.
“La grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que afecta a Haití ha generado un incremento sostenido en la presión migratoria hacia nuestro país, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo. La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable del Estado dominicano”, abunda el documento.
El momento de una detención a una mujer de nacionalidad haitiana. (EDDY VITTINI
La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
Diálogo franco y respetuoso
Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
“Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio”, resalta el Gobierno.
El pasado lunes, las autoridades implementan un nuevo protocolo de control migratorio en los hospitales del país, en el que exige a los pacientes documentación y prueba de residencia.
Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
Las personas que no cumplen los requisitos son atendidos en emergencia y luego detenidos por agentes de Migración, que procede con su deportación.
En el primer día, las autoridades deportaron a 135 migrantes haitianos, en el grupo había 48 embarazadas y 39 mujeres recién paridas.
La medida ha sido criticada por organismos internacionales y el gobierno haitiano, que consideran, que vulnera derechos humanos.
Amnistía y secretario de la ONU se pronuncian
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la RepúblicaDominicana poner fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.
“(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros”, afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
Cerca de 400 ciudadanos haitianos en situación irregular se disponen a retornar voluntariamente a su país. / Fuente externa.
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Santo Domingo.-Cerca de 400 ciudadanos haitianos en situación irregular se disponen a retornar voluntariamente a su país este viernes, luego de residir por un tiempo en la comunidad Mata Mosquita adyacente a los populares destinos turísticos de Bávaro y Punta Cana, la cual fue completamente desmantelada por las autoridades dominicanas.
La comunidad de Mata Mosquito en Friusa, hogar tanto de dominicanos como de haitianos, fue el epicentro de una intervención por parte de agentes de migración y militares de la República Dominicana durante los días martes y miércoles.
Organizaciones han calificado esta acción como «arbitraria» e «ilegítima», tras la demolición total de las viviendas, construidas principalmente con materiales precarios como zinc y madera.
El activista dominicano de derechos humanos Santiago Molina afirmó a EFE que el desalojo se ejecutó sin una orden judicial, aunque destacó que a los desplazados se les permitió salvar todos sus ajuares.
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«No se notificó a nadie, de un momento a otro llegaron (autoridades de Migración y militares) a desalojar haitianos y algunos dominicanos de una manera arbitraria, ilegítima, aunque no se produjeron incidentes», dijo.
Explicó que es uno de los organizadores del retorno a Haití de los indocumentados haitianos a través de autobuses que, aseguró, han sido rentados por la Embajada de Haití en Santo Domingo.
Dijo desconocer el destino de otros haitianos desplazados tras la demolición de sus casuchas por máquinas pesadas. Estimó que en lugar residían unas 400 familias.
«Los militares, policías y agentes de migración permanecen en la zona para evitar que vuelvan los asentamientos», precisó.
Apuntó que no es cierto que Mata Mosquito fuese una «cueva de delincuentes» que se diseminó «falsamente» en redes sociales y en otros medios y aseguró que en el lugar convivían «pacíficamente» haitianos y dominicanos.
El 30 de marzo pasado, una organización nacionalista encabezó una marcha al sector de Hoyo de Friusa, contiguo a Mata Mosquito, para denunciar la «masiva» de haitianos indocumentados.
La marcha concluyó con incidentes entre la policía y manifestantes, pues algunas personas intentaron, precisamente, llegar hasta Mata Mosquito y el permiso de las autoridades no lo contemplaba.
El Gobierno dominicano dio inicio en octubre un amplio operativo de deportación de haitianos indocumentados y el lunes comenzó a detener a las parturientas haitianas que acuden a los hospitales dominicanos, una acción criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como por el Gobierno haitiano.
El Gobierno de Luis Abinader anunció un plan de ejecución inmediata para repatriar hasta 10 mil indocumentados por semana”, con el propósito de reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas.
A través de un comunicado oficial, el gobierno dominicano defendió su derecho soberano de aplicar sus leyes migratorias conforme a su Constitución y ordenamiento jurídico. “La República Dominicana, como país fundador de lasNaciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos […]. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias”, indicó el documento.
Las autoridades dominicanas enfatizaron que las repatriaciones se realizan «dentro del marco de la ley» y responden a la «responsabilidad irrenunciable» del Estado de garantizar el orden público y la seguridad nacional.
En este sentido, relacionaron estas medidas con la grave crisis institucional y de seguridad que atraviesa Haití, lo cual —afirman— representa una amenaza de expansión de la violencia hacia territorio dominicano.
El comunicado también destacó el compromiso del país en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, al tiempo que reiteró la disposición de mantener un diálogo “franco y respetuoso” con Haití y los organismos internacionales involucrados.
“Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Sin embargo, ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial”, subrayó la Cancillería dominicana.
Por su parte, el CPT de Haití publicó este martes una declaración en su página de Facebook, condenando «con la mayor firmeza toda forma de discriminación y violación de derechos fundamentales» que, aseguran, sufren los haitianos en República Dominicana.
Además, instaron a priorizar el diálogo bilateral para lograr soluciones duraderas y respetuosas con la dignidad humana.
El Gobierno dominicano impulsa políticas migratorias para seguir con las repatriaciones de haitianos ilegales a su país de origen a través del paso fronterizo entre ambas naciones.
Este intercambio de declaraciones ocurre en medio de un escenario de creciente tensión binacional, agravado por el deterioro de la situación política y humanitaria en Haití, así como por el aumento de la presión migratoria hacia la República Dominicana.
La tienda online de Donald Trump está vendiendo ropa con el lema “Trump 2028”, el año de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, en las que el republicano tiene constitucionalmente prohibido presentarse.Imagen: Oliver Contreras/AFP
Gorros, camisetas y vasos con el lema “Trump 2028” ya se venden en las tiendas en línea del magnate y actual mandatario estadounidense, pese a que una norma constitucional se lo impide.
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La tienda virtual de Donald Trump está ofreciendo gorras con la inscripción “Trump 2028”, el año de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, a las que el magnate republicano y actual mandatario de Estados Unidos no puede presentarse, de acuerdo a una prohibición constitucional.
Una de las cuentas del mandatario en la red X difundió el jueves (24.04.2025) una foto de uno de sus hijos, Eric Trump, luciendo esa gorra roja con las letras en blanco.
Este nuevo accesorio se vende a 50 dólares la pieza, en momentos en que una serie de sondeos revelan una caída en el índice de aprobación del presidente, quien la semana que viene celebra en Michigan los 100 primeros días de su segundo mandato.
Los estadounidenses critican, sobre todo, la gestión del republicano para tratar de reducir el coste de vida y la guerra comercial que ha desatado.
Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, ha deslizado su intención de buscar un tercer mandato, aunque la Constitución establece que “ninguna persona puede ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente”.
Las Trump Stores, tiendas oficiales donde se venden productos patrocinados por Trump, comercializaban además camisetas y vasos con el lema que promociona un tercer mandato presidencial.
“Reescribe las reglas”
Por si hubiera alguna duda, la camiseta lleva un subtítulo: “Reescribe las reglas”, en alusión a la norma que impide a un presidente sobrepasar dos mandatos.
Donald Trump ha hecho varias alusiones a un tercer mandato, la última de ellas en una entrevista con NBC News a fines de marzo. Requerido por el periodista para que dejara claro si lo decía en serio, respondió: “No estoy bromeando”, pero de inmediato añadió que “es demasiado pronto para pensar en eso”.
“Hay métodos para poder hacerlo”, continuó entonces, y citó entre ellos buscar la elección de su vicepresidente, J.D.Vance, quien luego podría renunciar en su favor.
En cualquier caso, un tercer mandato requeriría una enmienda constitucional de dos pasos: una votación de dos tercios del Congreso o de dos tercios de los estados, ratificada luego por tres cuartos de los estados, algo que los analistas ven extremadamente complicado.
El magistrado Alexandre De Moraes rechazó el último recurso del también exsenador y decretó el inicio de la ejecución de la pena impuesta en mayo de 2023, según señaló el Tribunal Supremo en una nota.
Collor fue condenado por la máxima instancia judicial del país por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero la sentencia nunca llegó a cumplirse porque quedaban pendientes de resolución una serie de apelaciones.
Sin embargo, De Moraes ha negado el último recurso presentado por el exmandatario dado su carácter “meramente dilatorio”, con el que, según el juez, buscaba evitar el desenlace definitivo del caso.
Así, el juez determinó “el cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria” contra el ex jefe de Estado de 75 años, en régimen inicialmente cerrado.
La trama de corrupción
Collor fue hallado culpable por participar en una trama de corrupción en la empresa BR Distribuidora, antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.
Según la sentencia, el exsenador, con la colaboración de dos empresarios, “recibió 20 millones de reales (3,5 millones de dólares o 3,1 millones de euros al cambio de hoy) para viabilizar de forma irregular contratos de BR Distribuidora” con una tercera compañía “para la construcción de bases de distribución de combustibles”.
“Las comisiones irregulares fueron realizadas a cambio de apoyo político para la designación y permanencia de directores de la empresa estatal”, apuntó el Supremo en la información.
El fallo de De Moraes se someterá ahora al escrutinio del pleno del Supremo, compuesto por once jueces, en una sesión virtual programada para este viernes, “sin perjuicio del inicio inmediato del cumplimiento de la pena”.
“Sorpresa” y “preocupación”
La defensa del exgobernante dijo en una nota enviada a la prensa que recibió con “sorpresa” y “preocupación” la orden de prisión, pues considera que el caso es competencia del pleno de la corte.
No obstante, aclaró que su cliente “se presentará para cumplir la decisión dictada” por De Moraes, “sin perjuicio de las medidas judiciales previstas”.
El caso es un desdoblamiento de la ya extinta Operación Lava Jato, que detectó millonarios desvíos en Petrobras y envió a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre ellos al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, si bien todos los procesos contra el líder progresista fueron más tarde anulados o archivados.
Collor, de perfil conservador, gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció en momentos en que el Parlamento se aprestaba a concluir un juicio de destitución en su contra, por acusaciones de presunta corrupción de las que luego sería absuelto en la misma Corte Suprema.
Entre 2007 y 2023, ocupó un escaño en el Senado y en 2022 perdió las elecciones al cargo de gobernador del estado de Alagoas, que ya había ejercido antes de llegar a la Presidencia.
jc (efe, afp)
Los médicos de Jair Bolsonaro informaron que su estado de salud empeoró
“Presentó un empeoramiento clínico, elevación de presión arterial y empeoramiento de las pruebas de laboratorio hepáticas”, indicó el DF Star de Brasilia, donde el político convalece desde mediados de abril
24 Abr, 2025
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (AP Foto/Luis Nova, Archivo)
La salud de Jair Bolsonaro, hospitalizado tras una compleja cirugía intestinal, empeoró y se le harán nuevos exámenes, informaron sus médicos este jueves, un día después de que el ex presidente brasileño se enfureciera ante una notificación judicial en el proceso que enfrenta por tentativa golpista.
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Bolsonaro “presentó un empeoramiento clínico, elevación de presión arterial y empeoramiento de las pruebas de laboratorio hepáticas”, indicó el hospital DF Star de Brasilia, donde el político de 70 años convalece desde mediados de abril.
El ex mandatario, que continúa en la unidad de cuidados intensivos, se someterá a nuevos exámenes este jueves, añadió el hospital en una nota.
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El nuevo cuadro de salud ocurre luego de dos días intensos para Bolsonaro, que debió operarse el 13 de abril para solucionar una obstrucción intestinal relacionada con una puñalada que sufrió en 2018.
El miércoles, el ex mandatario se enfureció ante la inusual visita de una funcionaria judicial encargada de entregarle la notificación del Supremo Tribunal Federal (STF).
“¿Tengo cinco días para presentar mi defensa? ¿Cinco días?”, reclamó el ex presidente a la funcionaria. “¿Usted es consciente de que está dentro de una unidad de terapia intensiva?”, agregó Bolsonaro.
Minutos después, el personal del hospital le advirtió que su presión estaba subiendo “bastante” y el ex presidente subió la voz.
Un día antes, Bolsonaro había aparecido durante casi una hora en una transmisión en vivo de YouTube junto a tres de sus hijos y el ex campeón de Formula 1 brasileño, Nelson Piquet.
Los médicos han recomendado que no reciba visitas.
Jair Bolsonaro (REUTERS/Amanda Perobelli)
El STF le dio al líder de ultraderecha un plazo de cinco días para “presentar su defensa previa”.
La fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar un complot para aferrarse al poder luego de perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 40 años de cárcel.
La corte suprema aún no ha fijado una fecha para la próxima etapa del proceso.
El presidente Donald Trump llega en el Marine One al Aeropuerto Ejecutivo de Leesburg, Virginia, el jueves 24 de abril de 2025, para dirigirse al Trump National Golf Club de Washington DC en Sterling, Virginia. (AP)
Trump sufre derrotas judiciales en sus políticas migratorias, electorales y anti-DEI
Cambios en elecciones y derechos de personas transgénero
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sufrió una serie de derrotas judiciales el miércoles y el jueves en demandas sobre sus políticas de inmigración, elecciones y represión de los programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas.
Sin embargo, las disputas jurídicas que se libran en todo el país están lejos de terminar, y los abogados del gobierno contraatacaron, solicitando a tribunales federales de apelaciones y a la CorteSupremafederal que revoquen algunas de las decisiones desfavorables.
A continuación presentamos un vistazo a los sucesos más recientes en algunas de las más de 170 demandas presentadas contra las órdenes ejecutivas de Trump
Diversidad, equidad e inclusión
Jueces le impidieron al gobierno el jueves implementar su represión a los programas que favorecen la diversidad, equidad e inclusión en la educación en al menos dos demandas.
Las decisiones se emitieron antes de que el viernes venza un plazo que el Departamento de Educación estableció para que los estados firmen un formulario en el que certifiquen que no usarían “prácticas ilegales DEI”, refiriéndose a las siglas en inglés de diversidad, equidad e inclusión.
Un juezfederal en Nueva Hampshire bloqueó una serie de directrices del Departamento de Educación, incluido un memorando que ordenaba el fin de cualquier práctica que estableciera diferencias entre las personas según su raza, y otro que pedía garantías de que las escuelas no usaran prácticas DEI consideradas discriminatorias.
Jueces en Maryland y Washington, D.C. también detuvieron partes de los esfuerzos anti-DEI del departamento.
Elecciones
Un juezfederal le impidió al gobierno de Trump implementar de inmediato ciertos cambios en cómo se llevan a cabo las elecciones federales, incluido el agregar un requisito de demostrar que se es ciudadano al formulario de registro de votantes federales
Sin embargo, el juez sí permitió que otras partes de la amplia orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones en Estados Unidos —incluida una directriz para endurecer los plazos de las boletas por correo— avanzaran por ahora.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington se puso del lado de los grupos que defienden el derecho al voto y de los demócratas, diciendo que la Constitución otorga el poder de regular las elecciones federales a los estados y al Congreso, no al presidente.
Señaló que los legisladores federales están trabajando actualmente en su propio proyecto de ley para requerir que a la hora de votar se demuestre que se es ciudadano.
Inmigración
El gobierno de Trump está apelando una orden de un juez que le prohíbe deportar a personas de Colorado con base en una ley de 1798 que rara vez se usa.
Los abogados del gobierno interpusieron la apelación en la Corte Federal de Apelaciones del 10mo Circuito, argumentando que la jueza federal de distrito Charlotte N. Sweeney, que vive en Denver, carece de jurisdicción, y que es jurídicamente válido invocar la Ley de Enemigos Extranjeros contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.
En otro caso en Maryland, se le ordenó al gobierno de Trump facilitar el regreso de un hombre que fue deportado a El Salvador el mes pasado a pesar de tener una solicitud de asilo pendiente.
La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher —que radica en Maryland— indicó que el gobierno violó un acuerdo de resolución de 2019 cuando deportó al hombre de 20 años, un venezolano identificado solamente como Cristian en los documentos judiciales.
Gallagher citó la orden de otro juezfederal para que el gobierno facilitara el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien había estado viviendo en Maryland y fue deportado accidentalmente el mismo día que Cristian.
En una demanda en Texas, se desprecintó un documento judicial de un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, revelando que los migrantes sujetos a deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sólo están recibiendo aproximadamente 12 horas para decidir si quieren impugnar su deportación programada a una prisión en El Salvador.
Hace unos días, abogados del gobierno —en una demanda diferente a la de la Ley de Enemigos Extranjeros— le dijeron a un juez en Colorado que a los migrantes se les estaban dando 24 horas para tomar la decisión.
La Unión Americana de Libertades Civiles dice que el período de tiempo viola una orden de la CorteSuprema que le permitió al gobierno de Trump continuar con las deportaciones pero requería que el gobierno diera a los detenidos un “tiempo razonable” para argumentar ante un juez que no deberían ser deportados.
Otro juezfederal radicado en San Francisco le prohibió al gobierno de Trump negar fondos federales a las llamadas ciudades “santuario” que limitan la cooperación en inmigración.
El juezfederal William Orrick indicó que la prohibición temporal es apropiada porque las órdenes ejecutivas son inconstitucionales, al igual que lo fueron en 2017 cuando Trump anunció una orden similar.
Orrick señalo que el gobierno no puede congelar ningún fondo federal en San Francisco ni en más de una docena de otros municipios hasta que se resuelva la demanda presentada por esas ciudades.
Derechos de las personastransgénero
El gobierno de Trump le pidió el jueves a la CorteSuprema que permita la aplicación de una prohibición a la presencia de personastransgénero en las fuerzasarmadas, mientras los tribunales examinan las demandas sobre la prohibición.
La solicitud ante el máximo tribunal se efectuó después de que un tribunal de apelacionesfederal emitió una orden que mantuvo en vigor una orden judicial que bloquea la política a nivel nacional.
Trump promulgó una orden ejecutiva cuando llevaba una semana de su segundo mandato, la cual afirma que la identidadsexual de los miembros transgénero del servicio “entra en conflicto con el compromiso de un soldado a llevar un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal” y es perjudicial para la presteza militar.
En respuesta, el secretario de Defensa Pete Hegseth emitió una política que presuntamente descalifica a las personastransgénero de intentar ingresar a la vida militar.
Pero en marzo, el juezfederal de distrito Benjamin Settle en Tacoma, Washington, falló a favor de varios militares transgénero que llevan mucho tiempo en las fuerzasarmadas, los cuales dicen que la prohibición es insultante y discriminatoria.
Dos mujeres miran desde el interior de un vehículo de la Dirección General de Migración a las afueras del hospital maternidad La Altagracia en el inicio del protocolo migratorio en hospitales. (DIARIO LIBRE / EDDY VITTINI)
La ONU dice que la medida puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria
El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó este jueves la implantación del protocolo de verificación migratoria en los hospitales de la República Dominicana, algo que solo en un día ha derivado en la detención de 87 pacientes haitianas embarazadas y próximas a dar a luz.
“(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria -entre ellas mujeres a punto de dar a luz- y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros”, apuntó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
Dujarric insistió además en que, si bien todos los países tienen el derecho y la responsabilidad de vigilar sus fronteras, proteger su soberanía y determinar su propia política migratoria, es necesario “respetar la dignidad de los migrantes y los derechos humanos”
El país comenzó este lunes a exigir documentos de identificación a los haitianos que buscan atención en los hospitales públicos, con una gran presencia de migrantes embarazadas o que acaban de dar a luz.
El protocolo, aplicado en 33 hospitales públicos, supone que inspectores y agentes migratorios verifican que las pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidas médicamente y, una vez recuperadas, deportadas.
Las medidas
Esta medida forma parte de una serie de normas anunciadas hace dos semanas por el presidente del país, Luis Abinader, para enfrentar la inmigración irregular desde el vecino Haití, que comparte con República Dominicana la isla La Española.
Dujarric también subrayó que el personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recibió este martes en la frontera a 416 migranteshaitianosdeportados, entre los que había once mujeres embarazadas y 16 mujeres que aún daban el pecho a sus bebés.
En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica a la casi totalidad de los haitianos en el país vecino.
Desde que se tomó esta medida, según datos oficiales, más de 180,000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, pese a los llamados de organizaciones internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.
El papa Francisco junto al cardenal Peter Turkson, de Ghana.Imagen: Pacific Press Agency/IMAGO
Philipp Sandner
23 de abril de 2025
La muerte de Francisco reavivó la esperanza de que un africano esté al frente de la Iglesia católica. Algunos nombres son dignos de mención. Pero hay razones para creer que aún no ha llegado la hora de ese continente.
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Católicos de toda África se han reunido para llorar la muerte del papa Francisco, fallecido en Roma el lunes de Pascua (21.04.2025). Su figura fue muy valorada en el continente y dentro de las especulaciones se plantea con fuerza la posibilidad de que un africano suceda a Francisco. Dentro de los nombres que han circulado están los siguientes:
Aunque no existe una lista exclusiva de personas que pueden optar al máximo cargo, se requiere cierta experiencia. En ese escenario, el cardenal ghanés Peter Turkson es quien primero resuena entre los africanos. El antiguo arzobispo de Cape Coast se trasladó a Roma en 2009, donde se convirtió en presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz.
“Hay cierta similitud en la personalidad del papa Francisco y la del cardenal Turkson”, dijo la hermana Jacinta Tuoniba en Tamale, en el norte de Ghana. Y mencionó “las virtudes de la humildad, la sencillez, la compasión, el amor por los pobres y los necesitados, y sobre todo la compasión por la tierra, la madre tierra que está destinada a la vida de nuestro pueblo”.
¿Turkson estaría a la altura del cargo? Para el padre Thaddeus Kuusah, sacerdote de la arquidiócesis de Tamale, esto es evidente. “Definitivamente tiene todos los atributos para dirigir la Iglesia”, dijo Kuusah a DW, evocando los esfuerzos de mediación de Turkson con el Consejo Nacional de Paz de Ghana, especialmente en las disputadas elecciones de 2008.
Cardenal Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo.Imagen: Maria Laura Antonelli/Avalon/picture alliance/Photoshot
Fridolin Ambongo: destacada voz de la Iglesia del Congo
El atributo de pacificador es sin duda algo que resuena entre los católicos de África. En la República Democrática del Congo, los conflictos son moneda corriente desde hace décadas. Y la Conferencia Episcopal Nacional (CENCO) ha emprendido repetidos esfuerzos de mediación. Con unos 50 millones de miembros -más de la mitad de la población del país-, la Iglesia es una de las mayores del África subsahariana.
Y es el hogar de una de las figuras prominentes del catolicismo africano: el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, que dirige el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, y ha sido confidente del papa Francisco, formando parte del Consejo de Cardenales Asesores del Papa.
Aunque Ambongo ha sido citado por mantener posturas liberales, como presionar a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, es más conocido por criticar un decreto papal que permitía la bendición de parejas del mismo sexo. Hablando en nombre de las conferencias episcopales de África, Ambongo se negó a aceptar la decisión, provocando una leve reacción en Roma y cosechando muchos aplausos en toda África.
Donatien Nshole, Secretario General de la CENCO, guarda un vivo recuerdo de la visita del papa Francisco a Kinshasa en 2023, donde recibió a una delegación de la conflictiva provincia de Kivu Norte, y de su continuo apoyo al Congo. Preguntado por DW sobre las posibilidades de un papa africano, señaló el carácter “universal” de la Iglesia católica, donde “hay sitio para todos”, por lo que no se puede hacer cálculos “en términos de cuotas, rotaciones o raza”. Lo más importante para él es tener a “un papa que sea pastor de corazón, sea cual sea su origen”.
Una respuesta diplomática que suena diferente de algunas reacciones a nivel popular. Por ejemplo, Hugues Tamfumu, en Kinshasa, declaró a DW, refiriéndose a las posibilidades del cardenal Ambongo,: “Sería una victoria para los africanos demostrar que África es capaz de liderar [la Iglesia]”. Todos los cristianos le aplaudirían si lo consiguiera, afirmó Tamfumu. Para él, el rechazo de Ambongo a las bendiciones homosexuales es clave: “Dijo no, los africanos no aceptaremos eso. Fue muy claro”.
NUEVA YORK.- Los congresistas por esta ciudad Adriano Espaillat (D-13) y Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14) denunciaron el secuestro por parte de Inmigración en El Bronx del joven hispano Merwil Gutiérrez, de 19 años.
Los legisladores sostienen que el ICE detuvo a Gutiérrez en la puerta de su apartamento en dicho condado.
Espaillat y Ocasio-Cortez precisan que el hispano no tenía récord criminal ni tatuajes que lo ligasen al grupo criminal Tren de Aragua. Le fue negado su debido proceso.
Estamos horrorizados por el secuestro que ICE hizo contra el joven, quien fue llevado violentamente de la puerta de su casa y deportado a El Salvador, como muchos otros enviados a CECOT, una mega prisión conocida por sus abusos a los derechos humanos, indican en documento de prensa.
Detallan que Gutiérrez fue arrebatado de su padre y de nuestra comunidad, sin debido proceso, sin acusaciones criminales, y sin orden de deportación emitida por un juez. Su familia está afligida y piensa que fue deportado por error.
Los ataques de ICE contra el debido proceso ponen en riesgo los derechos fundamentales de todos. Nuestras oficinas han estado en contacto con la familia para apoyarlos y no descansaremos hasta que Merwil este de regreso donde pertenece, en su hogar en El Bronx.
Tragedias alcanzan dominicanos durante Semana Santa en EUA
NUEVA YORK.- La comunidad dominicana en esta ciudad y otras aledañas fue alcanzada por tragedias durante la celebración de Semana Santa, sumándose las mismas al sentir colectivo que reina en ella por la reciente desgracia ocurrida en la República Dominicana al derrumbarse el techo de la discoteca del Jet Set.
Tres mujeres quisqueyanas fallecieron durante un accidente automovilístico en la intersección de Monsignor Bojnowski Drive con la calle Main, en la ciudad de Newington, un pueblo ubicado en el condado de Hartford-Connecticut, distante a 164 kilómetros de Manhattan.
Un hombre muerto y dos heridos con armas blancas, presuntamente todos dominicanos, durante un pleito frente a un delicatessen ubicado en el 4996 de Broadway con la calle 212, en el Alto Manhattan. Las autoridades no dieron a conocer las identidades.
Jeremy Ortega, de 24 años, fue asesinado a tiros en la cuadra 200 de la avenida Quincy, cerca de la avenida Harding en Throggs Neck. La víctima vivía a pocos pasos de donde fue acribillado.
Otro hombre, presuntamente dominicano, fue asesinado a tiros dentro del negocio Deli Grocery Corp., ubicada en 3724 de la avenida Bronxwood, en El Bronx.
Tres personas murieron y cinco resultaron herida cuando se produjo un incendio en Queens, en un edificio en la calle Chevy Chase, entre Cambridge Road y Henley Road. Se informó que entre los heridos figura un dominicano.
En las áreas de las avenidas D con Utica, en East Flatbush-Brooklyn, residen múltiples familias dominicanas y varios sospechosos dispararon a mansalva contra un grupo de personas que se encontraba en la referida esquina. Varios heridos, no identificados por las autoridades.
En otro vecindario, en el mismo condado donde residen decenas de familias quisqueyanas, hubo un pleito con armas blancas frente al 1501 de la avenida Foster, cerca de Marlborough Road en Ditmas Park, con saldo de varios heridos. Tampoco fueron identificados por las autoridades.
Dominicanos que asistían este sábado en masa a la iglesia católica San Edmundo, ubicada en el 216 de Rockaway Beach Blvd, en Breezy Point-Queens, se vieron obligados a retroceder luego que el inmueble se envolvió en llamas horas antes de que comenzaran las celebraciones de Pascua. No se reportaron heridos.
Pie de foto,El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth (derecha), junto al presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
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Autor,Santiago Vanegas
Título del autor,BBC News Mundo
Donald Trump prometió “recuperar” el Canal de Panamá y para algunos sus palabras ya se están traduciendo en acciones.
A inicios de este mes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, firmaron en Ciudad de Panamá un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de seguridad del Canal.
Hegseth afirmó que el acuerdo “restablece la presencia rotativa” de militares estadounidenses en tres bases en Panamá (Sherman, Rodman y Howard) y permite que los barcos militares estadounidenses naveguen “primero y gratis” (o “primero y libres”, dependiendo de la traducción) por el Canal de Panamá.
Con eso, EE.UU. dice que busca “contrarrestar la influencia maligna” que supuestamente tiene China en el Canal.
El memorando de cinco páginas provocó un aluvión de críticas al gobierno panameño y preguntas sobre su alcance.
Políticos opositores al presidente José Raúl Mulino y expertos independientes dicen que este socava el principio de neutralidad del Canal que está consignado en un tratado de 1977, y abre la puerta a que EE.UU. recupere el control de las bases militares que a Panamá le costó mucho recuperar.
El gobierno panameño defiende el acuerdo que firmó argumentando que no cede territorio ni interfiere con la soberanía de Panamá.
Y sobre la supuesta injerencia china, Mulino dijo: “Los chinos no son problema en Panamá. Se lo dije claramente al señor secretario [Hegseth]. Nosotros no tenemos problema con los chinos ni ellos con nosotros”.
En febrero, el presidente Mulino anunció que no renovaría un acuerdo con China que hacía parte a su país de la Ruta de la Seda, tras presiones de Estados Unidos para que reduzca la influencia de Pekín sobre el Canal de Panamá.
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Pie de foto,El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth (derecha), junto al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.
La discusión sobre los efectos que puede tener el reciente memorando trae al presente la larga lucha histórica de Panamá por la soberanía sobre el Canal, que construyó EE.UU. a inicios del siglo XX.
La relación con el gobierno de Trump ya ha generado protestas y descontento en una parte de la población.
BBC Mundo ha solicitado en diversas ocasiones durante las últimas semanas una entrevista con el presidente de Panamá, pero de momento no hubo respuesta positiva.
En entrevista con BBC Mundo, el politólogo Ricardo Herrera Hazera, profesor de la Universidad de Panamá, analiza con perspectiva histórica el momento que atraviesa Panamá y el Canal bajo el gobierno de Trump y habla del regreso de la llamada “quinta frontera”.
Usted ha comparado los acuerdos recientes que ha firmado el gobierno de Panamá con EE.UU. con la época de “la quinta frontera”. ¿Cómo fue ese periodo para Panamá y en que se parece para usted al presente?
Nosotros teníamos un país dentro de otro país. Los panameños fuimos ciudadanos de tercera clase en nuestro propio territorio.
En el corazón de Panamá, los estadounidenses establecieron (desde 1903 hasta 1979) la Zona del Canal, donde los panameños no podíamos entrar y donde no se podía izar la bandera de Panamá.
Desde ahí manejaban en buena medida la política del país y nos intervinieron en muchas ocasiones. Se apoderaron de los puertos y crearon bases militares que fueron creciendo luego de la Segunda Guerra Mundial.
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Pie de foto,La Zona del Canal se extendía por 8 kilómetros a cada lado del canal.
Eso era “la quinta frontera”: el colonialismo en su más pura esencia, el mismo colonialismo que EE.UU. tanto le criticó a las potencias europeas.
Se llama quinta frontera, porque Panamá limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el Pacífico, al este con Costa Rica y al oeste con Colombia. Dentro del propio Panamá, había una quinta frontera.
Fue un periodo muy humillante para nuestro país. No éramos un país soberano. No teníamos el monopolio del uso de la fuerza. Éramos una caricatura de país, y veíamos con impotencia cómo se apoderaron de nuestro principal recurso natural, que es nuestra posición geográfica.
Los panameños éramos, además, constantemente transgredidos. El 9 de enero de 1964, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos asesinó a 20 estudiantes de secundaria que fueron a sembrar la bandera de su país en la Zona de Canal.
Pero esas estacas de la quinta frontera ya fueron removidas. Y Panamá no podría ser lo que es hoy en día sin haberlas removido.
Desde el año 1977, que se firmaron los tratados Torrijos-Carter (que le entregaron el control del Canal a Panamá), la Zona del Canal fue desapareciendo paulatinamente.
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Pie de foto,El 9 de enero se celebra en Panamá el Día de los Mártires en conmemoración de los fallecidos en la Zona del Canal en 1964.
Usted considera que se está regresando a la “quinta frontera”. ¿En qué sentido ese pasado es similar al escenario que estamos viendo ahora? Los acuerdos recientes no contemplan ceder territorio…
Los acuerdos firmados por el gobierno cercenan la soberanía nacional, por más que ellos lo nieguen.
La historia nos ha demostrado que EE.UU. no ha buscado tener bases militares en Panamá únicamente con un espíritu de cooperación. Existen suficientes antecedentes que nos muestran lo peligroso y lo dañino que es para nuestra soberanía y nuestra autodeterminación.
Uno podría decir: “Bueno, en otros países hay bases militares de EE.UU.”.
Pero ¿cuántas de esas bases militares fueron utilizadas durante casi 100 años para someter a ese país? EE.UU. tenía la última palabra en todas las decisiones que Panamá tomó durante un siglo.
Muchas generaciones de panameños hemos entendido que no contar con bases militares de EE.UU. en Panamá es fundamental.
Cuando los tratados Torrijos-Carter (1977) nos liberaron de la presencia militar estadounidense, nos convirtieron por primera vez en un país con la capacidad para utilizar su principal recurso natural, no para beneficio de los intereses geopolíticos de una potencia, sino de los panameños.
Por eso hemos crecido. Por eso hemos renovado y expandido el Canal de Panamá.
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Pie de foto,El presidente estadounidense Jimmy Carter y el general panameño Omar Torrijos firmaron los acuerdos que le dieron el control a Panamá sobre el canal en 1977.
Ahora el gobierno está firmando acuerdos con EE.UU. que les otorgan a los militares de ese país la capacidad de movilizarse en Panamá como si estuvieran paseándose por Arizona. Estamos retrocediendo muchos años.
Y no hay transparencia. Hay un silencio completo en cuanto al alcance real de estos acuerdos.
Mientras que el gobierno panameño dice que son acuerdos administrativos, EE.UU. los está interpretando como unos nuevos tratados del Canal y así los están vendiendo a su población.
Si nos costó más de 70 años sacar a los estadounidenses la primera vez, ¿qué nos asegura que esta vez va a ser diferente?
¿En qué se diferencia el EE.UU. actual con el que ha negociado tantas otras veces con Panamá?
La política exterior de Estados Unidos, así como su política interna, se ha basado históricamente en los valores de la democracia. En eso se ha basado su liderazgo en Occidente.
Pero hoy se ha roto uno de esos valores fundamentales, que es el de la verdad. El gobierno de Trump ha venido asegurando una serie de falacias en torno al Canal de Panamá para fundamentar su accionar en política exterior.
Esa es una gran diferencia con el Estados Unidos que conocíamos hasta ahora.
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Pie de foto,Las intenciones de Donald Trump de “reclamar” el Canal de Panamá han provocado el rechazo de los panameños.
¿Cuáles son esas falacias o mentiras a las que se refiere?
Primeramente, él (Trump) ha dicho que el Canal de Panamá se está destruyendo, que se está acabando.
El Canal está en su mejor momento.
Panamá hizo una inversión de más de US$6.000 millones para renovarlo. El país ha aumentado su PIB en más de 80% desde el año 2000. Y eso no se debe al Canal antiguo. Ese Canal antiguo ya expiró. Las ganancias son del Canal que Panamá, bajo el liderazgo de gobiernos panameños, logró ampliar.
Ellos han querido decir que los panameños no han sabido administrar el Canal, cuando es todo lo contrario. El mundo entero ha reconocido que Panamá ha hecho una buena labor. Incluso hay una carta en la que Obama felicita a los panameños por eso.
La segunda falacia que hemos escuchado es que EE.UU. construyó el Canal y se lo entregó de forma gratuita a Panamá.
A Panamá le costó 70 años de luchas y muchos muertos que EE.UU. comprendiera que había que firmar un nuevo tratado. Los tratados Torrijos-Carter fueron producto de una negociación, de una lucha intergeneracional, del apoyo internacional que Panamá recibió y del lobby que hubo para que EE.UU. firmara. No fue gratis ni fue fácil.
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Pie de foto,El territorio a los costados del Canal de Panamá estuvo bajo control estadounidense entre 1903 y 1979.
El argumento que ha repetido Trump y su gabinete para justificar su interés renovado por el Canal de Panamá es que quieren protegerlo de, en sus palabras, la maligna injerencia comunista china. ¿Qué de cierto hay en esto?
Los puertos que están en el Pacífico y en el Atlántico cerca del Canal de Panamá, que son los puertos de Cristóbal y Balboa, son operados por una compañía de Hong Kong.
(Nota: El poderoso fondo de inversión estadounidense Blackrock anunció en marzo que había llegado a un acuerdo para comprarlos).
Fuera de eso, no existe en Panamá ningún tipo de influencia china.
Los estadounidenses están confundiendo el hecho de que China tiene una presencia desde hace más de 150 años en América Latina con una supuesta influencia de China sobre el Canal de Panamá. Eso es absurdo.
Ahora bien, los panameños tenemos que reconocer que la forma como el gobierno anterior extendió los contratos de esos dos puertos a la compañía de Hong Kong (por 25 años desde 2021) no fue transparente y no fue la correcta para garantizar la neutralidad.
Pero eso es muy distinto a asegurar que China tiene control sobre el Canal de Panamá.
Es otra gran falacia que se ha estado construyendo desde el gobierno de EE.UU. para que la opinión pública vea como favorable esta nueva intimidación que se ha emprendido contra Panamá.
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Pie de foto,Militares estadounidenses en la base aérea Howard, en Panamá.
En todo caso, el poder de negociación que tiene Panamá, al ser un país pequeño, frente a EE.UU. es limitado, y uno podría pensar que lo que más le conviene económicamente al país es llevarse bien con EE.UU.
Hay muchas opciones que no son entrar en una contradicción directa con Trump.
Pero además es que la presencia militar estadounidense en Panamá no nos asegura ningún tipo de beneficio económico.
Cuando se fueron los estadounidenses de las bases militares en 1999, muchos decían: “¿Ahora qué vamos a hacer con la economía?”.
Y resulta que la economía ha crecido más de un 80% desde entonces, y hoy en día Panamá es el país con el PIB per cápita más alto de América Latina, precisamente porque ahora el Canal responde a los intereses de los panameños.
Así que es lo contrario: la presencia estadounidense en Panamá nos impide el desarrollo, no es un motor de desarrollo. Se ve claramente al analizar la historia.
Ahora mediante estos acuerdos estamos abriendo la puerta a que EE.UU. use el Canal de Panamá en su guerra comercial con China, y eso nos pone a los panameños en una posición muy desfavorable.
Mientras acuerdos anteriores como el de Salas-Becker (2002) se sustentaban en la cooperación para combatir delitos como el narcotráfico, estos se inscriben en el contexto de un enemigo común que es supuestamente China.
Y eso nos convierte en un blanco, en un objetivo en caso de una guerra. La remilitarización de Panamá que estamos viendo conlleva riesgos muy serios.
Si el Canal no es para los panameños, a los panameños no nos conviene un Canal.
Lo que los panameños necesitamos es garantizar la neutralidad. Y hoy en día nos la están arrebatando.
Panamá militarizado se ve en la obligación de tomar dictado de todas las decisiones que EE.UU. quiere que tome.
Una vez que tienes bases militares en tu país, una vez que se pasean los F-16 por tu territorio, pierdes la capacidad de negociación.
Fuente de la imagen,Cortesía de Ricardo Herrera
Pie de foto,Ricardo Herrera Hazera es profesor e investigador en temas de gobierno y políticas públicas en la Universidad de Panamá.
EFE
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