Una de las grandes debilidades del sistema electoral dominicano radica en el financiamiento, sin control, a los partidos políticos de parte del Estado, es decir, que el dinero del pueblo se utiliza sin ton ni son, y sin supervisión del órgano encargado de la fiscalización y auditoría de todo el sistema estatal, incluyendo las organizaciones políticas, mayoritarias o no.
Todo parece indicar que la Cámara de Cuentas, o como la ha bautizado el pueblo simple y sencillo, “la Cámara de Cuentos”, no se preocupa por la fiscalización y manejo de los recursos que otorga el Estado cada año a estas entidades, que, muchas veces, son financiadas con dinero ilícito, que puede conducir a situaciones inesperadas.
Los ejemplos a través de los años, no dejan lugar a dudas. Pero este es un país muy especial, y el órgano oficial encargado de realizar las revisiones, imponer o sugerir controles al respecto cuando se detecta cualquier anomalía, encuentra más interesante realizar los estudios de rigor en otro ámbito, y deja a su cuenta y riesgo el manejo de los fondos públicos que recibe cualquier partido, partidito o movimiento político reconocido por la Junta Central Electoral, y no son pocos.
En un país signado por la corrupción a todos los niveles y ámbitos del quehacer nacional, la falta de controles específicos y determinados para verificar lo que hacen o no estas organizaciones con el dinero que les regala el Estado, gracias a dos legislaciones, que, como muchas otras, solo revelan las debilidades de nuestro sistema legal y cómo se aprovecha el dinero de nuestros impuestos en mantener entelequias partidarias sin control ni fiscalización alguna.
Entre favores y favorecidos te veas
Son muchas y variopintas las voces que, cada cierto tiempo, se alzan para solicitar que se realicen auditorías a los partidos políticos, especialmente instituciones de la sociedad civil, pero todo es como llover sobre mojado, a 17 años ya, de la última auditoría general realizada a los 22 partidos políticos existentes entonces, todavía todo sigue igual o quizá peor, ya que el número de entidades partidarias ha crecido casi al doble desde 2009, fecha de referencia a la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, que, al parecer, no arrojó mucha luz sobre la forma y manera en que se utilizan los fondos “regalados” por el Estado.
Hoy, la cifra ha aumentado a 41 organizaciones, movimientos, partidos y agrupaciones que reciben financiamiento del Estado a través de la Junta Central Electoral, que tampoco hace muchos esfuerzos por determinar el curso y destino de estos ingresos a las cuentas de los partidos.
Peor, controlar y determinar el uso, abuso y gasto de estas organizaciones, se ha convertido en abulia tanto para la Junta Central como para la propia Cámara de Cuentas. Es el cuento de nunca acabar.
En cuanto al órgano supremo electoral, en estos momentos se encuentra metido de lleno en el proceso de otorgación del nuevo documento de identidad y electoral. Mientras, los partidos políticos hacen y deshacen a su antojo, ahora con más fe, ya que no cuentan con las instituciones creadas para su fiscalización.
La historia se repite, una y otra vez, hasta el cansancio
En este 2026, la cifra de financiamiento se dispara por encima de los mil 620 millones de pesos, repartiendo entre los tres mayoritarios el 80 por ciento de esta suma. El 20 por ciento restante, va a los minoritarios, que tampoco hacen muy buen uso de dichos fondos, salvo las excepciones de siempre, que confirman la regla.
Un aspecto preocupante de las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas es la repetición hasta el cansancio de los mismos términos, lo que resta credibilidad a su accionar.
Así lo expresa Francisco Domínguez Brito, exfiscal, exprocurador general de la República y aspirante a la presidencia del país en 2028 por el “mayoritario” Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entidad que gobernara el país en cinco períodos.
Sobre el tema, expresa que: “Siento que en las últimas décadas o quizá desde siempre, la Cámara de Cuentas ha sido sumamente politizada en su elección, siempre acompañada de un pecado original, de agradecimiento, dependencia, falta de parcialidad”.
Ahí no queda el asunto, Domínguez Brito piensa que los criterios para la selección de auditores, sumado a los procesos de formación continua y la garantía de independencia de los auditores es sumamente importante y ha tenido serias limitaciones, “lo que hace muy difícil establecer sanciones, ya sea de tipo moral o judicial, y esto, lamentablemente, se ha convertido en una tradición en esta entidad”.
En un arranque de sinceridad política, advierte que el diseño estructural de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, se repite hasta la saciedad. “Te das cuenta de que es mucho copy page, copy page, copy page”, sin que se presenten soluciones o conclusiones que permitan cohesionar casos concretos.
La repetición del mismo patrón estructural y la falta de opiniones y conclusiones, constituye una traba para la imposición de sanciones, ya sea morales o a nivel judicial, y no solamente en el caso de los partidos políticos, cuyas actividades económicas permanecen en el túnel del tiempo o en el laberinto de Creta, sin que se vislumbre un final adecuado, o una salida posible, resume todo el entramado de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que, al final, no fiscaliza ni hace nada. Y mucho menos hace cuentas en torno a los gastos de las entidades políticas nacionales.
Una deuda social y democrática. Los intereses los paga el pueblo
Lamentablemente, la inercia, abulia, falta de interés, favoritismos políticos, y, sobre todo, la corrupción, han permeado el accionar de la Cámara de Cuentas en todos los sentidos.
En este 2026, los tres partidos mayoritarios –Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana– recibirán, cada uno, nada más y nada menos que 483 millones de pesos cada uno, faltando todavía dos años para las próximas elecciones, lo que ofrece todo un abanico de posibilidades para el mal uso de estos ingresos.
Al respecto, Virginia Antares Grullón, quien fuera candidata presidencial por el partido Opción Democrática, expresa que, “la falta de transparencia y fiscalización del dinero no solo a los partidos, sino a las campañas políticas, es una deuda que se tiene con la democracia dominicana”.
Relación contentiva de las fiscalizaciones realizadas a partidos polÃ_ticos desde el año 2009 a noviembre 2025 (1)Descarga
Afirma que República Dominicana es el país de América Latina con menos transparencia en el financiamiento de campañas electorales, lo que sucede “por el diseño de las leyes Electoral y de Partidos Políticos, aprobadas en 2018 y 2019, tanto por el PLD como el PRM y sus reformas consecuentes, pero ambas no establecen un proceso claro de fiscalización”.
Esto significa que no existe sanción alguna por el hecho de no reportar el uso o mal uso del dinero recibido del presupuesto del Estado, y algo inadmisible e incomprensible, ambas legislaciones “tampoco establecen topes razonables para la entrega de este dinero”, ya sea para el financiamiento partidario o para las campañas políticas”.
Antares considera que estos topes hay que establecerlos, tal como hacen todos los países, pero el problema para hacerlo radica en que “quienes tienen que hacer este trabajo, son los senadores y diputados, que gastaron y desgastaron todo el dinero del mundo en las campañas y ganaron”, por lo que no quieren tocar el tema ni con el pétalo de una rosa, agregando que a los legisladores “les da miedo competir democráticamente”. Por eso esa es una gran deuda, ya que la competencia a nivel electoral y de partidos, debe ser equitativa, lo que no significa igualitaria.
Dinero, auditorías mostrencas y otros pequeños errores
Hurgando en el baúl de las últimas auditorías, hablamos de 2009, 2012, 2016, uno de los partidos mayoritarios, Fuerza del Pueblo, no aparece ni en los centros espiritistas, debido a que se formó en 2019, sin embargo, aparecen dos del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que vendió sus derechos a Fuerza del Pueblo, de fecha 2012 y 2016, y ninguna arroja anomalía alguna.
Las últimas registradas en las fechas anteriormente citadas, incluyen a 35 organizaciones políticas, cuyo número, al parecer, se ha multiplicado sin mucho apuro y mucho menos fiscalización.
ANEXO DAI-JCE-279-2025 (1)Descarga
Es decir, todos los partidos, agrupaciones y movimientos responden de manera correcta a la ley de partidos y a lo que establece la Junta Central Electoral, salvo las mismas recomendaciones de que: “se debe informar a tiempo, sobre el uso y disposición de los fondos erogados por el Estado”, es como el giro que no termina nunca.
Opiniones van y vienen, pero nunca se hace nada
El informe, “El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en República Dominicana: problemática y solución”, realizado por Vladimir Rozón García, del Observatorio Político Dominicano, considera que “las causas directas del desbordamiento de la actividad política, a partir del cual el dinero se ha convertido en su actor principal, son: campañas políticas débilmente reguladas, falta de límites a los gastos electorales y de una fiscalización transparente”.
De distintas formas y maneras, todo apunta a una situación, la falta de fiscalización, propicia el desajuste y el mal manejo de los fondos erogados a favor de los partidos políticos, y tal como manifiesta Domínguez Brito, “la JCE como la Cámara de Cuentas no han llegado a sentirse con la suficiente fuerza como para entrarle a los partidos políticos, y fiscalizar su accionar de una vez por todas”.
¿Cuál es el problema real? “Tal vez, la democracia dominicana es frágil todavía, débil, tal vez los cuerpos que son los que crean institucionalidad no se sienten lo suficientemente sólidos, pero yo creo, siento, pienso y postulo que ya basta, que la democracia está suficientemente madura como para que la JCE supervise claramente todo el financiamiento del que se benefician los partidos políticos, todos los gastos de campaña, ingresos y egresos”.
Y claro, la Cámara de Cuentas también debe aportar su granito de arena para que esto pueda llevarse a cabo. Porque de no ser así, ¿cuál es el sentido de su existencia como entidad? Y que conste en acta, fue creada durante el gobierno de Pedro Santana en el siglo XIX, y todavía no hace absolutamente nada. ¡Santísimo!
Auditorías realizadas y publicadas por la Cámara de Cuentas
35 partidos, agrupaciones y movimientos políticos han sido auditados desde 2009 a la fecha. Parecería que la carga es muy pesada para llevar a cabo la labor que por mandato de ley se le ha encargado al organismo fiscalizador. Las más recientes son, solo para poner un ejemplo, Unión Demócrata Cristiana (UDC), realizada en 2016, la que da cuenta de “desviaciones contables e incumplimientos legales que inciden en la razonabilidad de las informaciones reveladas”, refiriéndose a los ingresos por contribuciones y aportes de terceros. En cuanto a los ingresos del Estado, sin novedad en el frente.
Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), también de 2016, en esta se encontraron “pequeñas” irregularidades como, “desembolsos a dirigentes políticos sin los documentos soportes, adquisición de productos y servicios sin factura anexa e impuestos de Ley dejados de retener en las erogaciones”, pero los fondos del Estado, fueron bien manejados.
Partido Revolucionario Moderno (PRM), el hoy gobernante partido político también fue auditado en 2016, y los resultados son los mismos de todos, solo cambian los números y las desviaciones contables, cheques sin evidencia de sus registros contables, cheques nulos incluidos en los registros contables y desembolsos sin evidencia de los documentos soportes, después, todo lo referente al desembolso estatal, fresco como lechuga recién cortada. Todos y cada uno de los partidos políticos “auditados”, no presentan anomalía alguna en el manejo de los fondos públicos. Eso merece un aplauso a la “honestidad financiera”.
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