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Caracas.– La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el chavismo, rechazó este sábado la recompensa de 50 millones de dólaresofrecida por Estados Unidos a cambio de información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, al considerar que esta medida busca «alentar a los grupos extremistas» y reactivar escenarios de violencia en el país.
«Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, que ha sido derrotada en toda la línea por nuestro Gobierno y pueblo», afirmó la AN en un comunicado leído por su presidente, Jorge Rodríguez.
El pronunciamiento responde a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien el jueves anunció la recompensa y acusó a Maduro de usar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles»para introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense.
Parlamento acusa injerencia y respalda a Maduro
En el documento, el Parlamento calificó estas declaraciones como «a todas luces ilegales», y las interpretó como un nuevo intento del «imperialismo estadounidense» de aplicar «viejas fórmulas de injerencia grosera» con el objetivo de desestabilizar la paz y obstaculizar la consolidación de la prosperidad nacional.
La AN expresó su respaldo total a Maduro, a quien definió como «garante de la paz» y «protector de la sólida democracia», así como un líder que «conduce con mano firme el Estado de derecho».
«Con la unidad cívico-militar-policial defenderemos nuestra independencia y el camino hacia el país próspero, justo y equitativo que legaremos a las próximas generaciones», concluyó Rodríguez.
Gobierno y oposición reaccionan con posturas enfrentadas
El viernes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también se refirió a la recompensa, acusando a Pam Bondi de estar «secuestrada» por el Partido Republicano y actuar bajo órdenes del expresidente Donald Trump. Asimismo, criticó que la cifra ofrecida duplicara la anunciada en enero.
Por su parte, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, repudió «categóricamente» lo que calificó como una «maniobra del Gobierno de Estados Unidos», que constituye, según dijo, una violación flagrante del derecho internacional y un atentado contra la soberanía venezolana.
Activistas venezolanos denunciaron la escalada represiva del régimen de Maduro contra familiares de presos políticos
La ONG CLIPP condenó que grupos armados afectos al chavismo hayan agredido a madres, niños y activistas frente al Tribunal Supremo de Justicia, en ausencia de resguardo policial
La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció una “escalada represiva” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras un ataque a familiares de presos políticos durante una vigilia pacífica en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, según un comunicado publicado este sábado. El hecho, reconocido por la Defensoría del Pueblo, involucró a un grupo de madres, niños, activistas y defensores que participaban en la protesta para exigir justicia y la liberación de los detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con el CLIPP, el martes pasado “fuerzas policiales se retiraron” de los alrededores del TSJ, lo que permitió que “colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores” presentes en la vigilia. En su comunicado publicado en la red social X, la organización relató que los manifestantes “fueron reprimidos a golpes, con disparos y bajo insultos de ‘fascistas’ y ‘traidoras de la patria’”, mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica.
El CLIPP afirmó que el ataque ocurrió a pesar de la presencia de cámaras de seguridad en las instalaciones del TSJ, cuya directiva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al incidente ni ha “identificado ni procesado” a los responsables de la agresión. La ONG también criticó la falta de postura del Ministerio Público (MP, Fiscalía), lamentando “la ausencia de condena a esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”.
La vigilia, en la que participaron alrededor de 50 familiares de detenidos tras las elecciones de julio de 2024 —en su mayoría madres—, se realizó para reclamar la libertad de los arrestados, al cumplirse un año de su detención. Las protestas se intensificaron luego de la reelección del dictador Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por sectores de la oposición. Las manifestaciones posteriores dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Las personas arrestadas enfrentan cargos de “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden conllevar penas de 10 a 30 años de prisión, la máxima en Venezuela. La organización Foro Penal indicó que aún permanecen 807 personas privadas de libertad por razones políticas, mientras que el régimen y la Fiscalía insisten en que los detenidos enfrentan causas por diversos delitos y no por motivaciones políticas.
Las protestas también desencadenaron la detención de Martha Lía Grajales, activista de la ONG SurGentes, según denunció el CLIPP y confirmaron otras organizaciones como Provea. SurGentes informó que Grajales fue aprehendida de manera “arbitraria” tras asistir a una manifestación en solidaridad con las personas agredidas el martes. Provea detalló que Grajales, de nacionalidad colombiana y venezolana, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerca del lugar de la concentración y “obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas”.
El CLIPP vinculó la detención de Grajales a la serie de agresiones sufridas días antes durante la vigilia convocada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Grajales y las autoridades venezolanas no han emitido declaraciones públicas sobre el caso.
La organización reiteró su demanda al Estado venezolano por la “liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas” y exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en especial a la Oficina del Alto Comisionado y a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, a continuar “documentando y visibilizando ante el mundo” la situación de los derechos humanos en el país. El CLIPP pidió mantener activa la denuncia nacional e internacional para evitar el silenciamiento de los abusos cometidos contra los presos políticos en Venezuela.
(Con información de AFP y EFE)
