La sesión se extendió por más de cinco horasJosé Alberto Maldonado/LD
Los senadores volverán a sesionar al mediodía del próximo lunes en búsqueda de terminar de conocer todas las modificaciones presentadas por el Ministerio Público, ya que llegaron hasta la moción 63, además de escuchar las propuestas de modificación de los propios legisladores.
Más de cuatro horas no fueron suficientes para que el Senado de la República aprobara en una segunda lectura la propuesta del nuevo Código Penal y continuaran con la misma el próximo lunes al mediodía, con la expectativa de poder remitir el anteproyecto de ley hacia la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
La sesión de este viernes, la cual inició con más de dos horas retraso, fue dedicada exclusivamente para conocer y debatir parte las modificaciones presentadas por la Procuraduría General de la República a la pieza aprobada de manera unánime en una primera lectura.
En total, el Ministerio Público sometió al Senado unos 124 cambios a la propuesta de nuevo Código Penal. La mayoría fueron de forma a varios de los artículos; además solicitar varias penas interpuestas con relación a varios de los crímenes y la supresión y remuneración de otras de las disposiciones contempladas en el proyecto de ley.
Sin embargo, tras la lectura varios de los legisladores presentes en la sesión cuestionaron el hecho del tiempo durado por el Ministerio Público para depositar sus sugerencias. Uno de ellos fue el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, quien indicó que debido a la cantidad de sugerencias, “lo ideal” sería convocar de nuevo a la comisión bicameral para que conocer las propuestas de las autoridades.
“La prisa es mala consejera; hoy estamos a la carrera, hoy solamente el Ministerio Público ha mandado alrededor de 120 propuestas de modificaciones. Lo correcto hubiese sido convocar de nuevo a la (comisión) bicameral y trabajar todo el fin de semana, yo hablé con Yeni Berenice (Procuradora general de la República), trabajar sábado, domingo y hasta el lunes si se fuere necesario para que la comisión todas estas mociones y modificaciones y que el martes viniéramos ya con una comisión bien unificada y que no se cometieran errores”, argumentó Taveras, quien manifestó que no le gustaría ser tildado de “no querer Código Penal”, ya que simplemente quiere se obtenga “el mejor código posible”.
Esa idea también fue compartida por el senador de La Romana, Eduard Espiritusanto, quien manifestó sentirse “sorprendido” al llegar al hemiciclo y observar la gran cantidad de modificaciones remitidas por la Procuraduría.
“Creemos que la comisión que estudió el Código Penal hizo un trabajo fenomenal y por qué estas modificaciones no llegaron antes. Nosotros entendemos que no es posible que el 25% de 430 artículos que tiene el código, se estén presentando hoy, aún sean de forma; entendemos y pedimos públicamente de que se le dé un plazo hasta el martes para que eso sea analizado. No es correcto que nosotros podamos decidir 124 artículos”, manifestó Espiritusanto, quien agregó que las intenciones del Ministerio Público “son muy buenas” pero esas propuestas de cambios deben ser leídas “una por una”.
Sin embargo, ambas posiciones fueron rechazadas tras el sometiendo de la senadora Ginnete Bournigal, quien exclamó que volver a mandar el proyecto a la comisión bicameral mandaba una “mala imagen” a la sociedad.
“Señores, yo estoy en mi tercer periodo y cuando yo llegué al congreso, ya el Código Penal era mayor de edad discutiéndose”, argumentó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Procedimiento de aprobación
La dinámica adoptada por los senadores fue que tanto de los Santos como el vicepresidente del hemiciclo, Pedro Catrain, leyeran las modificaciones por la procuraduría una por una para que cada uno de los legisladores vaya realizando sus observaciones. Cada moción fue sometida de manera individual para que sean aprobadas.
Aunque la mayoría de las sugerencias del Ministerio Público fueron acogidas, aunque algunos con cambios en las penas o multas establecidas, además de las correcciones de forma, múltiples artículos fueron dejados sobre la mesa ya que se entendía serian favorecidos por una discusión “más profunda”.
Sesión el lunes
Los senadores volverán a sesionar al mediodía del próximo lunes en búsqueda de terminar de conocer todas las modificaciones presentadas por el Ministerio Público, ya que llegaron hasta la moción 63, además de escuchar las propuestas de modificación de los propios legisladores.
Ya los senadores Omar Fernández y Moisés Ayala han manifestado que realizarían durante el procedimiento de segunda lectura de la pieza.
La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra.
El cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.
Antes del 26
Los legisladores han indicado, al igual que el presidente Luis Abinader, que desean aprobar la reforma al Código Penal antes de que culmine la actual legislatura el próximo 26 de julio.
La pieza aún resta por ser conocida por los diputados antes de esa fecha y siempre y cuando no sea modificada por estos, podrá ser remitida hacia el Poder Ejecutivo para su promulgación.
Abinader ha manifestado que se encuentra en la disposición de extender la actual legislatura y/o convocar una especial, en caso de que antes del 26 de julio no sean aprobados estos códigos, ya que los mismos son de “necesidad imperiosa” para que la sociedad dominicana.
Actores sistema de justicia unen fuerzas para reforma profunda y urgente
- Los encuentros, encabezados por Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República; y Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, destacaron la relevancia del Programa de Optimización del Proceso Penal, una iniciativa que impulsa cambios coordinados, decididos y transparentes para modernizar la justicia penal en el país.
Los principales actores del sistema judicial participaron en los paneles.Listìn Diario
Durante tres días de intensos paneles, actores clave del sistema de justicia penal dominicano se reunieron en un espacio de diálogo sin precedentes con el objetivo de identificar problemas y trazar una hoja de ruta hacia una profunda transformación de la justicia penal dominicana.
Los encuentros, encabezados por Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República; y Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, destacaron la relevancia del Programa de Optimización del Proceso Penal, una iniciativa que impulsa cambios coordinados, decididos y transparentes para modernizar la justicia penal en el país.
Principales soluciones
1.Ampliar el uso de los acuerdos penales hasta alcanzar el 90%, alineándose con los estándares de sistemas acusatorios eficaces. Actualmente, en el país solo se aplican en un 13%, siendo esta la vía más efectiva para la resolución temprana de los procesos.
2.Ejecutar el primer catastro penitenciario nacional, como base para una planificación más eficiente del sistema carcelario.
3.Habilitar 10,000 nuevas camas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios.
4.Implementar la interoperabilidad en todos los procesos penales a nivel nacional, garantizando mayor eficiencia y trazabilidad.
5.Incorporar 100 abogados de víctimas al Ministerio Público y formar 87 nuevos defensores públicos, fortaleciendo así el acceso equitativo a la justicia.
6.Establecer indicadores e incentivos comunes para todos los operadores del sistema, con mecanismos de monitoreo y evaluación.
Reformas normativas
7.Instituir guías de sentencias exhortativas para los tribunales, con el fin de reducir disparidades, aumentar la predictibilidad y fortalecer la seguridad jurídica.
8.Crear una Oficina de Apoyo a la Justicia Penal, encargada de supervisar penas alternativas y medidas no privativas de libertad, elaborar informes socioambientales, controlar su cumplimiento y facilitar la reinserción social.
9.Ampliar la competencia unipersonal de los jueces de primera instancia, descongestionando así los tribunales colegiados, en consonancia con los nuevos parámetros propuestos en el nuevo Código Penal.
10. Agilizar las audiencias preliminares, reduciendo formalismos y enfocándolas en la validación de acuerdos (conciliación, procedimiento abreviado), reservando el análisis exhaustivo de pruebas para el juicio oral.
11.Establecer el interés casacional en materia penal, evitando que la casación funcione como una tercera instancia.
12.Instituir mecanismos que faciliten la gestión y conocimiento de los casos complejos.
13.Digitalizar la tramitación del proceso penal e implementar audiencias virtuales en las etapas previas al juicio de fondo, promoviendo mayor celeridad y acceso.
El desarrollo de los paneles
Uno de los ejes centrales fue la necesidad de potenciar el uso de acuerdos penales como vía para la solución temprana de los casos y la descongestión efectiva del sistema. En ese sentido, se propuso reenfocar la audiencia preliminar para facilitar la formalización de acuerdos y el uso del procedimiento abreviado, reservando el juicio oral para los casos que realmente lo ameriten. “Debemos pasar de un modelo de litigiosidad a uno de soluciones”, afirmó Henry Molina.
En esa misma línea, se planteó la incorporación de una Guía de Sentencias, con el objetivo de hacer más coherente la aplicación de las penas, agruparlas según su gravedad y aumentar la predictibilidad de las condenas.
Esta herramienta, que sería aprobada por la Suprema Corte de Justicia, también incentivaría la resolución anticipada de los casos, como ocurre en sistemas de justicia más avanzados.
La situación de las personas privadas de libertad fue otro tema prioritario. La procuradora Yeni Berenice Reynoso anunció la ejecución del primer catastro penitenciario nacional, la habilitación de 10,000 nuevas camas para reducir el hacinamiento, y la apertura de tiendas para comercializar productos fabricados en los centros penitenciarios.
También se abordó la necesidad de identificar biométrica y jurídicamente a los internos y mejorar el tratamiento de personas inimputables.
Un avance significativo sería la creación de la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal, también conocida como oficina de probatoria. Esta entidad brindará apoyo técnico a jueces, fiscales y defensores mediante informes sociofamiliares, socioeconómicos y de riesgo, que servirán como insumos para decisiones más justas y eficaces. Además, supervisará el cumplimiento de medidas no privativas de libertad y contribuirá a la reinserción social y la reducción de la reincidencia.
También se propuso ampliar la competencia de los jueces unipersonales, permitiéndoles conocer casos con penas superiores a cinco años, lo que agilizaría la tramitación de expedientes, especialmente si se aprueba el nuevo Código Penal. En paralelo, se planteó la necesidad de introducir el interés casacional en materia penal, para evitar que la casación funcione como una tercera instancia y racionalizar la carga de la Suprema Corte.
Durante los paneles se reconoció que, aunque el Código Procesal Penal (CPP) ha representado un avance en garantías y derechos, su aplicación enfrenta serias limitaciones estructurales. Se identificaron problemas como la falta de preparación de los actores del sistema, debilidad en la investigación científica, sobrecarga de los tribunales y distribución desigual de la carga judicial. “El problema no es el código, sino su implementación”, afirmó la magistrada Esmirna Méndez.
El juez Fran Soto señaló que, pese a haberse otorgado dos años para la preparación de los actores, muchos no se capacitaron adecuadamente. Las universidades ofrecieron formación limitada.
En cuanto a las salidas alternas y la cultura procesal, el magistrado Wilson Camacho subrayó que la negociación es esencial en un sistema adversarial, pero que muchas veces las partes no quieren acordar. También llamó a combatir el litigio temerario y a facilitar el conocimiento de casos complejos. Francisco Álvarez agregó que el crimen ha evolucionado y que el CPP y el Código Penal no están alineados. “La reforma es necesaria, incluyendo la creación de un Ministerio de Justicia”, sostuvo.
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