El arresto de Pilarte López se efectuó tras un fallo de la Corte Suprema que avaló la sentencia original. La exlegisladora, parte de una red familiar de lavado, manejó fondos desproporcionados a su ingreso.
SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público ejecutó este miércoles la orden de arresto contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López tras gestionar la autorización judicial en cumplimiento de la condena irrevocable de 5 años de prisión que pesa en contra de la procesada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, que encabeza la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden de captura y arresto, emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega mediante el auto penal número 212-01-2025-SADM-00700, del 2 de septiembre de 2025.
Luego de que las fiscales Andry De Los Santos y Sourelly Jaquez realizaran un allanamiento con autorización judicial en su vivienda de La Vega, Pilarte López se entregó este miércoles ante las autoridades de la Procuraduría General de la República.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia impuesta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en funciones de tribunal de juicio de la jurisdicción privilegiada, emitida el 28 de mayo del pasado año, la cual adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
La decisión permite también al Estado decomisar bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos producto del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En el proceso contra la exlegisladora, el Ministerio Público estuvo representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en representación de la Procuradora General de la República.
La Suprema Corte de Justicia decidió sobre sentencia de la Segunda Sala Penal de ese órgano que condenó a Pilarte a cumplir 5 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, provincia Santiago, tras declararla culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Además de la condena de 5 años de reclusión, Pilarte fue condenada al pago de 200 salarios mínimos por los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco, quienes se inhibieron en la casación por haber conocido el proceso en la etapa anterior.
El tribunal le condena, además, al pago de las costas del proceso, lo mismo que en la casación.
El Ministerio Público probó en todo el proceso que Pilarte violó los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155 de 2017, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, así como también los artículos 3, letras A y B, 18, y artículo 21, literales A y B, de la antigua Ley 72 del 2002, sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
Rosa Amalia Pilarte formaba parte de la red de lavado de activos del narcotráfico que encabezaba su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio, de la que también formaban parte sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.
Los fiscales sustentaron con pruebas que la procesada contribuyó con la colocación en el sistema financiero nacional de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92), a pesar de que durante el período comprendido entre los años 2003 y 2021 solo percibió salarios e ingresos por un total de dieciséis millones trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 45 centavos (RD$16,378,557.45), reportados tanto en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) como de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Entre los bienes e inmuebles que ocupados por el Ministerio Público y decomisados en los tribunales a Pilarte se encuentran los siguientes:
1- Un terreno de 3,081.41 mt2, ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del distrito catastral número 29, del municipio La Vega, ubicada en la comunidad El Quemao, entrada La Represa, Manga Larga, La Vega, amparada por el certificado de título número 110, expedido por el Registrador de Títulos de La Vega.
2- Inmueble identificado como una porción de terreno, con una extensión superficial 3,081.41 mt2, ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del distrito catastral número 29, del municipio La Vega, ubicada en la comunidad El Quemao, entrada La Represa, Manga Larga, La Vega, amparada por el certificado de título número 110, expedido por el Registrador de Títulos de La Vega.
3- El inmueble identificado como 313295647592, con una extensión superficial de 728.11 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 0300032450, expedida por el registrador de títulos de La Vega.
4- El inmueble identificado como 313295645621, con una extensión superficial de 811.45 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 4000250918, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en La Vega.
5- El inmueble identificado como 313295642420, con una extensión superficial de 682.50 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 03000163269, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de La Vega.
6- El inmueble identificado como 313295645289, con una extensión superficial de 1,492.42 metros cuadrados, amparada mediante matrícula número 0300025416, expedida por el registrador de títulos de La Vega.
7- El inmueble identificado como parcela número 11, del distrito catastral número 25 del municipio La Vega, con una extensión superficial de 28,273.00 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300018330, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en Arroyo Hondo, Río Verde Arriba, La Vega.
8- El local comercial número 26, construido en el segundo piso, dentro de la parcela número 41-C del Distrito Catastral número 05 del municipio de La Vega, con una extensión superficial de 31.55 metros cuadrados, amparado mediante matrícula Número 0300012164.
9- El inmueble identificado como unidad funcional B-1, identificado como 313295767873: B-1, matrícula Número 0300011626, del condominio Edificio Jossierie Santos 1, ubicado en La Vega, conformado por un sector propio identificado como SP-01-01-002, ubicado en el nivel 01, del bloque 01, destinado a local, con una superficie de 46.86, metros cuadrados.
10- El inmueble identificado como 312166208949, con una extensión superficial de 1,728.69 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300018479, expedida por el registrador de títulos de La Vega, inmueble, ubicado en el municipio de Jarabacoa.
11- Una porción de terreno con una extensión superficial de 15,251.20 metros cuadrados, dentro de la parcela número 157 del Distrito Catastral número 29 del municipio La Vega, amparada mediante matrícula Número 0300023805.
12- Una porción de terreno con una extensión superficial de 11,314.00 metros cuadrados, dentro de la parcela número 23, del Distrito Catastral número 25 del municipio La Vega, amparada mediante matrícula número 0300012984.
13- El inmueble dentro del solar 1-Refundido, Manz 33, del Distrito Catastral número 01 La Vega, local comercial número 1-04-B, con una superficie de 19.04 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300012136.
14- El inmueble identificado dentro de la parcela número 108, porción G-1, del distrito catastral número 05, del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, con una extensión superficial de 628,863.50 metros cuadrados, amparada mediante matrícula Número 0300020203.
VIDEO | Juez de la Ejecución de la Pena ordena ingreso de Pilarte a la cárcel de Rafey Mujeres
La exdiputada de La Vega, elegida en la boleta del PRM, fue detenida este miércoles cuando acudió a la Procuraduría General de la República
Diario LibreEl juez de la Ejecución de la Pena, Manuel Ramón González Espinal, ordenó esta tarde el ingreso de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte a la cárcel de Rafey Mujeres, como establece la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La información la dio a conocer Luis Leonardo Félix Ramos, uno de sus abogados.
“La sentencia, una la envía a Santiago y otro la envía aquí (La Vega) y nosotros entendemos que el juez competente es el de Santiago, planteamos la incompetencia, pero el tribunal entendió que debía conocer sobre si se ingresaba o no a Rafey Mujeres y ordenó el ingreso hasta tanto se conozcan las acciones que nosotros hemos intentado”, dijo Félix Ramos.
El arresto a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte se ejecutó la mañana de este miércoles, al momento de ella acudir a la sede de la Procuraduría General de la República en Santo Domingo, después de que su casa en La Vega fuera allanada por miembros del Ministerio Público.
Pilarte acudió a la Procuraduría General luego que la fiscal Andry de Los Santos, de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), y la procuradora adjunta Sourelly Jáquez encabezaran el allanamiento a su vivienda en cumplimiento a la condenada de cinco años de prisión que le impuso la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
“No me presentaba porque tenía problemas de salud“
Al momento de ser trasladada al Palacio de Justicia de La Vega, Pilarte dijo que no se había entregado para que se ejecutara la decisión de los jueces porque tenía “problemas de salud”.
La excongresista perremeísta llegó vestida con jeans y con un cinturón facial. Agregó que no sabe mucho de justicia y que van a “apelar” el fallo que la envía a prisión.
El pasado lunes, sus siete abogados recurrieron ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Pleno de la SCJ, que le rechazó un recurso de casación.
Sus representantes legales solicitaron la suspensión de la ejecución de la pena y una revisión constitucional para invalidar el dictamen del Pleno de la SCJ que, además de confirmar los cinco años de prisión, dispuso el decomiso de 13 bienes inmuebles y a que pague 200 salarios mínimos como multa a favor del Estado.
Legisladores afirman que además del Ministerio Publico recuperar el dinero robado se debe castigar a los culpables
El caso de Maxi Montilla, involucrado en la operación Anti Pulpo con 3,000 millones de pesos devueltos, enfatiza la necesidad de castigar a los culpables, según diputados de PLD y Fuerza del Pueblo.
Santo Domingo.- Legisladores de diferentes partidos afirman que, además de que el Ministerio Público logre recuperar el dinero sustraído del Estado dominicano, los responsables deben rendir cuentas ante la justicia por el hecho cometido.
La última devolución anunciada por el Ministerio Público fue la de Maxi Montilla, por unos 3,000 millones de pesos, y los diputados estiman que los responsables deben ser juzgados y condenados.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana señaló que esas personas no son parte del PLD y que deben ser castigadas por el delito cometido.
Mientras que José David Báez, diputado de la Fuerza del Pueblo, fue enfático en señalar que no es suficiente que el Ministerio Público recupere los recursos robados si no se castiga a los culpables del dolo.
Otros legisladores sostienen que la responsabilidad es individual y que quienes sean responsables deben rendir cuentas.
Maxi Montilla, según el Ministerio Público, es parte de los investigados en la operación Anti Pulpo.
Aplazan coerción contra grupo acusado de violar una joven en Villa González
Los imputados José Alfonso Rubiera, Delfri de Jesús Rodríguez y otros enfrentan cargos por violación sexual y difundir imágenes del incidente por medios electrónicos.
aplazan coercion acusados violacion grupal
SANTIAGO.- La jueza Yaritza Cabral de la Cruz, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra seis hombres acusados de violar a una joven en Villa González.
El Ministerio Público identificó a los imputados como José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).
Estos enfrentan cargos por violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos, al haber difundido imágenes del acto por distintas plataformas digitales.
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