El magnate y exaspirante presidencial haitiano Pierre Reginald Boulos enfrenta la deportación de Estados Unidos tras ser acusado de violar las leyes de inmigración y ciudadanía de ese país, por supuestamente apoyar actividades de pandillas haitianas y omitir información sensible en su solicitud de residencia permanente.

“El Departamento de Estado determinó que la presencia o las actividades de Boulos en Estados Unidos podrían tener graves consecuencias para la política exterior estadounidense, lo que justifica la deportación“, señaló el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado emitido el pasado lunes.

Las justificaciones para la deportación

Tras una investigación, las autoridades estadounidenses concluyeron que el empresario haitiano “participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití”.

Además, alegan que Boulos, de 69 años, no reveló en su solicitud de residencia permanente legal que había participado en la formación de un partido político en Haití, identificado por las autoridades como el Movimiento para la Transformación y la Valorización de Haití.

Según el ICE, dicha organización fue remitida para su procesamiento por malversación de préstamos por la Unidad de Lucha contra la Corrupción del gobierno haitiano, “lo que justifica la deportación por este fraude“, subraya la agencia.

“El Departamento de Estado ha determinado que ciertas personas con estatus de residente permanente legal en EE. UU. han apoyado y colaborado con líderes de pandillas haitianas vinculados a Viv Ansanm, una organización terrorista extranjera haitiana”, indicó ICE.

“Estados Unidos no permitirá que personas disfruten de los beneficios del estatus legal en nuestro país mientras facilitan las acciones de organizaciones violentas o apoyan a grupos criminales terroristas en el extranjero”, sentenció.

ICE explicó que el Departamento de Seguridad Nacional puede solicitar la deportación de estas personas en virtud de la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite la deportación de un extranjero si se determina que su presencia en EE. UU. es contraria a los intereses de la política exterior o la seguridad nacional.

• Para el lunes pasado, Boulos se encontraba recluido en el Centro de Detención y Deportación del ICE.

Aunque el arresto ocurrió el 17 de julio, la información no trascendió hasta cinco días después, cuando ICE lo confirmó mediante un comunicado publicado en su página web.

“El 17 de julio, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a Pierre Reginald Boulos, residente permanente legal de Estados Unidos y ciudadano haitiano, por violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad, contribuyendo así a la desestabilización de Haití”, detalló ICE.

El caso fue investigado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. y la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Venezolano reclama USD 1.3 millones al gobierno de Trump por deportarlo a El Salvador

El venezolano, que reclama 1.3 millones por “lesiones”, fue liberado la semana pasada como parte de un canje de prisioneros entre Caracas y Washington

AFP

Washington – jul. 24, 2025

Un migrante venezolano deportado a una megaprisión de El Salvador presentó este jueves una reclamación administrativa, primer paso para una demanda contra el gobierno de Donald Trump, en la que exige 1.3 millones de dólares por daños, según la denuncia.

Neiyerver Adrián León Rengel, de 27 años, fue uno de los 252 migrantes venezolanos enviados en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador después de que Trump invocara una Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII contra miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Rengel el 13 de marzo, el día de su cumpleaños, en el estacionamiento de su apartamento en Irving, Texas (sur), se lee en la reclamación dirigida al Departamento de Seguridad Interior (DHS).

• Rengel presentó la documentación que demostraba que tenía estatus de residencia temporal y su cita migratoria programada para 2028, añade, pero los agentes estimaron que sus tatuajes eran una prueba de afiliación al Tren de Aragua.

“No tienen ninguna conexión (…) Rengel no es miembro de esa pandilla”, se lee en la demanda administrativa presentada en su nombre por Democracy Defenders Fund (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.

“Funcionarios federales le mintieron, diciéndole que lo enviarían a su país” cuando en realidad “durante más de cuatro meses, Rengel languideció en El Salvador“, donde “sufrió abuso físico, verbal y psicológico”, añade.

Golpearon al venezolano

Según la denuncia, “los guardias lo golpeaban en el pecho y el estómago con puños y porras”. “En una ocasión, lo llevaron a una zona de la prisión sin cámaras” y “fue brutalmente golpeado”.

Estuvo recluido con casi una veintena de venezolanos “en una celda de apenas 3×3 metros” donde solían permanecer noche y día y durante más de un mes su familia desconoció su paradero, señala el texto.

El venezolano, que reclama 1.3 millones por “lesiones”, fue liberado la semana pasada como parte de un canje de prisioneros entre Caracas y Washington. Se encuentra en Venezuela.

Según The New York Times, de los más de 250 hombres enviados a El Salvador, al menos 32 han sido acusados o condenados por delitos graves, pero la mayoría no han sido imputados.

“No tienes que ser un erudito constitucional para que el caso Rengel active alarmas”, afirma Norm Eisen, presidente de Democracy Defenders Fund, en un comunicado.

“Si eres un estadounidense que cree en la justicia, este caso debería ser impactante. Detener y hacer desaparecer a alguien sin causa ni acceso a recursos legales es ilegal y abominable”, añade.