Fue un proceso “sumamente complejo y polarizante” con múltiples “vacíos”, reza un informe sobre los inéditos comicios.
Una misión de la OEA que monitoreó las inéditas elecciones de jueces en México desaconsejó replicar esos comicios en las Américas, según un informe preliminar difundido este viernes (06.06.2025).
Los delegados electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguraron que la elección del domingo pasado -fruto de una reforma judicial impulsada por el oficialismo de izquierda- fue un proceso “sumamente complejo y polarizante” con múltiples “vacíos”.
La Misión de Observación, integrada por 16 comisionados de una decena de países miembros de la OEA, manifestó “preocupación” en particular por el “bajo nivel” de votantes: cerca de 13% del padrón, que equivale a unos 13 millones de personas.
“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, remarcó la delegación liderada por el excanciller de Chile Heraldo Muñoz.
México eligió a miles de jueces, desde los de primera instancia hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente será el abogado indígena Hugo Aguilar, que obtuvo más de seis millones de votos.
La presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum asegura que los comicios fueron un “éxito” y restó importancia a la participación, al señalar que 13 millones de votos son mucho más que los senadores que antes elegían a los integrantes del Supremo de ternas propuestas por el gobierno de turno.
La reforma judicial fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y ejecutada por su copartidaria Sheinbaum, en medio de un choque con el máximo tribunal que bloqueó varios proyectos del exmandatario.
El oficialismo justificó la enmienda en la impunidad de más de 90% que afecta al país, pero sus críticos denuncian que el objetivo era capturar el poder judicial. La coalición gobernante controla el Congreso y la mayoría de gobernaturas del país.
La misión de la OEA sostuvo que los candidatos propuestos por los tres poderes del Estado no fueron sometidos a evaluaciones exhaustivas de conocimientos, por lo que “no hay garantías” de que quienes resultaron electos “tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas” que requieren sus cargos.
Baja participación y alta nulidad de votos
Además, el organismo transmitió su preocupación ante los votos nulos y no marcados, que representaron el 10,80 % de la elección y estipuló que se debió al plazo tan breve en el que se desarrollaron estos comicios.
Aunque la campaña de las inéditas elecciones judiciales contó con la difusión por parte de los candidatos y el Instituto Nacional Electoral (INE), la misión, integrada por 16 observadores, señaló que días previos a la votación se multiplicaron las denuncias debido al reparto de “acordeones” con listados de candidatos aconsejados para votar.
De ser comprobada esta acción, la MOE en su informe expresó su reprobación al ser una “coacción al voto”, por lo que el órgano se mantendrá al tanto de las investigaciones que deben llevar a cabo las autoridades competentes.
Asimismo, advirtió que este modelo incentiva que las decisiones judiciales se tomen con fines electorales y no en criterios técnicos, al permitir la reelección y establecer mandatos de nueve años para jueces de distrito y magistrados de circuito.
jc (afp, efe)
“Es ingenuo pensar que mejorará la calidad de la Justicia”
4 de junio de 2025
En los próximos meses, 2.681 jueces, magistrados y ministros estrenarán cargos en México. ¿Cómo afectan las elecciones del Poder Judicial por voto popular la impartición de Justicia en el país?
El primero de junio, México celebró unos comicios inéditos del Poder Judicial por voto popular.
Mientras que el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, habla de un exitoso ejercicio democrático, los opositores a la reforma judicial critican la baja participación, de cerca de un 13 por ciento.
Sin embargo, pese a la poca afluencia, la Justicia mexicana resiente el impacto de las elecciones. ¿Cómo será el relevo en el Poder Judicial?
Aquellas personas que actualmente ocupan los 881 cargos que se votaron a nivel federal, y que no participaron en las elecciones o no resultaron vencedoras, deberán abandonar sus oficinas el primero de septiembre de 2025.
Ese día, también se renovarán mayoritariamente 1.800 cargos judiciales a nivel estatal. En algunos estados, la fecha de la asunción del cargo diferirá ligeramente.
“Un cambio muy abrupto”
De acuerdo con la Constitución, “a más tardar el 15 de septiembre, estos vencedores tienen que ocupar sus nuevas oficinas. Es un cambio muy abrupto y que no contempla necesariamente una fase de capacitación previa o de inducción a la titularidad del órgano judicial”, dice Carlos de la Rosa Xochiotzi, investigador jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, “la reforma judicial trunca la carrera, el proyecto de vida de muchos jueces”, que deberán dejar sus cargos, agrega De la Rosa, doctor en Derecho por la Universidad de Yale.
Algunos han tenido la opción de optar por una jubilación anticipada. Quienes declinaron participar en las elecciones recibirán una indemnización de tres meses y algunas prestaciones, explica el investigador, y agrega que “no tienen nada garantizado en ese sentido”.
¿Lecciones rumbo a 2027?
Debido a la magnitud de la tarea de renovar todos los puestos de jueces, magistrados y ministros, se determinó disputar la mitad de los cargos en 2025 y la otra mitad en 2027. Tras haber concluido el primer ejercicio electoral, ¿qué se puede esperar de las votaciones en dos años?
“Lo idóneo es que se aprendiera de todos los errores e irregularidades que ocurrieron durante este primer ejercicio, toda vez que el sistema de elección de las personas juzgadoras fue bastante complejo“, opina Eduardo Rojas, coordinador de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia, en entrevista con DW.
El también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México destaca que la baja participación “refleja el poco interés que existía entre la población para acudir a las urnas”.
Para lograr que más gente vote, Rojas propone trabajar en las candidaturas, para que existan “opciones viables, por las cuales la gente quiera votar”. No obstante, teme que el de “2027 será un ejercicio bastante similar” al primero.
Tampoco Carlos de la Rosa Xochiotzi cree que “haya mucho interés en ajustar las fallas” del proceso electoral, que describe como “desaseado e improvisado”. “Ahí habría mucho espacio para corregir: se podría ajustar, por ejemplo, la conformación de los comités de selección. Se podrían ajustar los tiempos de estos comités, para hacer la preselección de los candidatos, y la regulación de las campañas”, insiste en entrevista con DW.
¿Una Justicia de mayor calidad?
“Habrá que mirar muy de cerca el desempeño de los nuevos juzgadores”, apunta De la Rosa, “para ver si efectivamente se están logrando los objetivos de la reforma, que era dotar de legitimidad, de una mejor opinión ciudadana al Poder Judicial y mejorar el acceso a la Justicia”.
A juicio de Eduardo Rojas, de la Fundación para la Justicia, “lo primero que vamos a advertir es un importante rezago. Si, de por sí, el sistema de Justicia mexicano era bastante lento, ahora la curva de aprendizaje de muchas de las personas que fueron seleccionadas va a tener un efecto en cuanto al tiempo en el que se resuelvan los casos”.
Asimismo, prosigue, “someter al voto popular a la impartición de Justicia puede derivar en que los jueces se vean forzados a tomar decisiones no necesariamente apegadas al ordenamiento jurídico, pero sí populares”.
“Es ingenuo pensar que va a haber un mejoramiento significativo en la calidad de la Justicia en el país”, sentencia, por su parte, el doctor De la Rosa. “La reforma judicial no hizo nada para corregir los problemas estructurales. En términos muy sencillos, no va a haber más jueces, no va a haber más personal judicial, no va a haber más recursos institucionales o financieros”, subraya.
El investigador jurisprudencial destaca, además, “otro tema importante, en el área de la Justicia penal”: “Las instituciones, por ejemplo, de seguridad pública o de procuración de justicia, las fiscalías, están intactas. La reforma judicial no implicó ningún cambio para esos otros actores del sistema de Justicia, que son, además, con quienes más frecuentemente interactúan las personas”.
(cp)
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