La investigación de la DGCP reveló prácticas anticompetitivas y adjudicaciones a empresas sin el rubro correspondiente en su RPE; solo 12 suplidores han ejercido su derecho de defensa.
SANTO DOMINGO.–La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República abstenerse de registrar o aprobar pagos vinculados a más de 150 contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), como parte de tres procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar.
La medida fue adoptada mientras se esperan los resultados de una investigación de oficio iniciada por la DGCP, que detectó indicios de irregularidades en las licitaciones públicas nacionales núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
El órgano rector informó que el pasado 15 de mayo remitió a la Contraloría una comunicación con hallazgos preliminares que identifican a los proveedores involucrados en presuntas irregularidades. Estos contratos, señaló la DGCP, no deben ser registrados ni pagados hasta que se emitan decisiones finales.
Entre los hallazgos figuran prácticas anticompetitivas como la colusión, conflictos de interés entre empresas adjudicatarias y discrepancias en los domicilios registrados por los oferentes.
Asimismo, se identificaron adjudicaciones a empresas sin el rubro correspondiente en su Registro de Proveedores del Estado (RPE), inconsistencias en los criterios de evaluación, falta de claridad en los pliegos de condiciones y posibles omisiones en la publicación de información del proceso.
La DGCP detalló que entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025 notificó a los proveedores adjudicados su derecho a iniciar un procedimiento de investigación para defender sus contratos. Hasta la fecha, solo 12 suplidores han ejercido su derecho de defensa.
“Vencidos los plazos para recibir los escritos de defensa esta Dirección General cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para dictar los resultados preliminares de las investigaciones y notificar a la institución (Inabie), los funcionarios y las demás partes involucradas para que presenten sus argumentos definitivos de defensa, conforme lo dispone el artículo 224 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 416-23”.
La DGCP anunció que en los próximos días emitirá los actos administrativos que contienen los resultados preliminares.
De forma paralela, la Dirección General de Contrataciones Públicas trabaja en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en una investigación especial. Esta colaboración incluye entrevistas a personal de Inabie, peritajes e intercambio de información relevante del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
El objetivo es identificar posibles responsabilidades de los actores involucrados en los procesos licitatorios bajo escrutinio.
INABIE aclara investigación sobre utilería escolar fue solicitada por la institución a Compras y Contrataciones
En febrero, el INABIE denunció a nueve empresas por prácticas anticompetitivas y alteración de documentos, pidiendo investigar y sancionar, reafirmando su compromiso con la transparencia y legalidad.
Santo Domingo.- En consonancia con el principio de transparencia y rendición de
cuentas que caracteriza a la actual gestión, la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional
de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó este martes que fue esta institución la que
solicitó la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del
Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) en el proceso de
contratación de la utilería escolar.
A través de una nota de prensa, el INABIE enfatizó que, durante la licitación, que ha
motivado dos reportajes en el Informe con Alicia Ortega, identificó indicios de posibles
actos anticompetitivos, así como la presentación de documentos alterados o falsos por
parte de algunas empresas participantes.
En ese sentido, en el mes de febrero, la institución remitió un informe a Pro-Competencia
para que investigue a nueve empresas ante la sospecha de prácticas que podrían afectar
la libre competencia en perjuicio de otros oferentes.
Asimismo, en ese mismo mes, solicitó a la DGCP la inhabilitación definitiva del Registro
de Proveedor del Estado (RPE) de cinco compañías, por detectarse falsedad y
adulteración de documentos, hallazgos que fueron posibles gracias a los procesos de
debida diligencia llevados a cabo por el INABIE.
Suspende peritos y reitera solicitud a órganos rectores
En abril, tras la publicación de un reportaje de investigación, la Dirección Ejecutiva reiteró
su solicitud de investigación a la DGCP y a Pro-Competencia, abarcando el proceso de
contratación de todas las empresas participantes. Como medida adicional, suspendió la
firma y certificación de contratos con las compañías señaladas y ordenó la suspensión
de todos los servidores públicos que participaron en dicha licitación.
El INABIE reitera su disposición a colaborar plenamente con todos los organismos de
investigación, con el firme objetivo de garantizar la legalidad y transparencia en todos y
cada uno de sus procesos, así como su compromiso de acatar las decisiones de las
instituciones rectoras.
