La estructura que estaría liderada por Martínez se ha dedicado a realizar prácticas de difamación, injuria y uso indebido de plataformas digitales contra figuras públicas del país
Por El Nuevo DiarioEL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público investiga una presunta red de extorsión y chantaje encabezada por el comunicador Ángel Martínez, conocido como “El Detective”.
De acuerdo a los resultados arrojados de la investigación realizada por los organismos de investigación del Estado dominicano, la estructura que estaría liderada por Martínez se ha dedicado a realizar prácticas de difamación, injuria y uso indebido de plataformas digitales contra figuras públicas del país, con el objetivo de obtener recursos económicos.
Según los datos a los que El Nuevo Diario ha tenido acceso, en la red estarían involucrados Ángel Eduardo Martínez Estévez, hijo de Ángel Martínez, la comunicadora Claudia Pérez (“La Tora”) y el general retirado Rafael Percival Peña, quien era padre del difunto exteniente John Percival Matos, muerto por la Policía en el 2016 tras ser acusado de múltiples delitos, incluyendo el asalto a la sucursal de una entidad bancaria.
Además, el periodista Fernando Peña, Luis Alfredo Cabrera alias “Kapullet” y José Macarallo, propietario del canal de YouTube que lleva por nombre La Quinta Pata.
La investigación ya habría detectado la realización de transacciones económicas entre los implicados.
Se recuerda que ayer domingo, Ángel Ramón fue nuevamente arrestado por no comparecer a un citatorio judicial en la Fiscalía de Santiago.
El Detective enfrenta una querella por difamación e injuria interpuesta por Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, sustentada en artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Ángel Martínez ya había sido arrestado el pasado 26 de mayo en Puerto Plata, tras ser declarado en rebeldía por no acudir a las audiencias de una demanda presentada en su contra por el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara.
En su contra pesan varias querellas adicionales, entre ellas una del empresario Gutiérrez Almonte, el comunicador Vargavila Riverón, la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán (a quien ofreció disculpas públicas) y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Las acusaciones incluyen presunta extorsión, chantaje, injuria pública, difamación, y delitos tecnológicos, en lo que las autoridades describen como una operación sistemática de ataque mediático a través de canales digitales.
Presunto testaferro de Alexis Medina señala expelotero Sammy Sosa y hermano en caso de corrupción: “¿Y dónde están los Sosa?”
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Francisco Ramón Brea Morel, alias Johnny, acusado de participar en una presunta red de corrupción liderada por Alexis Medina, cuestionó este miércoles durante su declaración ante el tribunal por qué otras figuras presuntamente vinculadas al caso, como el expelotero de Grandes Ligas Samuel “Sammy” Sosa y su hermano José Sosa, no están en el proceso judicial.
“Me acusan a mí de haber hecho cosas en una compañía multimillonaria con contratos de 25 millones de dólares… ¿A mí me acusan? ¿Y dónde están los Sosa? Porque si vamos a ser objetivos y vamos a investigar, hay que traer a los Sosa aquí”, explicó.
Brea Morel, como gerente de General Supply Corporation S.R.L., de la cual los hermanos Sosa son socios es acusado de falsificar documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados.
En ese sentido, cuestionó que Sammy y José no estén en el expediente para que digan si él recibió algún beneficio producto de las supuestas falsificaciones. “Es lo lógico, digo yo”, enfatizó el imputado.
En la lectura de la acusación a los implicados en esta supuesta estafa al Estado por casi cinco mil millones de pesos, en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se detalló la forma en que supuestamente la empresa de Sammy Sosa participó con Alexis Medina en un contrato para el suministro de cemento asfáltico durante la gestión en Obras Públicas del excandidato presidencial Gonzalo Castillo.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, en el proceso de facturación falsa de la entidad intervenía Alexis Medina, quien aunque no figuraba en la composición accionaria tenía el control de la entidad. Todos los pagos y gastos operativos eran autorizados por este a través de Wacal Vernabel Méndez Pineda.
El órgano acusador coloca que Medina mantenía dominio absoluto del proceso de despacho y facturación del AC-30, a través del coacusado Francisco Ramón Brea (a) Johnny Brea quien se encargaba del control de las operaciones de la empresa en el muelle de Boca Chica y este informaba a Alexis de todas las incidencias.
El hermano del expresidente Danilo Medina también habría ordenado a Brea Morel la falsificación de los conduce de la operación de los quinientos mil (500,000.00) galones de AC-30 que fueron pagados a la acusada General Supply Corporation, S.R.L., por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), mediante el libramiento No. 1862 de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), por un monto de sesenta y ocho millones, ochocientos veintiocho mil quinientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos (RD$68,828,524.40), de los cuales se realizó una experticia caligráfica que dio como resultado que las firmas de los chóferes resultaron ser falsificadas.
Este proceso judicial que involucra además de los imputados mencionados a otros exfuncionarios, es conocido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y se encuentra en su fase final.
