Day: June 20, 2024

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) está desprovista de la facultad sancionadora que amerita para garantizar el control y buen funcionamiento de la seguridad privada en la República Dominicana, según afirmó el asesor jurídico de la institución, Virgilio Solano, en un estudio de grado de la Universidad de la Tercera Edad.

En la actualidad las compañías de vigilantes privados operan bajo el decreto 1128-03, que crea la SVSP y que manda a crear el reglamento de operación, sin embargo, Solano explicó que el 11 de marzo del 2004 fue aprobado un reglamento mediante el decreto 216-04, pero ese mismo año ese reglamento fue derogado, por vía del decreto 776-04, del 9 de agosto de 2004.

Según consta en la tesis de grado de referencia, de la autoría del licenciado en Derecho Yonatan Hernández, Solano dijo que, sin el óptimo funcionamiento del órgano regulador, crece la informalidad y la operación ilegal, lo cual lleva a la existencia de compañías no reguladas que contratan personal sin ningún criterio.

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“Aquí nos vemos ante una gran debilidad del sistema, que abre la posibilidad de que delincuentes y militares con bajas deshonrosas puedan ingresar a esas compañías no reguladas y estas servir de canal indirecto para introducirlos a los hogares y empresas privadas que contratan estos servicios”, se expresa en el estudio de investigación realizado el pasado año.

En la tesis dice que Solano se refirió también a un proyecto de ley que cursa en el Senado sobre seguridad privada del que consideró que si se convierte en ley brindaría un carácter institucional a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que actualmente es una dependencia del Ministerio de Defensa.

Entiende que, con la aprobación de la ley, los marcos de acción, tanto del Ministerio de Interior y Policía y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quedarían delimitadas y definidas.

Control de las armas. En la tesis, figuran las explicaciones sobre el particular del director de Registro y Control de Portes y Tenencias de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía, Sterling Pérez, quien confirma lo establecido en la Ley 631-16 en el sentido de que es una obligatoriedad del MIP entregar las licencias de las armas de fuego a las empresas de seguridad.

En la tesis Pérez aclara que el Ministerio de Interior y Policía no cuenta con el alcance regulatorio en cuanto al control interno y seguimiento de a quienes se les asignan estas armas, pues esa parte es competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Dijo que Interior y Policía emite una certificación y mantiene contacto directo de forma permanente con la compañía de seguridad para validar la veracidad y autenticidad de esta, y para verificar que dicha compañía se encuentre en cumplimiento formal de todos los requisitos.

Preocupación por los horarios. El asesor en materia de seguridad privada, Juan Pablo Tavarez Placencia, señala que uno de los problemas que enfrentan los vigilantes privados es el tema de las jornadas de trabajo que son “extensivas y abusivas”.

Dice que en estudios realizados el cuerpo humano comienza a cambiar después de 10 horas de trabajo, al crearse estrés, fatiga y cansancio, con lo que bajan los reflejos necesarios para desarrollar su labor.

Otros aspectos que señala son que los vigilantes son ignorados, no hay un criterio real en cuanto a la calidad del servicio y no hay una manera de compensación y beneficios.

Sobre la falta de entrenamiento para ingresarlos dijo que es un tema que se convierte en una especie de bola de nieve.

“Hay muchas empresas que no manejan criterios por asunto de ahorrar porque deben estar reciclando. Por ejemplo, pueden tener un cliente, pero le renunciaron dos y tienen que buscar de manera rápida y los entran, cuando el proceso es que deben ser evaluados, revisar sus antecedentes penales y entrenarlos, porque van a manejar un arma de fuego. También se le debe revisar la edad, porque se supone que no deben pasar de 65 años y hay de 70 trabajando”, expresó.

Abogó porque se legisle a favor de que se mejoren las condiciones de los vigilantes privados y el delicado trabajo que éstos realizan.

La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional adscrita a la Casa del Conductor solicitó, ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, prisión preventiva como medida de coerción contra Shakie Valentina Mujica Zapata, imputada por la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa Peralta, durante un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de julio en la autopista 30 de Mayo.

De acuerdo a la instancia depositada por el Ministerio Público, representado por las fiscales adscritas a la Fiscalía de la Casa del Conductor: Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, la imputada es acusada de muerte involuntaria, durante conducción temeraria o descuidada, haciendo uso de licencia de conducir extranjera. Además de evadir la responsabilidad del conductor frente a un accidente.

Dichos delitos son tipificados y sancionados en los artículos 303 (numeral 5), 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

De acuerdo al Ministerio Público, el hecho se registró el pasado 15 de julio, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando la imputada Shakie Valentina Mujica Zapata transitaba, a alta velocidad por la autopista 30 de Mayo, próximo a la Dirección General de Pasaporte, del Distrito Nacional, zona en la embistió al peatón Julio César de la Rosa Peralta, quien perdió la vida inmediatamente.

El documento además establece que, tras el atropello, la imputada abandonó a la víctima y no le prestó asistencia, conforme la normativa establece, con el agravante de haber dado declaraciones falsas y de manera tardía ante el Plan Piloto y posteriormente en la Casa del Conductor.

Dentro de las pruebas, que sustentan dicha solicitud, está el acta policial, la certificación de defunción de la víctima, copia de la matrícula del vehículo tipo jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe Sport, año 2018, a nombre de la imputada, testimonios y otras pruebas documentales.

La medida de coerción solicitada se sustenta en que la imputada no tiene arraigo en el territorio nacional que garantice la presentación en el proceso judicial, así como el peligro de fuga existente, ya que Shakie Valentina Mujica Zapata es de nacionalidad venezolana y se encuentra de manera ilegal en el país, ya que su pasaporte venció en agosto del 2022.

Será este jueves 20 de junio, a las 9:00 de la mañana, cuando el Sexto Juzgado de Paz de la Casa del Conductor decida sobre la presente solicitud.

Los atracos, robos y otras raterías, cometidos alegadamente por jóvenes llegados de otros pueblos, mantienen en zozobra a la población puertoplateña que no está acostumbrada a lidiar con ese tipo de delito.

Existe la percepción que “estamos sometidos en los últimos meses a un aumento de las acciones del latrocinio en nuestra ciudad”, dijeron a los periodistas personas ligadas a las actividades empresariales, comerciales, hoteleras, turística y la economía informal, las cuales pidieron reservas de sus nombres, pero solicitaron de la Policía destacada en Puerto Plata, «actuar con manos dura contra aquellos que fomentan la delincuencia en nuestro destino».

El fin de semana último se produjeron unos siete robos selectivos, afectando las residencias de importantes empresarios, funcionarios del Gobierno y representantes o líderes de la sociedad civil.

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De esas viviendas, ubicadas la mayoría en lujosos y exclusivos residenciales, entre ellos Bayardo, Tall Hill, Los Morales, en los cuales funcionan un estricto control de seguridad.

De allí los delincuentes cargaron con dinero, prendas de vestir y equipos de sonido, entre otros objetos. Una parte ha sido recuperado por investigadores de la Policía, pero los restantes aún se desconoce donde ha ido a parar.

Varios de estos robos han sido captados en cámara de seguridad en el momento en los llevaban a cabo, entre ellos uno que se efectuó en la residencia del empresario Juan Carlos Morales Plà (Juan Carlito), localizada en el sector El Teleférico, en el que un sujeto que anda prófugo cargó con televisores plasmas y computadoras laptop.

El director Regional Norte de la Policía .con asiento en Puerto Plata, general Jorge Luis Galán Guerrero, aseguró que la institución bajo su mando «Jamás permitirá que la paz y tranquilidad que siempre ha gozado la Novia del Atlántico se violente porque unos pocos antisociales quieren que esto suceda».