Procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.Jorge Cruz/LD.
Según Reynoso, la misión del MP está claramente establecida en la Constitución, lo que garantiza su rol en la persecución penal y el control de la política de persecución.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó de manera categórica que la eventual creación de un Ministerio de Justicia no afectaría las funciones ni comprometería la autonomía constitucional del Ministerio Público.
Según Reynoso, la misión de la institución está claramente establecida en la Constitución, lo que garantiza su rol en la persecución penal y el control de la política de persecución.
Reynoso enfatizó que las funciones del Ministerio Público son de carácter orgánico y constitucional, lo que impide que un Ministerio de Justicia, si se aprueba, interfiera con ellas.
“La misión del Ministerio Público está en la Constitución, nosotros perseguimos, nosotros tenemos la aplicación de la política de persecución y el control de la política de persecución, y eso no va a cambiar”, aseguró.
La procuradora destacó que, después de 22 años como institución, el Ministerio Público tiene “superclara” su misión, la cual no será afectada por la creación de otro ministerio.
Citó como ejemplo que funciones como la representación del Estado en arbitrajes no corresponden al Ministerio Público, y que estas podrían ser asumidas por un Ministerio de Justicia sin conflicto de competencias.
Acogida de Reparaciones y Consolidación de Funciones
Reynoso informó que el Ministerio Público presentó sus reparos y objeciones ante el Congreso Nacional en relación con el proyecto de creación del Ministerio de Justicia, y que estos fueron “absolutamente acogidos”.
Esto le da la “firme convicción” de que sus funciones constitucionales, incluyendo órganos como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y la representación legal de las víctimas, no serán afectadas.
La procuradora reiteró que las funciones del Ministerio Público son intocables por disposición constitucional.
Subrayó que los reparos están depositados en el Congreso Nacional y que, a pesar de que “siempre se consiguen las cosas”, en este caso, la autonomía del Ministerio Público no ha sido vulnerada.
Añadió que la Suprema Corte de Justicia también ha presentado objeciones al respecto, lo que refuerza la postura de la separación de roles entre los distintos poderes del Estado.
Tampoco afectará autonomía judicial
Asimismo, Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, dijo que está convencido de que la creación de un Ministerio de Justicia en República Dominicana no afectará la autonomía de los órganos del sistema judicial.
Según Valentín, dicho ministerio actuaría únicamente como un eslabón entre el Poder Ejecutivo y la justicia, sin capacidad para incidir en las funciones del Poder Judicial ni de la Procuraduría General de la República.
Blindaje legal y experiencia regional
Valentín afirmó que las leyes dominicanas “blindan” a los órganos judiciales de cualquier interferencia del ejecutivo. Tras revisar el anteproyecto inicial de la ley del Ministerio de Justicia, no encontró artículos o normas que pudieran incidir en las funciones de la Defensa Pública o de otros componentes del sistema.
El director señaló que la mayoría de los países de América Latina tienen ministerios de justicia. Su indagación sobre la función esencial de estos ministerios reveló que, en muchos casos, se limitan a examinar los anteproyectos de presupuesto de los órganos de justicia y a recomendar al ejecutivo y al congreso sobre sus necesidades presupuestarias.
Valentín no cree que un ministerio de justicia se cree “simplemente para eso”, pero considera que esta función tiene que ver con la independencia de los órganos del sistema.
Independencia y Transparencia
Valentín hizo referencia a la frecuente mención por parte del Ejecutivo sobre la independencia de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público.
A la luz de esta aspiración, el Ministerio Público ha demostrado una actuación independiente, tocando “fibras” sensibles y según Valentín un Ministerio de Justicia no incidiría en las funciones de los órganos del sistema de justicia, lo que tranquiliza las preocupaciones sobre posibles injerencias.
Camacho: el fiscal anticorrupción debe ser, simultáneamente, policía, investigador y litigante.
Wilson Camacho destacó que, a diferencia de otros países, el fiscal anticorrupción dominicano asume múltiples roles debido a la falta de una estructura policial especializada en crimen organizado.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público.Jorge Cruz/LD.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, abordó la singularidad y los desafíos inherentes a la construcción de casos de corrupción en la República Dominicana.
Destacó que, a diferencia de otros países, el fiscal anticorrupción dominicano asume múltiples roles debido a la falta de una estructura policial especializada en crimen organizado.
Camacho explicó que en países como España, Italia o Francia, existen policías especializados en la investigación del crimen organizado.
En República Dominicana, sin embargo, el fiscal anticorrupción debe ser, simultáneamente, policía, analista financiero, investigador y litigante.
Aunque existen iniciativas recientes como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para drogas y algunos espacios incipientes en la policía para la criminalidad organizada, estos son recientes y carecen de un desarrollo suficiente. Esta situación coloca una carga desproporcionada sobre el Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones complejas.
Inseguridad Jurídica y la Ausencia de una Tradición Investigativa
El director de Persecución señaló una “inseguridad jurídica” subyacente en el desarrollo de estas investigaciones.
Atribuyó esto a la falta de una gran tradición en la investigación de grandes casos de corrupción en el país.
Camacho indicó que este tipo de persecución ha tomado mayor auge “de Tucano que nos cayó con gravedad a Odebrecht que también nos cayó con gravedad al 2020 hacia acá”.
Esta relativa novedad no ha permitido que las instituciones desarrollen todas las herramientas estructurales necesarias para abordar con eficacia casos de esta naturaleza.
El Costo de la Lucha Anticorrupción: Un Desafío Variable
Camacho mencionó que determinar el costo de llevar uno de estos casos depende de múltiples variables.
Aunque no proporcionó cifras específicas, insinuó que la inversión del Ministerio Público en estos procesos es considerable.
Finalmente, el director de Persecución abordó la discusión sobre la complejidad de estos casos y la necesidad de que el Ministerio Público “rescate” la percepción de la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la persecución de la corrupción.
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