La diputada Millys Martínez fue esposada durante incidente en Elías Piña
La Policía niega que la legisladora fuera “apresada”
Pacheco condena la agresión y recuerda inmunidad de los legisladores
Un confuso incidente se registró la tarde de este domingo que involucró a varios agentes de la Policía Nacional y a la diputada de Elías Piña, Millys Johanna Martínez Morillo, a quien esposaron, hecho que la uniformada desmiente, pero un video lo muestra.
El incidente ocurrió en el municipio Comendador cuando, al menos 10 agentes policiales, trataban de apresar a un joven durante una especie de fiesta en una estación de combustible y supuestamente la legisladora trató de impedirlo, por lo que también fue esposada por los agentes. Luego, en medio de un tumulto y reclamo de los ciudadanos, le quitaron las esposas.
Conforme a videos que circulan en Internet, los agentes la rodearon, mientras se escuchan voces gritando que la querían apresar y advirtiendo que se trataba de una congresista.
“Suéltenlo por favor”, se escucha en uno de los videos del incidente. En otro momento, mientras le quitaban las esposas, la diputada gritó: “Déjenlo tranquilo”, luego dijo “me están rompiendo” y pidió que se le retirara primero las esposas al ciudadano.
La historia de Dayana: de estilista en Ciudad Juan Bosch a presa hace dos años en cárcel venezolana
La familia de Dayana Heredia denuncia condiciones inhumanas en su detención, así como irregularidades en el manejo de pruebas durante el juicio
República Dominicana – oct. 12, 2026
Dayana Heredia trabajaba como estilista en Ciudad Juan Bosch, en República Dominicana, antes de emprender un viaje irregular con destino a España. Según sus familiares, un grupo de dominicanos vinculado a una red de viajes irregulares que también opera en Colombia le prometió ayudarla a conseguir una mejor vida.
Viajó a Colombia, donde le proporcionaron documentos venezolanos falsos, y luego se trasladó a Venezuela.
La arrestaron el 13 de julio de 2024. Llevaba consigo sus equipos de trabajo, con los que realizaba micropigmentación de cejas y labios. La detención terminó en una condena de 21 años de prisión, luego de que las autoridades le encontraron documentos falsos y la acusaran de tener fotografías de sustancias ilícitas en su teléfono celular.
“Ella no tenía nada en su cuerpo, ni en sus pertenencias. Se basan en unas fotografías en el celular, de las que tampoco tenemos conocimiento si en realidad las tenía”, relata un familiar que pidió mantener su identidad en reserva.
La familia sostiene que existen contradicciones en el proceso judicial.
Según su relato, los agentes que la arrestaron declararon durante el juicio que no encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias. También le realizaron pruebas en las manos para determinar si tuvo contacto con alguna de ellas. “Todo eso salió negativo y eso lo dice el expediente acusatorio y la misma sentencia”, afirma el allegado, quien considera que el caso no recibió la atención necesaria de parte del Gobierno dominicano.
Condiciones de detención
En un inicio, a Heredia la recluyeron en Santa Bárbara, en el estado venezolano de Zulia. Luego, la movieron al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), en el estado Mérida. Sus familiares denuncian que el traslado se produjo sin una orden que les fuera comunicada y sin notificación al abogado
“La tienen en total hacinamiento. Nos dijeron que se armó un motín en la cárcel en que estaban y a ella y tres presas más las trasladaron”, cuenta la fuente.Te puede interesar
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La familia también denuncia presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas.
Afirman que funcionarios utilizaron el teléfono en el que dijeron que encontraron las fotografías para hacer llamadas, lo que, a su juicio, compromete la evidencia presentada contra Heredia. “Gastamos muchísimo dinero en abogados privados. Todo en dólares. Fuimos víctimas de extorsión de los mismos funcionarios”, indica el pariente.
A las denuncias sobre el proceso se suma la preocupación por su estado de salud. Según sus familiares, Heredia presenta problemas renales y no recibe suficiente agua. Su abogado solicitó que la llevaran a un hospital, pero, según el allegado, no atendieron la petición.
Intervención de la CIDH
La familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 10 de agosto de 2026, el organismo adoptó la Resolución 63/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Heredia y otros dos detenidos.
La Comisión consideró que la dominicana se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud en riesgo de sufrir un daño irreparable. “Dada su condición de personas extranjeras privadas de libertad en Venezuela, las limitaciones para mantener contacto con sus familiares, la falta de atención médica para sus afectaciones físicas y psicológicas, las condiciones de detención, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento”, advirtió la entidad.
La CIDH también señaló que no recibió información del Estado que permitiera conocer las acciones adoptadas para atender o mitigar la situación de riesgo.
Búsqueda de asistencia consular
Desde la detención, los familiares aseguran que buscaron ayuda en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según su testimonio, acudieron al área de Protección a Nacionales y recibieron como respuesta que no había relaciones diplomáticas con Venezuela. “Nos sentimos abandonados de parte de Cancillería, porque no nos brindaron la asistencia. No pedimos que le exijan a Venezuela que liberen a Dayana, sino que investiguen que se lleve el debido proceso”, expresa el allegado.
La familia afirma que también dirigió una solicitud al entonces canciller Roberto Álvarez, sin obtener los resultados esperados. Durante ese período, un vicecónsul en Venezuela, Isidro Castillo, les habría ayudado a canalizar información sobre el caso. “Ese mismo informe ellos lo pasaban a Cancillería, pero en estos dos años nunca contactaron a ninguna autoridad venezolana con relación a ese caso para verificar cuáles son las condiciones en la que está Dayana detenida o de qué se le acusa”.
Tras la difusión de un video en el que Heredia pide ayuda al presidente Luis Abinader para salir de prisión, la familia asegura que recibió el acercamiento del nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez. Debido a las restricciones de comunicación, los allegados dicen que dependen de otras personas con familiares recluidos en el mismo centro para hacerle llegar dinero, alimentos y productos de higiene.
- Según explican, Heredia no puede realizar llamadas con regularidad y aprovechó la visita de otras reclusas para enviar el video que circuló en redes sociales.
La familia también afirma que, durante el proceso, dos abogados les solicitaron 15,000 dólares para realizar supuestas negociaciones con jueces a fin de conseguir su libertad. “Nos pedían 15,000 dólares para hacer negociaciones con los jueces para dejarla libre. Nunca accedimos a eso porque entendíamos que ella era inocente y que nosotros no teníamos por qué pagar”.
Mientras esperan respuestas sobre el caso, los familiares denuncian que afrontan el proceso sin suficiente orientación institucional.
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RD detuvo a tres colaboradores de bandas haitianas, los entregó a Haití y fueron liberados
La ONU cuestiona la liberación de los sospechosos, quienes pretendían comprar un dron en Santo Domingo para el cabecilla criminal Izo
Uno de ellos también utilizaba cuentas bancarias dominicanas para recibir pagos
Diario Libre
Las autoridades dominicanas detuvieron a tres hombres vinculados al abastecimiento de bandas criminales haitianas cuando pretendían adquirir un dron en Santo Domingo para uno de los principales cabecillas de esas organizaciones.
Sin embargo, después de ser entregados a Haití, los tres fueron puestos en libertad, pese a las pruebas que el Panel de Expertos de las Naciones Unidas considera contundentes.
El caso está documentado en el informe S/2026/714 del Consejo de Seguridad de la ONU, divulgado el 8 de septiembre de 2026, que examina las redes criminales que sostienen a las pandillas haitianas y las dificultades para perseguir judicialmente a sus colaboradores.
Los detenidos fueron identificados como Étienne Roudley, Sony Pierre y Sténio Saint-Fleur, quienes fueron arrestados en República Dominicana en junio de 2025 y entregados a las autoridades haitianas el día 7 de ese mes, a través de Dajabón.
Según los investigadores, los tres pretendían comprar un dron DJI Mavic 3 en un establecimiento de Santo Domingo para Johnson André, alias Izo, jefe de la banda 5 Segond e integrante de la coalición criminal Viv Ansanm.
La investigación de la ONU determinó que uno de los sospechosos, Étienne Roudley, mantenía una relación mucho más amplia con las organizaciones criminales haitianas.
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Dos años de negocios con las pandillas
De acuerdo con el informe, Roudley estuvo en contacto frecuente durante dos años con Izo, a quien suministraba diversos artículos.
Además, negociaba la adquisición de ropa, calzado, drones y armas con más de 30 integrantes de alto nivel de Viv Ansanm, utilizando proveedores establecidos en República Dominicana.
Los investigadores también descubrieron que Roudley empleaba cuentas bancarias dominicanas para recibir dinero relacionado con sus operaciones.
El documento no identifica las instituciones financieras utilizadas ni precisa los montos movilizados.
La liberación que cuestiona la ONU
El Panel de Expertos utiliza el caso para ilustrar las dificultades que enfrenta Haití para procesar judicialmente a quienes participan en el abastecimiento de las bandas.
Según el documento, los tres hombres fueron liberados por las autoridades haitianas a pesar de las pruebas reunidas sobre sus actividades.
- La ONU no precisa qué autoridad dispuso su liberación, los fundamentos jurídicos de esa decisión ni si posteriormente se reabrió alguna investigación.
Los expertos advierten que la impunidad representa uno de los principales obstáculos para combatir las redes que suministran armas y otros recursos a las pandillas.
El informe señala que, en diversos casos investigados en Haití, sospechosos han sido liberados pese a evidencias relevantes, mientras que otros procesos han enfrentado presiones de actores influyentes y debilidades institucionales.
La cooperación dominicana
El Panel también reconoce la cooperación de República Dominicana en las investigaciones sobre las organizaciones criminales haitianas.
Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, los expertos remitieron siete solicitudes de información a las autoridades dominicanas, de las cuales seis recibieron respuestas completas y una fue contestada parcialmente.
República Dominicana también aceptó una visita oficial de los investigadores.
