Keiko Fujimori registra 16,2% en el norte y 16,5% en Lima/Callao, consolidando su presencia en esas regiones
La encuesta de Datum tras el debate muestra que la lideresa de FP lidera el norte (16,2%), el candidato de Juntos por el Perú el centro (15,2%) y el exalcalde el sur (9,6%)
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, figura como la candidata con mayor respaldo en la región norte del país, según la más reciente encuesta de Datum realizada después del último debate presidencial y difundida este domingo por Cuarto Poder.
La hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 16,2% en el norte y 16,5% en Lima y Callao.
En la región centro, el legislador Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, concentra la mayor preferencia con 15,2% y también muestra presencia en el ámbito rural, donde registra 10,5%. Rafael López Aliaga, aspirante de Renovación Popular, encabeza en el sur con 9,6%, alcanza 17,4% en Lima y Callao y suma 13,2% en el segmento urbano.
Carlos Álvarez, representante de País para Todos, registra 8,6% en el norte y 8,0% en oriente, mientras que Alfonso López Chau, de Ahora Nación, se ubica con 10,7% en el centro y 7,8% en el sur. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, marca 7,9% en Lima y Callao y 6,4% en el ámbito urbano.
El estudio, realizado entre el 25 y 27 de marzo tras la primera ronda de debates televisados y con 2.000 entrevistas presenciales a nivel nacional, coloca a Fujimori a la cabeza de la intención de voto con 13%, por delante de López Aliaga, quien llega a 11,7%.
Álvarez, por su parte, avanza al tercer lugar en las preferencias electorales y supera a Alfonso López Chau y Jorge Nieto.
Datum indica que 12,3% de los encuestados elige otras candidaturas, mientras que las opciones ninguno, blanco o viciado suman 12,2%. El grupo indeciso representa 11,7%. La ficha técnica señala que el estudio abarcó zonas urbanas y rurales de todo el país, con personas de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza alcanza 95%.
Este sondeo coincide con otro realizado por Ipsos y difundido por Perú21, donde la lideresa de Fuerza Popular mantiene la ventaja con 11% de intención de voto para las elecciones del 12 de abril, frente al 9% que registra el exalcalde de Lima.
Alrededor de 27 millones de peruanos están llamados a votar el 12 de abril por presidente y dos vicepresidentes para el periodo 2026-2031, así como a los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
Sin embargo, es altamente probable que la elección presidencial se defina en una segunda vuelta el 7 de junio próximo.
Encuestas bajo sospecha: Denuncian pagos de 30 mil soles para inflar candidatos a dos semanas de las Elecciones 2026
Nuevas revelaciones fiscales y testimonios directos exponen un presunto esquema de manipulación de cifras y financiamiento ilícito que buscaría alterar la percepción de los electores en el tramo final de la campaña
A solo dos semanas de las Elecciones Generales 2026, el debate político en el Perú dio un giro drástico. La discusión ya no se centró únicamente en los planes de gobierno, sino en la integridad de la herramienta que debía servir de termómetro social: las encuestas. La reciente aparición de testimonios fiscales y denuncias públicas sugirió que el posicionamiento en los sondeos tuvo un precio, lo que transformó un ejercicio estadístico en una cuestionable herramienta de marketing.
Esta desconexión entre las cifras y la realidad contó con antecedentes que alimentaron la desconfianza. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pedro Castillo en 2021. A solo 16 días de los comicios, el candidato apareció en un lejano séptimo lugar con apenas 3% de intención de voto. Incluso una semana antes de la elección, se le mantuvo en la misma posición con un 6.5%. Sin embargo, el día de la votación, obtuvo el 18.9%, el triple de lo proyectado. Aunque este hecho generó fuertes cuestionamientos en su momento, son las declaraciones de los actuales candidatos las que hoy pusieron bajo la lupa la labor de las encuestadoras.
En el programa Beto a Saber, la candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, lanzó una acusación directa sobre una dinámica de presunta extorsión o lobby comercial disfrazado de estadística. “A mí me enviaron mensajes de que hay que pagar, pues, cada diez días una mini encuesta. Son unos 30 mil soles”, denunció la expresidenta de EsSalud. Según precisó, este pago sirvió para “entrar en la cancha real” y salir del anonimato del bloque de “otros”.
La candidata presidencial Fiorella Molinelli denuncia que recibió propuestas para pagar 30,000 soles cada 10 días a cambio de mejorar su posición en las encuestas de opinión. | Beto a saber
Esta postura fue secundada por otras figuras políticas que aportaron matices sobre cómo el dinero influyó en la percepción pública. Marisol Pérez Tello, por su parte, puso el foco en el financiamiento público. Criticó que la ley actual permitiera que el dinero de los impuestos —destinado originalmente a la formación de cuadros políticos— se desviara al pago de sondeos. “Hablamos de más de 35 millones de soles”, señaló, sugiriendo que los partidos con representación parlamentaria gozaron de una ventaja económica para “comprar” su permanencia en el radar electoral.
Sin embargo, el escándalo no se limitó a denuncias verbales. El semanario Hildebrandt en sus trece (H13) publicó detalles de un informe fiscal que reconstruyó un sistema de corrupción que operó desde hace años. El testimonio clave provino del abogado Horacio Cánepa, colaborador eficaz que detalló cómo se canalizó dinero de la constructora Odebrecht para manipular sondeos.
Según lo revelado, en la campaña municipal de 2010 se pagaron 10,000 dólares de origen ilícito a la encuestadora CPI para alterar cifras en favor de Lourdes Flores. La investigación indicó que este esquema se repitió en 2011 y 2016 para beneficiar a Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. El informe destacó un episodio crítico en 2016: el dueño de una encuestadora pidió detener los pagos porque “ya no se podía subir más puntos” a García Pérez sin que resultara inverosímil. Mientras los sondeos le daban un 7.6% días antes de la elección, el resultado real fue de apenas 5.83%.
Ante la gravedad de estas revelaciones, Ipsos Perú (antes Ipsos Apoyo) emitió un comunicado firmado por su presidente ejecutivo, Alfredo Torres, con el fin de deslindar de presuntas malas prácticas. En el documento, la empresa citó las propias declaraciones de Cánepa ante el Ministerio Público, quien señaló que Torres “no se prestaba a esos chanchullos” y que no recibió dinero por encuestas falsas. Ipsos sostuvo que todos sus estudios fueron bancarizados y facturados, bajo estrictos códigos de ética internacionales.
“Quienes trabajaron o trabajaron en Ipsos conocen que la integridad es un principio central de nuestra cultura. Nuestro trabajo se garantizó por la transparencia y la rigurosidad de cada estudio”, rezó el pronunciamiento, en un intento por salvaguardar el prestigio de la institución en medio de un escenario electoral convulsionado.
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