Santiago Hazim fue interrogado el sábado por más de cuatro horas en la Procuraduría General y debajo en arresto.
Más de 20 fiscales participaron en 12 allanamientos de la denominada “Operación Cobra”. Resarcir. Las autoridades buscan sanción penal por corrupción y recuperar lo sustraído.
Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader dispuso que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se constituya en actor civil en el caso de corrupción detectado en esa institución, a fin de que se recupere “hasta el último peso robado al patrimonio público”.
La decisión se produce horas después de que el Ministerio Público arrestara al exdirector del organismo, Santiago Hazim, y siete de sus colaboradores.
El mandatario explicó que el proceso se inició tras recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades y por lo que ordenó una investigación interna.
En ese informe se confirmó la existencia de “actos graves de corrupción” en Senasa, por lo que fue remitido de inmediato al Ministerio Público.
“Desde el principio de mi gestión asumí el compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la protección del patrimonio público”, sostuvo Abinader.
El Ministerio Público denominó el caso como “Operación Cobra”, con la cual inicia el proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído en los actos de corrupción detectados.
Arrestados
Los arrestados han sido Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El Ministerio Público reveló que otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
Tras recibir el expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó órdenes judiciales que concluyeron en los arrestos y en la ocupación de evidencias documentales, así como en identificación de movimientos financieros que presuntamente involucran uso fraudulento de fondos administrados por la institución.
No impunidad
“Este y cualquier otro acto de corrupción será llevado a la justicia para que se castigue con todo el peso de la ley a los corruptos”, afirmó.
Con la querella como actor civil, el Estado busca no sólo sanción penal, sino recuperar los recursos públicos presuntamente desviados mediante maniobras administrativas y contratos irregulares.
Allanamiento
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto a los imputados.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Contra la salud
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Reynoso.
“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público”, añadió la jefa del Ministerio Público.
Sobornos a gran escala
El Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos y maniobras fraudulentas.
El Conep
En una declaración pública el Consejo Nacional de la Empresa Privada condena cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, exige que todas las denuncias sean investigadas rigurosamente, todo bajo el rigor del debido proceso. “Ninguna acción de justicia debe desvirtuarse en persecución política ni en juicios mediáticos”, señala.
Detenidos
—1— Ciudad Nueva
Los implicados en el caso Senasa permanecen detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
—2— Traslado
Algunos fueron trasladados en horas de la madrugada por un equipo policial, luego de que alrededor de las 10:00 de la noche del sábado se ejecutara la orden de arresto contra los investigados.
Dantes pide respetar los derechos y garantías
Proceso. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización, José Dantés, llamó a que se respeten plenamente los derechos y garantías procesales del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y de los demás implicados en la investigación por presunto desfalco y actos de corrupción en esa entidad.
El pronunciamiento surge horas después de que Hazim fuera arrestado pasadas las 10:30 de la noche del sábado, luego de haber estado siendo interrogado por el Ministerio Público en relación con las supuestas irregularidades cometidas durante su gestión en Senasa.
Senasa estructuró esquemas de corrupción con empresas que facturaron miles de millones
La Dirección privilegiaba a privados en detrimento de los centros de salud público. Dispendio. Solo en suplementos gastó sobre RS$7 mil millones.
*Por Edith Febles
Santo Domingo.-El Seguro Nacional de Salud, SENASA, desembolsó más de doce mil millones de pesos a favor de empresas privadas que, en la mayoría de los casos, se habilitaron como proveedores de insumos de salud después de 2020 cuando se inició la gestión de Santiago Hazim.
La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas, Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.
No obstante las alertas, los cuestionados programas nutricionales de SENASA, dirigidos a escolares y envejecientes, se mantuvieron activos por tres años con un gasto ascendente a casi seis mil millones de pesos (RD$5,861,036.783).
Método de pago
Para comprar servicios de atención primaria de salud a empresas privadas, SENASA utilizó el modelo de pago capitado destinando un importe fijo de 130 pesos mensuales por afiliado sobre una base de 900 mil afiliados del régimen subsidiado.
En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).
Le sigue la empresa Servicios Médicos DELESTE, con 932 millones con cien mil pesos mientras que otras tres recibieron en diferente proporción valores que alcanzan los 254 millones de pesos., Se trata de las empresas UNIDICAPE, la Fundación Sanas y VivaMax.
Mientras, SENASA apenas pagaba 22 pesos por afiliado a la red pública muchas veces con retrasos.
Tensiones con el SNS
Al producirse el ingreso de poco más de dos millones de afiliados al régimen subsidiado a finales de 2020, la ARS estableció un monto fijo por este concepto a favor del Servicio Nacional de Salud, SNS, de 75 millones de pesos mensuales.
Se replantearon acuerdos que datan de 2018 en tensas negociaciones.
Las tensiones alcanzaron su clímax en abril de 2023 cuando el SNS solicitó la mediación de SISALRIL.
El conflicto quedó registrado en las actas oficiales como un arbitraje que finalizó cuando el órgano rector de la Seguridad Social obligó a una renuente SENASA a honrar sus compromisos a favor de las unidades estatales de atención primaria, UNAP, que dispone -según las cifras oficiales- de más de mil trecientos centros distribuidos en todo el país.
Eso, al menos, dicen los papeles, pero en cambio hay indicios testimoniales de que en la práctica SENASA recortó aún más los fondos que destinaba al sector público.
Favores a privados
Bajo escrutinio aparecen otros gastos destinados a favorecer a centros privados de salud, que se hicieron bajo el modelo de pago prospectivo con un importe fijo que, en muchos casos, no rendían informes de ejecución.
En las referidas partidas -nutrientes, atención primaria, vacunas y pagos prospectivos- se concentra la mayoría de los cuestionamientos del órgano rector durante los años en que estuvieron en vigencia los contratos, reclamos que solo fueron atendidos a mediados de 2023 cuando los millones entregados habían dejado un lastre económico que mermó la capacidad de la ARS pública para hacer frente a sus compromisos financieros.
El declive de los negocios en SENASA llegó cual si fuese un esquema Ponzi: cuando el dinero no es suficiente para mantener a todos complacidos.
En 2023 se incrementaron los reclamos de proveedores disgustados por la tardanza en recibir sus pagos que se documentó en múltiples intercambios de comunicaciones constantes entre el órgano rector y SENASA.
Para entonces los auditores de SISALRIL eran claros al señalar que SENASA estaba en riesgo de colapsar si continuaba el ritmo vigente hasta entonces.
Reclamos y sanciones
A los reclamos de los suplidores siguieron las sanciones administrativas hasta que, finalmente, a mediados de 2023, SISALRIL ordenó finalizar los millonarios contratos de nutrición.
Los pagos a los puntos de atención primaria y otros centros privados se mantuvieron hasta el 2025 cuando estalló la crisis, se produjo una intervención con mayor drasticidad de SISALRIL y el liderazgo de SENASA fue reemplazado por el presidente de la República, Luis Abinader, que destituyó al ahora investigado Santiago Hazim, y designó como director al actuar titular Edward Guzmán.
Acciones privatizantes
Hemos accedido a decenas de estos informes y, dada la complejidad y alcance de la información, expondremos en sucesivas entregas los datos que evidencian una estrategia de privatización de los servicios de salud de SENASA con inversiones millonarias de cuestionada efectividad y modelos insostenibles.
Llegamos a estos datos por diversas fuentes: una buena parte de la documentación fueron entregados tras requerirlos mediante la Ley de libre acceso a la información pública, entrevistas bajo reserva con personal de SENASA. , algunos de ellos investigados por el Ministerio Público.
Testigos
— Presiones
El cobro de sobornos constituye una piedra angular del caso SENASA. Se cuenta con testimonios de suplidores que recibieron presiones de pagos irregulares incluso cuando ya era pública la investigación.
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