El caso ya fue remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y ajustado a la ley
Santo Domingo.- Héctor Julio Mercedes Rodríguez, alias ‘La Bala’, fue capturado este viernes por agentes de la Policía Nacional y del Ejército, luego de difundir un video en el que amenazaba al presidente Luis Abinader y su familia.
La detención se realizó en el sector Santa Lucía, a la altura del kilómetro 5 de la carretera El Seibo, La Romana-Higüey, en el marco de los protocolos de seguridad implementados por las autoridades.
El operativo fue coordinado entre la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público y otros organismos especializados, con la finalidad de garantizar la tranquilidad ciudadana y proteger la institucionalidad democrática.
El caso ya fue remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y ajustado a la ley.
Cómo lo tipificaba el Código Penal anterior
En el Código Penal anterior, las amenazas y atentados contra el presidente se regulaban de la siguiente manera:
- Artículo 86: Toda ofensa cometida públicamente hacia la persona del Jefe del Estado se castigaba con prisión de seis meses a dos años, y multa de 50 a 500 pesos.
- Artículo 87: El atentado cuyo objetivo fuera cambiar la forma de gobierno establecida por la Constitución, o incitar a los ciudadanos a armarse contra la autoridad, se castigaba con pena de reclusión.
- Artículo 88: La ejecución o la tentativa constituía el atentado.
En este esquema, solo se consideraban delitos graves cuando existía un atentado o tentativa de atentado, mientras que las amenazas verbales o por medios electrónicos no siempre eran sancionadas de manera contundente.
Qué establece el nuevo Código Penal (Ley 74‑25)
El nuevo Código Penal, promulgado en 2025, amplía y moderniza la regulación sobre amenazas a funcionarios públicos, incluyendo al presidente:
- Artículo 310 – Ultraje: Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras, emitir amenazas, enviar escritos, imágenes o cualquier objeto, o hacer gestos, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña un funcionario o servidor público.
- Sanción: El ultraje será castigado con 15 días a un año de prisión y multa de 2 a 3 veces el salario del funcionario afectado al momento de la infracción.
Esto significa que ahora amenazas hechas por redes sociales, mensajes privados o videos, dirigidas al presidente o a cualquier funcionario público, pueden ser procesadas con prisión y multa, aunque no haya atentado físico o tentativa de homicidio.
La captura de Héctor Julio Mercedes Rodríguez refleja la aplicación inmediata de estas normas y muestra la diferencia entre la regulación del Código Penal anterior y la Ley 74‑25. Mientras que antes solo se sancionaban atentados y ofensas públicas, el nuevo código permite castigar amenazas privadas contra funcionarios, lo que incluye comunicaciones digitales, aumentando la protección a la institucionalidad y a la seguridad del Estado.
Arrestan a militar y tres empleados de Aduanas vinculados a red de narcotráfico en Santiago
Santiago.- Cuatro hombres fueron arrestados por su presunta vinculación a una red internacional de narcotráfico, tras meses de seguimiento por parte de las autoridades dominicanas. Entre los detenidos se encuentra un militar que laboraba en el Aeropuerto Internacional del Cibao.
Los arrestados, Harrison Antonio Paulino, Ronaldo Rodríguez Durán, Ramón Antonio Rodríguez y el sargento del Ejército Sequiel Segura Alcántara, trabajaban en áreas de monitoreo, inspectoría y seguridad del aeropuerto.
Su detención se produjo luego de una investigación que comenzó tras la incautación de 60 paquetes de marihuana, un arma de fuego y dinero en efectivo en junio de este año en un apartamento del Residencial Green Thomas, en Villa María, El Rosal.
Según el informe preliminar, el apartamento servía como centro de acopio y empaque de drogas. Allí las autoridades encontraron cinco maletas con los paquetes de marihuana, con un peso preliminar de 61.1 libras.
La red, según la investigación, reclutaba personas para transportar marihuana desde Estados Unidos a través de aeropuertos y luego distribuirla en distintas provincias del Cibao.
Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia por violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, mientras las autoridades continúan profundizando las investigaciones.
La operación fue realizada por miembros de la Fiscalía de Persecución de Drogas Narcóticas de Santiago, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y contó con el apoyo de la Dirección General de Aduanas (DGA).
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