ICE propone un seguro de responsabilidad jurídica que protegería a los agentes locales que realizan arrestos migratorios
Por Associated Press
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AP —
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) propone un plan para ayudar a proteger de posibles consecuencias financieras a los agentes de policía locales que realizan arrestos migratorios si son acusados de conducta indebida en el ejercicio de sus funciones.
La agencia propone subsidiar un seguro de responsabilidad civil para los agentes estatales y locales que reciben capacitación y autorización para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, según un documento de planeación publicado el viernes.
Las alianzas de ICE con departamentos locales se han disparado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y podrían recibir un impulso adicional con el seguro de responsabilidad civil, al eliminar un obstáculo que ha hecho que algunos departamentos de policía locales se muestren reacios a participar. Associated Press fue la primera agencia en informar sobre esta propuesta de seguro.
Según el plan, los agentes contratarían un seguro que cubriría hasta US$ 500.000 de responsabilidad personal, que normalmente financia honorarios legales, acuerdos y sentencias. A los agentes se les reembolsarían hasta US$ 250 al año, aproximadamente lo que se prevé que costará el seguro.
Un destacado crítico de la ofensiva migratoria de ICE afirmó que el programa sería otra forma de que los agentes eviten asumir responsabilidad personal por conductas indebidas.
“La preocupación aquí es que ICE está haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas del orden no corran ni el más mínimo riesgo de incurrir en responsabilidad por violar los derechos de los estadounidenses mientras ayudan a ICE a arrestar personas”, afirmó David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, quien ha pedido al Congreso que facilite demandar a los agentes de ICE por actos ilícitos.
ICE detalló el plan en un documento en el que informa a representantes del sector que considera contratar a una empresa para ayudar a proporcionar labores de divulgación, capacitación y apoyo en comunicaciones para sus denominadas alianzas 287(g) con departamentos locales, que reciben su nombre de una sección de una ley de inmigración de 1996. La empresa contrataría al proveedor del seguro y tramitaría los reembolsos, entre otras tareas.
ICE solicitó comentarios del sector antes del jueves. Se desconoce el cronograma propuesto para poner en marcha el programa o su costo estimado.
ICE no hizo comentarios inmediatos sobre el plan.
Los arrestos realizados por los socios locales de ICE se han disparado desde el año pasado
Durante el segundo mandato de Trump, ICE ha ofrecido generosos incentivos financieros a las agencias locales participantes, lo que ha aumentado tanto el número de agencias que se han asociado con el Gobierno federal como la cantidad de arrestos.
Casi 1.600 agencias de 32 estados tienen ahora acuerdos para participar en el modelo de grupo de trabajo de ICE, en el que agentes locales capacitados pueden interrogar, arrestar y presentar cargos contra personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en el país, según datos de ICE.
Los departamentos pueden recibir fondos para ayudar a cubrir gastos como los salarios de sus agentes, equipos y vehículos. Con el respaldo de funcionarios republicanos estatales y locales, las agencias de Florida, Texas, Oklahoma y Georgia se encuentran entre las que lideran estas iniciativas.
Los arrestos realizados a través de estos programas se incrementaron hasta un promedio de 3.000 al mes en los dos primeros meses de 2026, según los datos más recientes de ICE proporcionados al Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley. Esto se compara con un promedio mensual de 250 en 2024, durante la presidencia de Joe Biden.
Los departamentos y agentes locales están preocupados por la responsabilidad derivada del trabajo para ICE
A medida que los agentes locales realizan cada vez más labores federales de control migratorio, tanto ellos como sus departamentos han expresado preocupación por la responsabilidad civil que podría derivarse de denuncias por uso excesivo de la fuerza, arresto injustificado y registro e incautación ilegales, entre otras cosas.
Esto se debe a que las pólizas de seguro que cubren su trabajo local podrían no ser aplicables. El fondo común de riesgos de Pensilvania, por ejemplo, dejó claro recientemente que excluiría de la cobertura las “actividades proactivas de control migratorio”, lo que obligó a varios condados participantes a buscar otras opciones de seguro.
El sheriff del condado de Butler, Michael Slupe, dijo que consiguió un seguro para cubrir a sus 13 agentes que participan en el programa, con un costo de US$ 20.000 en primas anuales.
“Quiero asegurarme de que los muchachos tengan cobertura adicional, así que tuvimos que gastar el dinero”, afirmó, y añadió que los fondos federales cubrirían el costo.
Los agentes federales suelen gozar de inmunidad legal y de una defensa financiada por el Gobierno cuando enfrentan demandas. Sin embargo, es posible que esas protecciones no siempre se apliquen a los agentes locales, lo que ha aumentado sus preocupaciones sobre la responsabilidad legal y la necesidad de contar con un seguro.
Aunque las demandas civiles son la principal preocupación, los seguros de responsabilidad profesional suelen ayudar también a cubrir los honorarios legales de los agentes que enfrentan investigaciones penales.
Grupo de sheriffs afirma que la propuesta de seguro del ICE parece prometedora
Justin Smith, exsheriff de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Sheriffs, dijo que el plan del ICE parece prometedor y que estaba ansioso por hablar con la agencia sobre cómo funcionaría.
Smith dijo que ha comunicado al ICE su preocupación de que algunos sheriffs se muestran reacios a participar en las alianzas debido a la posible responsabilidad legal, en un momento en que la aplicación de las leyes migratorias enfrenta intensas protestas públicas y escrutinio de los medios. Smith afirmó que otros que colaboran con ICE ya han comenzado a enfrentar reclamaciones legales relacionadas con su labor migratoria, lo cual puede resultar costoso, independientemente de que finalmente se determine o no que los agentes hicieron algo indebido.
“En este momento, cada vez que se trabaja en asuntos migratorios existe una probabilidad mucho mayor de que surjan problemas, demandas y conflictos”, dijo. “Están reconociendo que se trata de un entorno diferente. Y creo que intentan ser los mejores socios posibles para nosotros”.
En virtud de sus acuerdos, el ICE advierte a los departamentos locales que son responsables de los costos derivados de incidentes que den lugar a responsabilidad legal. Sin embargo, busca reducir el riesgo al afirmar que los agentes locales que desempeñan funciones autorizadas por el ICE están “actuando bajo la apariencia de autoridad federal”, lo que impediría presentar demandas contra agentes individuales.
Los acuerdos también establecen que los agentes locales que enfrenten demandas civiles pueden solicitar al Departamento de Justicia de Estados Unidos que los represente y que, por lo general, el ICE respaldará sus solicitudes. Sin embargo, la decisión final sobre si hacerlo corresponde al Departamento de Justicia.
