El regidor Edickson Herrera Silvestre, implicado en una red internacional de tráfico de cocaína.
El 5 de agosto de 2025 hay una audiencia en la que las partes deben confirman que están listas para el juicio
El juicio con jurado contra el regidor oficialista Edickson Herrera Silvestre, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense, está programado para el 11 de agosto y podría durar hasta dos semanas, según un documento judicial del Distrito Sur de Florida con fecha de junio.
El juicio también incluirá a José Eduviges Aponte Torres (alias Buby o Meano), quien es señalado como uno de los dos cómplices de Herrera Silvestre en una presunta red internacional de tráfico de cocaína.
En la acusación inicial, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida el 5 de marzo, también figura William Durán Jerez (alias el General).
Los acusados enfrentan tres cargos federales, todos vinculados a conspiraciones para distribuir, importar y traficar más de cinco kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos.
El juicio contra Herrera Silvestre y Aponte Torres iniciará a las 9:00 de la mañana del lunes 11 de agosto en el Palacio de Justicia Wilkie D. Ferguson, en Miami, según una orden publicada el pasado 6 de junio y firmada por la jueza Beth Bloom.
Edickson Herrera Silvestre fue elegido como regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional para el periodo 2024-2028,
Aplazamiento para analizar evidencia
Antes del 11 de agosto, se realizará una “llamada de calendario” el martes 5 del mismo mes, una audiencia en la que las partes deben confirmar si están listas para juicio y fijar fechas definitivas.
Una audiencia de “llamada de calendario” anterior estaba programada para el 10 de junio, pero la defensa solicitó aplazarla con el fin de tener más tiempo para revisar la evidencia.
En ese sentido, la moción también cuenta con la renuncia de Herrera Silvestre a su derecho a un “juicio rápido“, con lo que acepta voluntariamente que se retrase el proceso judicial.
Esto se debe a que la ley federal de Estados Unidos exige que los juicios ocurran en un plazo razonable para proteger los derechos del acusado.
En la moción se establece que la solicitud del aplazamiento “se hace en interés de la justicia y no con fines dilatorios”.
La fiscalía tenía hasta el pasado jueves 3 de julio para presentar una declaración de culpabilidad.
El funcionario, que se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 14 de mayo, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.
Edickson Herrera Silvestre está representado por Kevin T. Conway, miembro del Colegio de Abogados de Nueva Jersey y del Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, quien también presentó una moción para poder representar al acusado en Florida.
Los hechos que se le imputan al regidor y sus cómplices se remontan, según los fiscales, a mayo de 2020 y continuaron presuntamente hasta alrededor de noviembre de 2022, en el condado de Miami-Dade, la República Dominicana y otros lugares no especificados en el documento judicial.
Cadena perpetua
Los cargos presentados podrían derivar en penas de cadena perpetua, además de una multa máxima de 10 millones de dólares por cada imputado. La fiscalía solicita también el decomiso de cualquier bien adquirido directa o indirectamente con fondos del narcotráfico.
La acusación también establece que, de ser encontrados culpables, los acusados deberán ceder en favor de los Estados Unidos cualquier propiedad que constituya o se derive de las operaciones del delito, así como aquella que haya sido utilizada para su comisión.
El narcotráfico empapa al poder: los casos de lavado y drogas que involucran políticos criollos
Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, se convirtió en el primer legislador dominicano condenado por narcotráfico
Diario Libre
(FUENTE EXTERNA)
En los últimos cinco años, República Dominicana ha presenciado una preocupante conexión entre figuras políticas y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Al menos una decena de diputados, alcaldes, regidores y exfuncionarios han sido acusados formalmente, condenados o se encuentran bajo investigación por su presunta participación en redes vinculadas al crimen organizado, tanto a nivel local como internacional.
De ese conjunto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), actual partido oficialista, encabeza la lista de representantes señalados por las autoridades en casos de alto perfil.
Diputados bajo sospecha
La diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, es uno de los casos más emblemáticos. El Ministerio Público la acusa de haber sido la pieza clave para lavar más de 4,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico, fondos que estarían vinculados a su esposo y otros familiares también procesados desde 2020. Pilarte, entonces en funciones, fue enviada a juicio de fondo en 2023.
Otro nombre destacado es el del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, también del PRM, quien fue arrestado en Miami en 2021 y, tras declararse culpable, fue condenado a 16 años de prisión en 2024 por conspirar para traficar más de cinco toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
A ellos se suman los también diputados del PRM Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Féliz Féliz, investigados como parte de una de las mayores investigaciones antidrogas del país en las últimas décadas.
Se les vincula con estructuras de financiamiento político irregular y vínculos operativos con redes de narcotráfico transnacional.
Regidores y alcaldes en la red
El regidor del Distrito Nacional por el PRM, Edickson Herrera Silvestre, se entregó voluntariamente en mayo de 2025 a las autoridades estadounidenses tras ser acusado de conspirar para traficar cocaína hacia ese país. La acusación fue emitida por una corte federal de Florida, donde enfrenta tres cargos graves por narcotráfico internacional.
Otro regidor, Walky Cuevas Charles, del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), fue arrestado en septiembre de 2024. Se le acusa de formar parte de una red liderada por el presunto narco Junior Santos Restrepo. Según la acusación, Cuevas habría lavado cerca de 300 millones de pesos en los últimos diez años.
En el plano municipal, el exdiputado y director de distrito en Bayahíbe, Enriquillo Luis Brito, vinculado primero al PLD y luego al PRM, fue arrestado junto a su hijo en enero de 2025 por su presunta participación en la introducción de 9.8 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto Caucedo.
También fue extraditado en 2021 Erquidenio Balbuena Agueda, exalcalde de Las Galeras (Samaná), por cargos de tráfico de cocaína en Puerto Rico, donde enfrentó procesos judiciales por su presunta participación en una red de transporte de drogas por vía marítima.
Director municipal y otros también caen
Más allá de los cargos electivos, el narcotráfico también ha salpicado a otros estamentos del poder estatal. En 2020, Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas (Azua) y dirigente del PRM, fue extraditado a Estados Unidos.
En 2025, el general retirado William Durán Jerez, quien ocupó funciones de seguridad en instituciones públicas, fue acusado en una corte federal estadounidense de conspirar para distribuir cocaína.
Las autoridades lo identifican como uno de los supervisores logísticos de una red de tráfico hacia EE.UU.
Por último, en 2022, el excónsul dominicano en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, fue condenado a 15 años de prisión en Nueva York, tras admitir que utilizó su inmunidad diplomática para transportar cargamentos de cocaína por avión y barco.
Una tendencia que inquieta
De los casos documentados entre 2020 y 2025, al menos siete de los implicados han pertenecido al PRM, seguido por el PLD, el PRD y el BIS.
Aunque el oficialismo ha defendido que los casos son reflejo de un sistema de justicia independiente, la acumulación de nombres en las filas del partido gobernante pone en entredicho los filtros internos de los partidos políticos para depurar sus candidaturas y controlar el financiamiento electoral.
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