Santo Domingo.– El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso este martes grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción contra el comunicador Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, acusado de difamación e injuria en perjuicio del empresario Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional.
Martínez fue arrestado el pasado domingo tras la presentación formal de la querella por parte de Gutiérrez Almonte, quien también lo acusa de violar la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El comunicador, quien dirige el canal digital “Detective Ángel”, acumula más de seis querellas por delitos similares y enfrenta actualmente dos procesos judiciales en curso.
En uno de los casos más recientes, se le atribuye haber calificado públicamente al ciudadano Reyes Mendoza como narcotraficante, durante una transmisión realizada el 20 de mayo.
En ese mismo espacio, emitió declaraciones contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, según consta en la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Martínez ya enfrenta una medida de coerción anterior, por una querella presentada por el diputado Sergio Moya (Gory), también por presunta difamación, la cual incluye presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público investiga si los contenidos emitidos por el comunicador constituyen parte de una conducta sistemática de difamación pública a través de medios digitales, lo que podría derivar en mayores consecuencias judiciales.
El Ministerio Público allana propiedad de mujer vinculada a red de narcotráfico y lavado de activos
Blanca Bautista, vinculada a una red de narcotráfico, enfrenta cargos en EE.UU. y RD. Las autoridades se incautaron de 243 paquetes de cocaína en un operativo en María Trinidad Sánchez.
Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público, en un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con la colaboración internacional de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), incautó diversas evidencias documentales durante un allanamiento realizado en una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), quien está vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos.
Durante el allanamiento del inmueble ubicado en el Distrito Nacional, los fiscales de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incautaron documentos que vinculan a la acusada con la red. Estos documentos permiten fortalecer los cargos contra los miembros de la organización criminal procesados en República Dominicana.
Bautista Martínez, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por narcotráfico en el Distrito Sur de Florida, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 27 de mayo.
La acusada, vinculada a una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, con ramificaciones en la provincia María Trinidad Sánchez, también tiene conexión con otros imputados, incluido Omar Ortiz Mosquea, quien está pendiente de audiencia preliminar.
El Ministerio Público indicó que al grupo criminal se le incautaron doscientos cuarenta y tres (243) paquetes de un polvo blanco, que resultó ser cocaína clorhidratada, con un peso total de doscientos cincuenta coma cincuenta y ocho kilogramos (250,58 kg), durante un allanamiento a propiedades de la red, realizado en el municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, el 20 de febrero de 2023.
Bautista Martínez ya había cumplido una condena de cinco años de prisión, con dos años suspendidos, que le fue impuesta el 12 de diciembre de 2019 mediante la sentencia núm. 249-04-2019-SSEN-00221, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y el fiscal investigador Luis Alberto García explicaron que las unidades del Ministerio Público continúan ampliando la investigación con el fin de identificar y procurar sanciones penales contra todos los miembros de la mencionada estructura criminal en el proceso judicial que se lleva a cabo en su contra en los tribunales del país.
