La tragedia en la discoteca Jet Set dejó 236 víctimas fatales y el juez avanza en el proceso judicial (PIETAJE DE VIDEO.)
El tribunal ha otorgado oportunidades para la preparación de pruebas, pero busca evitar dilaciones en el avance del caso
En una decisión orientada a garantizar el cumplimiento de un plazo razonable, el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este lunes comenzar la lectura de la acusación contra los implicados en el desplome de la discoteca Jet Set.
Tras rechazar varios pedimentos incidentales formulados por las partes, el magistrado dispuso que el Ministerio Público comenzara de forma formal la presentación de los cargos. El juez enfatizó que, si bien es necesario garantizar el derecho de defensa en igualdad para todas las partes, el tribunal también debe evitar dilaciones indebidas que prolonguen el proceso de manera injustificada.
“Hoy está todo el mundo convocado el que no está aquí es porque no tiene el interés necesario”, dijo el magistrado al negarse a aplazar la vista.
Mejía Zorilla sostuvo que el Primer Juzgado de Instrucción, que preside, tiene que garantizar el derecho de los querellantes y también de los imputado, pero igualmente el plazo razonable.
“Yo no puedo dejar que esto llegue a diciembre, ¡por Dios!”, indicó Reymundo Mejía.
“Negligente e imprudente”
Al leer las causas del desplome, según el órgano acusador, el fiscal Collado sostuvo que “la conducta negligente e imprudente” de Antonio Espaillat propició que el techo de la discoteca colapsara al contratar personas no especializada para corregir sus filtraciones.
Detalles y consecuencias del desplome de la discoteca Jet Set
El Ministerio Público presentó un resumen de los hechos que involucran a Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat López como principales acusados en el caso. Según el órgano persecutor, la discoteca, fundada en 1973, operaba como una empresa familiar bajo el control de los imputados a través de entidades comerciales al momento del siniestro.
La tragedia, ocurrida en abril de 2025, dejó 236 víctimas fatales y cientos de personas con lesiones permanentes. Durante la audiencia, el juez Mejía Zorrilla indicó que el tribunal ha otorgado múltiples oportunidades para la preparación de pruebas y que no corresponde postergar más el avance del proceso.
Antes de iniciar la lectura, el magistrado emitió el Auto núm. 057-2026, mediante el cual acogió de forma parcial una solicitud de la defensa para realizar un peritaje técnico independiente. Esta investigación tendrá un plazo de 30 días hábiles para examinar los materiales estructurales y los factores externos que pudieron incidir en el colapso.
El juez aclaró que esta medida es procesal y busca asegurar la igualdad de condiciones entre las partes, sin implicar un prejuzgamiento sobre la culpabilidad de los acusados. “El tribunal tiene que garantizar el derecho de los querellantes y de los imputados, pero tiene que garantizar el plazo razonable“, afirmó durante la sesión.
A casi un año del suceso, el proceso judicial avanza dentro de los cauces institucionales con el objetivo de ofrecer una respuesta a las víctimas y a la sociedad, en respeto al debido proceso y a la memoria de los fallecidos.
Tribunal ordena nuevo peritaje en caso Jet Set
El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla acogió parcialmente una solicitud de la defensa y dispuso la realización de un peritaje técnico independiente
Diario Libre
A las puertas del primer aniversario de la tragedia del Jet Set —que dejó más de 200 fallecidos y centenares de heridos, muchos con secuelas aún visibles—, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha introducido un nuevo giro técnico en el proceso judicial, sin apartarse de un principio esencial: la primacía del debido proceso.
Mediante el Auto núm. 057-2026, el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla acogió parcialmente una solicitud de la defensa y dispuso la realización de un peritaje técnico independiente. La medida busca profundizar en las posibles causas del colapso estructural ocurrido en abril de 2025, ampliando el espectro probatorio en una fase clave del proceso.
La decisión, de carácter administrativo dentro de la etapa intermedia, se sustenta en disposiciones del Código Procesal Penal que reconocen a las partes el derecho a proponer diligencias de investigación y a acceder a medios de prueba, especialmente cuando no han tenido oportunidad de hacerlo en etapas anteriores.
Un equilibrio necesario
El tribunal consideró que la medida resulta “idónea, razonable y proporcional”, en tanto contribuye a garantizar la igualdad de armas entre las partes y a hacer efectivo el derecho de defensa. Este —como recuerda la Constitución dominicana— no puede reducirse a una formalidad, sino que debe ejercerse de manera plena y sustantiva.
El nuevo peritaje permitirá examinar materiales estructurales, posibles procesos de deterioro y factores externos que pudieron incidir en el colapso. No obstante, el juez fijó un plazo de 30 días hábiles para su ejecución, en atención al principio de razonabilidad y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Una decisión en tiempo sensible
La resolución se produce en un momento particularmente delicado para la sociedad dominicana. A medida que se aproxima la fecha conmemorativa, familiares de las víctimas y diversos sectores organizan actos de memoria y reflexión.
En ese contexto, el tribunal subrayó que su decisión no implica pronunciamiento alguno sobre culpabilidad o responsabilidades definitivas. Su alcance es estrictamente procesal: asegurar que el juicio se desarrolle bajo condiciones de equidad, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes.
Justicia y garantías
Especialistas consultados coinciden en que este tipo de decisiones responden al funcionamiento ordinario de un sistema de justicia basado en el Estado de derecho, donde la verdad judicial debe construirse sobre pruebas obtenidas y debatidas con pleno respeto de las garantías procesales.
El tribunal recordó que el derecho de defensa incluye la facultad de controvertir pruebas, presentar peritajes y acceder a los medios necesarios para sostener una teoría del caso, sin que ello implique prejuzgamiento ni menoscabo de la memoria de las víctimas.
Mientras el país se prepara para recordar a quienes perdieron la vida, el proceso judicial avanza lento pero dentro de los cauces institucionales. Se trata de honrar la memoria colectiva sin sacrificar el rigor que exige la justicia.
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