El crecimiento vertical de las grandes ciudades de República Dominicana es innegable. También lo es, lamentablemente, el auge de las estafas inmobiliarias, un fenómeno que se multiplica y se vuelve más sofisticado cada día.

Convertir en realidad el derecho fundamental de tener un techo se ha transformado en una auténtica pesadilla para muchos. Promesas vacías, contratos manipulados, documentos falsos y estructuras empresariales diseñadas para engañar son, tristemente, el pan nuestro de cada día.

Aquí puede pasar de todo. Y, de hecho, pasa. La historia no es nueva. Las estafas inmobiliarias en República Dominicana tienen raíces profundas, pero lo que preocupa hoy es su escalada y organización. Cientos de ciudadanos —en su mayoría dominicanos que residen en el extranjero— caen víctimas de una maquinaria implacable.

¿Cómo operan estas redes? Promueven proyectos que jamás se materializan. Apenas levantan el primer bloque o colocan una valla publicitaria, y ¡zas!, lanzan el anzuelo al mar de ilusiones. El resultado es devastador: compradores que terminan sin propiedad… y sin dinero.

Estas estructuras delictivas están lejos de ser improvisadas. En muchos casos, solicitan sumas considerables para el «enganche» inicial, que luego desaparecen con vendedores ficticios, sociedades fachada o representantes que huyen cuando el engaño se hace evidente.

Testimonios que duelen

Elvis Reyes soñaba con su retiro tras 32 años como camionero en Nueva York. “Me imaginaba sentado con los pies sobre una mesita, viendo el mar desde mi balcón”, recuerda. Pero su sueño se convirtió en una pesadilla. Parte de sus ahorros de toda una vida se esfumaron en una estafa.

Su objetivo era adquirir un apartamento en la Avenida España, Santo Domingo Este. El proyecto: Torre Riviera Tower. El contacto: “Raily”, supuesto vendedor de la empresa Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), propiedad de Enmanuel Rivera Ledesma. Ahí comenzó su calvario.

“Me pidió cinco mil dólares para el enganche y me dijo que el apartamento estaría listo en dos años y medio. Tenía que enviar 1,300 dólares mensuales hasta completar los 60 mil del inicial. La propiedad costaba 180 mil dólares”.

Todo era un engaño. Cuando estalló el escándalo del caso conocido como “Operación Nido”, Elvis ya había entregado 15 mil dólares. Ahora espera que la justicia, al menos, logre recuperar parte del dinero.

Raphy, otro dominicano residente en EE.UU., también cayó en la trampa. Con 50 años de trabajo duro y en espera de un trasplante de riñón, planeaba retirarse en su tierra natal.

“Pasé por la Avenida España, me interesó el proyecto. Busqué una abogada, me dijo que todo estaba en orden. Procedí con el vendedor”.

Pagó cinco mil dólares por la separación de la vivienda y desembolsó más de 23 mil en cuotas. “Me di cuenta del fraude al ver por televisión al dueño del proyecto defendiéndose de acusaciones. Ahí supe que estaba en problemas”.

Encabezada por Enmanuel Rivera Ledesma, hoy preso, la “Operación Nido” reveló una estructura delictiva conformada por sus dos hijos, su hermana, esposa y otros implicados. Desde 2019, esta red captaba víctimas —principalmente dominicanos en el exterior— promocionando proyectos inmobiliarios que nunca se concretaban, valiéndose de maniobras fraudulentas y manipulaciones contractuales.

De planos a pesadilla

Otra forma de estafa frecuente es la falsificación de documentos para simular propiedades inexistentes. Se usan fotos y datos reales de otras construcciones, y se elaboran campañas de mercadeo falsas para atraer incautos.

Las redes sociales han multiplicado el alcance de estos fraudes. Proyectos de lujo que nunca llegan a construirse, garantías falsas, materiales de mala calidad… todo encaja en una estafa que cambia de cara, pero no de esencia.

Caso Rodos vs Familia Banks

La Constructora Rodos —propiedad de los ingenieros Samir Rodríguez Molina y Guido José Rosario Rodríguez— es protagonista de otra historia de abuso. El conflicto se origina en la compra de un apartamento en Evaristo Morales, Distrito Nacional.

Carol Banks, residente en el extranjero, explica que en 2019 firmaron contrato por un apartamento en planos por US$134,500. “Pagamos conforme al acuerdo. Luego, la constructora impuso unilateralmente un aumento del 30% alegando subida de materiales por la pandemia, aunque la obra ya estaba terminada”.

Rechazaron el aumento y Rodos prometió devolver el dinero. La familia acudió a Pro-Consumidor, que emitió resolución a favor de los compradores. Pero la empresa la ignoró, alegando que solo un tribunal podía obligarla.

Entonces, Rodos interpuso un recurso para anular la resolución, lo cual fue acogido por un juez. Simultáneamente, demandaron a la familia Banks y depositaron US$56,000 en pesos dominicanos en la DGII como “oferta real de pago”.

La familia contrademandó. A pesar de que el caso sigue en litigio, Rodos vendió el apartamento a un tercero por US$232,800, lo que podría constituir fraude procesal. La jueza Argelia Sención, de la Quinta Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional, tiene ahora la última palabra.

Este caso expone la fragilidad del sistema legal en la defensa del consumidor inmobiliario en el país. La anulación de la resolución de Pro-Consumidor, la negativa a negociar y la venta de un inmueble en litigio son señales claras de un esquema de fraude civil y contractual.

Además, el contrato no incluía cláusulas de incremento y el supuesto aumento se calculó sobre el monto total, no sobre el saldo pendiente.

Operación Guepardo: otro escándalo

En diciembre de 2024, la Procuraduría General reveló otra red criminal vinculada a la Constructora Rodos, esta vez bajo el nombre Novasco Real Estate. Vendieron apartamentos de lujo en La Romana y Bávaro que nunca fueron construidos.

El fraude dejó 119 víctimas —en su mayoría dominicanos ausentes— y pérdidas que superan los US$18 millones. El canadiense Yves Alexandre Giroux, cabecilla de la red, guarda prisión preventiva de 18 meses. El caso fue bautizado como “Operación Guepardo”.

¿Qué hacer ante esta avalancha de fraudes?

Aunque la narrativa dominante suele tratar estos casos como delitos civiles o fraudes individuales, muchos expertos alertan que los esquemas más complejos podrían calificarse como crimen organizado económico.

El abogado Miguel De La Rosa explica que “cuando hay múltiples personas, roles distribuidos, uso de empresas fachada, suplantación de identidad, y captación de grandes sumas a través de engaños estructurados, estamos ante algo más que simples estafas. Es una industria del fraude”.

La propuesta es una reforma legal que eleve las penas por este tipo de delitos, sobre todo cuando las víctimas son personas vulnerables o residentes en el extranjero. “Un dominicano que trabaja 20 años fuera del país para volver con lo suyo no puede ser estafado por un grupo que apenas enfrenta dos años de prisión”.

La asesoría legal no es una opción: es una necesidad. La prevención es la primera defensa contra las estafas. Así lo afirma el abogado especialista en derecho inmobiliario Héctor Alies, quien insiste en que cada transacción debe ser evaluada con lupa.

“Es imprescindible conocer quién está vendiendo. ¿Es una persona física o una empresa? ¿Tiene historial? ¿Está legalmente registrada?”, cuestiona.

Además, se debe solicitar una certificación del estado jurídico del inmueble ante el Registro Inmobiliario, para verificar si existen cargas, gravámenes, litigios o anotaciones de cualquier tipo.

Otro paso vital: confirmar que el título de propiedad tiene su serial correspondiente y proviene de un registro válido.

Alies recomienda especial cuidado con los intermediarios y transacciones en efectivo. “No se debe firmar ningún documento sin revisión previa de un experto”. Solo un profesional sabrá verificar si la propiedad está sujeta a procesos legales o si presenta irregularidades catastrales.

“Las capas cartográficas y la ubicación real del inmueble también deben ser revisadas con agrimensores. Hay estafadores que muestran una propiedad… y venden otra totalmente distinta”, alerta.

A nivel fiscal, recomienda verificar en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) si existen deudas asociadas al inmueble. En proyectos en condominio, también hay que revisar permisología municipal, licencias del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Turismo, según corresponda.

Todo esto forma parte de un proceso de “compliancia inmobiliaria”, destinado a asegurar que la operación cumple con las normas vigentes y no expone al comprador a riesgos innecesarios.

Y aunque no existe aún un registro específico de agencias inmobiliarias, las que operan legalmente deben tener licencia del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

Además, es recomendable elegir empresas afiliadas a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), y formalizar la compra mediante escritura pública, inscripción registral y, preferiblemente, a través de fideicomisos inmobiliarios bajo la Ley 189-11 sobre Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso.

¿Qué se está haciendo?

La Procuraduría ha emprendido algunas acciones destacadas —como las Operaciones Nido y Guepardo—, pero para muchos resulta insuficiente. Diversos sectores exigen una fiscalía especializada en delitos inmobiliarios, un registro único de empresas del sector y un sello de cumplimiento legal obligatorio para nuevos proyectos.

Acoprovi, por su parte, ha lanzado campañas informativas y se muestra abierta a colaborar en un sistema de alertas para proyectos sospechosos. “Queremos proteger tanto al comprador como al constructor honesto. Este tipo de estafas nos afectan a todos”, declaró su presidenta, Annerys Meléndez, durante un foro reciente.

El tortuoso camino legal de la víctima

Una vez consumada la estafa, comienza un proceso largo y extenuante. Aun así, el doctor Alies mantiene una perspectiva esperanzadora: con buena representación legal y documentación, hay margen para recuperar parte de lo perdido.

En lo penal, el artículo 405 del Código Penal dominicano tipifica claramente la estafa:

“Es culpable de estafa toda persona que, valiéndose de nombres y calidades supuestos o empleando manejos fraudulentos, dé por cierta la existencia de empresas falsas, créditos imaginarios o poderes que no tiene, con el fin de estafar parcial o totalmente capitales ajenos”.

Esto incluye a quienes reciben dinero mediante engaños, usando nombres falsos o creando empresas ficticias.

No obstante, la pena por este delito es de apenas 6 meses a 2 años, sin perjuicio de la devolución del dinero ni de los daños y perjuicios civiles. Esta brecha entre el daño causado y la pena efectiva es una de las grandes críticas al sistema legal actual.

El vacío emocional y económico

Las consecuencias de estas estafas no se quedan en el plano financiero. Según datos del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), cada vez es más frecuente atender a personas afectadas emocionalmente por fraudes inmobiliarios.

«El trauma no es solo por el dinero. Es por el sueño roto, la pérdida de identidad cultural que implica regresar al país con una frustración, no con un logro».

Muchos dominicanos en el exterior ven la compra de una propiedad como una manera de reconectar con su tierra, de dejar un legado, o de brindar seguridad a los suyos.

Cuando esto se desvanece, el golpe es profundo. “Hay casos de ansiedad, depresión, rupturas familiares. La estafa inmobiliaria es también un problema de salud mental”.

El impacto de estas estafas también daña la imagen del país y afecta la economía. Inversionistas legítimos, especialmente del exterior, se retraen al ver noticias de fraudes impunes o penas mínimas.

“La seguridad jurídica no es solo un requisito legal. Es una condición para atraer capital”, sostiene el economista Luis Espinal. “Cuando un país aparece en reportes internacionales por prácticas abusivas en su sector inmobiliario, pierde atractivo. Es como manchar la reputación del pasaporte financiero”. La confianza se pone en juego.

Crecen las construcciones… y las estafas también

Tanto Acoprovi como la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecom) han reconocido que la venta de viviendas ha disminuido notablemente, y parte de esa merma se debe al impacto de las estafas y su eco mediático.

El crecimiento del sector construcción en República Dominicana ha sido constante, aunque no exento de altibajos. El Banco Central reportó que, en 2024, la construcción fue una de las actividades económicas de mayor dinamismo, con un crecimiento del 4.9% en noviembre de ese año.

Sin embargo, en 2025, el panorama enfrenta nuevos retos: aumento del costo de los insumos, encarecimiento del financiamiento, y, sobre todo, desconfianza.

Aunque no existen cifras consolidadas sobre el número de agencias inmobiliarias en el país, sí se estima que el sector inmobiliario representa cerca del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), con una participación significativa de dominicanos residentes en el exterior.

El drama es claro: mientras el sector construcción sigue siendo un pilar económico, las estafas amenazan con erosionar su credibilidad y sostenibilidad.

Lo que debería ser una historia de progreso, de retorno a casa, de futuro familiar, se ha convertido para muchos dominicanos —sobre todo los ausentes— en un viaje al vacío.

La falta de regulación efectiva, la permisividad ante actores inescrupulosos, y un sistema judicial lento o complaciente, han abierto las puertas a un fenómeno que no solo roba dinero: roba esperanza, tranquilidad y hogar.

Combatir las estafas inmobiliarias no es solo una tarea legal. Es una urgencia social.