
El senador demócrata Tim Kaine advirtió que, de confirmarse los hechos, se trataría de “una violación de las leyes de guerra”
El presidente Donald Trump aseguró este domingo que confía plenamente en que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no emitió una orden verbal para matar a todos los tripulantes de una embarcación sospechosa de traficar drogas en el mar Caribe, durante una operación militar ocurrida en septiembre.
Trump dijo que Hegseth le negó haber dado tal instrucción. “Me dijo que no dijo eso, y le creo al 100 %”, afirmó el mandatario.
La controversia surgió luego de un reportaje de The Washington Post, que reveló que un dron mostró a dos sobrevivientes de una tripulación de 11 personas aferrados a los restos de su lancha tras un primer ataque con misiles el 2 de septiembre.
Según el medio, para cumplir una orden verbal de “matar a todos”, el comandante de Operaciones Especiales habría ordenado un segundo ataque que mató a los dos sobrevivientes, citando a fuentes con conocimiento directo de la misión.
Trump calificó el segundo ataque como innecesario. “Yo no habría querido eso. El primer ataque fue muy letal. Estuvo bien”, declaró, al tiempo que aseguró que investigará el caso.
Tras el reportaje, Hegseth defendió las operaciones en X, afirmando que los ataques son “letales y cinéticos”, que los traficantes abatidos están vinculados a organizaciones terroristas y que las acciones militares son “legales”.
¿Qué medidas se han tomado en respuesta a la controversia?
La administración Trump ha justificado su campaña en el Caribe —que supera los 80 muertos— bajo el argumento de que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado no internacional” contra narcotraficantes. Un memorando clasificado del Departamento de Justicia sostiene que los militares no enfrentarían futuras acusaciones penales por estas operaciones.
El tema ha provocado reacciones inmediatas en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos exigen aclaraciones. Comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado anunciaron que ampliarán su escrutinio y solicitarán toda la documentación relacionada.
El senador demócrata Tim Kaine advirtió que, de confirmarse los hechos, se trataría de “una violación de las leyes de guerra” y potencialmente de un “crimen de guerra”. El republicano Michael Turner coincidió en que sería “un acto ilegal” y lamentó que la Casa Blanca no haya entregado información adicional al Congreso.
¿Cómo se justifica la campaña militar en el Caribe?
Mientras tanto, expertos en derecho internacional y exabogados militares han advertido que la campaña podría ser ilegal, ya que los presuntos traficantes no representan una amenaza inminente para Estados Unidos ni están en un conflicto armado formal con el país.
Un grupo de exjueces militares sostuvo que, según el derecho internacional, los sobrevivientes debieron haber sido protegidos y tratados como prisioneros de guerra, no atacados nuevamente.
Los señalamientos mantienen bajo presión al Pentágono y al secretario Hegseth, cuyas decisiones durante la operación de septiembre siguen bajo intenso escrutinio.
Casa Blanca dice que fue un almirante que ordenó segundo ataque a embarcación cerca de Venezuela
El Congreso se dispone a investigar un posible crimen de guerra por el ataque

La Casa Blanca dio a entender este lunes que EE. UU. ejecutó un segundo ataque a supervivientes de un primer bombardeo contra una lancha con presuntos vínculos con el narcotráfico en septiembre en el Caribe, pero insistió en su legalidad y exoneró de cualquier responsabilidad al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un momento en el que el Congreso se dispone a investigar un posible crimen de guerra.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó como “verdadera” la afirmación de que Hegseth no dio la orden directamente, al ser consultada hoy por un periodista en una rueda de prensa.
Luego leyó un comunicado en el que la Administración sostiene que el controvertido ataque, revelado por The Washington Post, “tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados”.
“El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos“, leyó Leavitt.
- “El almirante Bradley actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América”, añadió.
El almirante
Frank Bradley es un almirante de la Armada estadounidense que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.
The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del 2 de septiembre, en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta lancha vinculada con el narcotráfico, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.
Leavitt, que consideró falsas las informaciones del diario, se limitó a leer de nuevo el mencionado comunicado al ser preguntada sobre qué ley autoriza a no dejar supervivientes.
La portavoz subrayó que la razón por la que el Pentágono está atacando estos barcos en el Caribe y el Pacífico se debe a que “esta Administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras”.
“El presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos, y eso es lo que está haciendo esta administración”, concluyó.
Varios comités de peso del Congreso están desde hoy intensificando la supervisión, enviando solicitudes de información y preparando revisiones para los próximos días en relación al mencionado ataque.
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