Al menos tres agencias federales de Estados Unidos estuvieron involucradas en la desarticulación de una red de lavados de activos provenientes del narcotráfico, investigada por el Ministerio Público dominicano bajo el nombre Operación FM y que la semana pasada concluyó con condenas de hasta 20 años para sus siete imputados.

Una publicación de la embajada estadounidense indica que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU), del Departamento de Seguridad Nacional y la División de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), participaron en desmantelar la trama que operaba desde República Dominicana con vínculos internacionales, principalmente en Estados Unidos.

En el mensaje, publicado este viernes poco más de una semana después de que le dictaran condenas a los implicados, la embajada estadounidense dijo celebrar la colaboración con el Gobierno dominicano en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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La embajada señaló que las agencias estadounidenses colaboraron con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD “logrando sentencias de hasta 20 años por lavado de activos“.

Exfuncionarios vinculados en el caso

El miércoles 16 de abril el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste condenó a los siete implicados en la red de lavado de activos con penas entre ocho y 20 años, así como compensación económica de hasta 300 salarios mínimos.

 Juan Gabriel Pérez Tejada, considerado como la cabecilla de la red, fue condenado a 20 años de prisión. El exdirector de Migración en Santiago y exfuncionario del PLD, Juan Isidro Pérez de la Rosa (Padre de Pérez Tejada), recibió una condena de 15 años de prisión y 12 años para Rolando Miguel Reyes Javier, los dos últimos considerados por la fiscalía también como “principales integrantes” de la trama.

Gladys Sofía Azcona de la Cruz, exdiputada del PLD y viceministra de Trabajo, también fue condenada a ocho años de prisión, al igual que su hijo Ramluis Mejía Azcona, quien fue condenado por su papel de ocultar y transportar grandes sumas de dinero desde Estados Unidos hacia el país.

También fueron condenadas a 10 años de prisión Anabel Altagracia Sánchez Santana (esposa del cabecilla) y Dyna Madison Noguera Polanco.

Las condenas constituyen el tramo final de un caso que inició formalmente en marzo de 2022, cuando la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos realizaron allanamientos simultáneos en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, después de que en agosto de 2020 se hallaran 4.3 millones de dólares camuflados en bocinas dentro de un contenedor.

• Durante el operativo de 2022, el Ministerio Público ocupó más de un millón de dólares en efectivo, 760 mil pesos, 13 vehículos de lujo incluyendo un Ferrari y dos Porsche, y múltiples evidencias relacionadas con el lavado de dinero.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió al comunicado emitido este jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados y afirmó que el país respeta los derechos humanos.

A la vez reafirmó el derecho de la República Dominicana como estado soberano independiente a aplicar sus propias leyes migratorias.

“República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente”, cita el comunicado emitido desde el Mirex.

Sobre las deportaciones

El Gobierno dijo que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, “con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos”.

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“La grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que afecta a Haití ha generado un incremento sostenido en la presión migratoria hacia nuestro país, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo. La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable del Estado dominicano”, abunda el documento.

La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.

Diálogo franco y respetuoso

Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.

“Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio”, resalta el Gobierno.

El pasado lunes, las autoridades implementan un nuevo protocolo de control migratorio en los hospitales del país, en el que exige a los pacientes documentación y prueba de residencia.

Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.

Las personas que no cumplen los requisitos son atendidos en emergencia y luego detenidos por agentes de Migración, que procede con su deportación.

En el primer día, las autoridades deportaron a 135 migrantes haitianos, en el grupo había 48 embarazadas y 39 mujeres recién paridas.

La medida ha sido criticada por organismos internacionales y el gobierno haitiano, que consideran, que vulnera derechos humanos.

Amnistía y secretario de la ONU se pronuncian

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.

Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.

“(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros”, afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.