Análisis New York Times: Marco Rubio gestiona a Venezuela desde Washington

El secretario de Estado de EE. UU. controla de facto las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno. Su control es una clara muestra del poder estadounidense en la era Trump.
Por Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev
Tyler Pager, que cubre la Casa Blanca, reportó desde Washington y Caracas. Anatoly Kurmanaev, que cubre Venezuela, reportó desde Caracas.
11 de julio de 2026
El presidente Donald Trump estaba sentado en el Despacho Oval a principios de este año con su secretario de Estado, Marco Rubio, cuando se le ocurrió una idea.
Quizá debería enviar a Rubio de forma permanente a Caracas, la capital venezolana, donde los comandos estadounidenses habían llevado a cabo el logro más destacado de la política exterior del segundo mandato de Trump: la captura de Nicolás Maduro, el presidente del país.
Rubio podría ser el próximo líder de Venezuela, sugirió Trump. Y aunque los asesores del presidente dicen que estaba bromeando —y que a menudo se burla de Rubio con lo de un destino en el extranjero—, la realidad es que Rubio no necesita mudarse a Caracas.
Ya gobierna Venezuela desde Washington.
En los seis meses transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses derribaron la puerta del dormitorio de Maduro y se lo llevaron en la mitad de la noche, Rubio se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela, ejerciendo su influencia sobre una nación soberana de una forma que ningún funcionario estadounidense había hecho desde que L. Paul Bremer III llegó a Bagdad en 2003 para dirigir el Irak ocupado por Estados Unidos.
Actualmente, Rubio controla las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno, según entrevistas con más de una decena de funcionarios y personas cercanas a ambos gobiernos, tanto en Washington como en Caracas, que han dado detalles sobre su participación en la dirección de las políticas del país. Muchos hablaron bajo condición de anonimato para describir interacciones privadas y debates internos.
Aunque no ha visitado Venezuela en persona desde que Estados Unidos tomó el control, el secretario de Estado está profundamente involucrado en el día a día del país y mantiene un contacto cercano con Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y ahora dirige su país de forma interina, con el visto bueno de Estados Unidos. Los dos se mandan mensajes en español por WhatsApp, intercambiando chismes, felicitaciones de cumpleaños y selfis.
A pesar de las bromas, la relación entre Rubio y Rodríguez dista mucho de ser una colaboración. Es una muestra del poder estadounidense de la era Trump, en la que el ganador se lo lleva todo, sin importar la soberanía ni el derecho internacional.

El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. El gobierno de Trump no respondió a preguntas detalladas sobre la autoridad de Rubio en Venezuela. Rubio ha restado importancia a su papel y, en gran medida, evita hablar de su trabajo. Rechazó varias solicitudes de entrevista.
Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que “con una cooperación renovada y una gestión económica sólida, Venezuela puede resurgir como un socio estable y próspero cuyos ciudadanos se beneficien de su vasta riqueza natural y de unos lazos más fuertes con Estados Unidos”.
El control directo sobre los ingresos públicos de Venezuela, en particular, distingue la influencia de Washington en ese país de la de la mayoría de los demás países que dependen de su poderío militar y financiero.
El Tesoro de Estados Unidos recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones de Venezuela y luego los distribuye gradualmente al país a través de bancos privados, una relación parecida a la de unos padres que dan mesada a sus hijos. Rubio y su equipo establecen las condiciones sobre en qué se puede gastar ese dinero y quién puede hacerlo.
Este sistema le ha permitido a Rubio detener los mecanismos de corrupción más escandalosos de Venezuela. Además, le aporta algunos beneficios al gobierno venezolano, que aprovecha la protección efectiva del Tesoro de Estados Unidos para recibir ingresos sin que lo acosen los numerosos acreedores que reclaman el pago de millardos en deuda impagada.
Pero este acuerdo también le ha dado a Rubio una influencia enorme sobre Rodríguez, que depende de ese dinero para pagar a los trabajadores y sostener la moneda nacional.
Además, Rubio supervisa la aplicación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, decidiendo quién puede hacer negocios en el país y cómo. Ha trabajado para reformar el sector petrolero y ha facilitado el acceso de las empresas estadounidenses. Por su parte, Rodríguez le consulta sobre los nombramientos gubernamentales importantes, como el del ministro de Defensa.

Desde que dos terremotos sacudieron Venezuela el mes pasado, Rubio ha intentado fortalecer el gobierno interino del país. Estados Unidos ha enviado 900 militares a Venezuela, ha comprometido casi 400 millones de dólares en ayuda y ha entregado embalajes de dinero al gobierno venezolano.
Los terremotos han complicado la misión que Rubio se había trazado de devolver la democracia a Venezuela (“Es un revés en ese sentido”, reconoció Rubio el mes pasado). La capacidad de recuperación del país es clave para el objetivo final de Trump: asegurarse el petróleo venezolano para los intereses de Estados Unidos.
Este acuerdo es muy inusual y se está desarrollando 80 años después de que Estados Unidos renunciara a su última gran colonia formal, Filipinas.
Pero Trump ha dejado claro que quiere volver a una era de expansionismo estadounidense, y ha llegado a plantearse tomar el control de Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá.
En Venezuela es donde ha tenido más éxito. Pero hay riesgos.
Los críticos de Trump acusan a Estados Unidos de desviar los recursos de Venezuela y de apuntalar un gobierno autoritario al dejar en sus puestos a la mayoría de los secuaces de Maduro. Este acuerdo también enreda a Estados Unidos en las vicisitudes de un régimen profundamente impopular y no elegido que se enfrenta a un clamor cada vez más desesperado por un cambio político.
“El secretario Rubio dijo que no estamos en guerra con Venezuela”, le dijo el representante Sean Casten, demócrata por Illinois, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una audiencia en el Congreso en febrero. ¿Qué autoridad —preguntó Casten— tenía Estados Unidos para controlar los activos venezolanos?
Bessent le dijo a Casten que le respondería en otro momento.
La política realista y sin concesiones de Rubio en Venezuela implica un cambio radical para alguien que se ha pasado toda su carrera presentándose como un defensor de la democracia en Latinoamérica. Ha dicho que su objetivo es una transición democrática a largo plazo.
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