El Tribunal dispuso que la medida de coerción se cumpla en los centros de corrección.
Este lunes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago de los Caballeros dictó tres meses de prisión preventiva para siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos, quien fue perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. La medida fue dictada por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, José.
La medida de coerción se cumplirá en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) ubicados en Santiago, La Vega y Moca, específicamente en Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Mientras tanto, el principal sospechoso, identificado por el Ministerio Público como Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, sigue prófugo de la justicia.
Tanto los abogados de los imputados como el representante legal de la familia de Deivy expresaron su conformidad con la medida impuesta por el tribunal, al considerar que es adecuada en esta fase inicial de la investigación, conforme a los hechos imputados.
“Esta es una etapa inicial en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación y, posteriormente, determinar la calificación individual, ya que no todos se encuentran en la misma situación”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados.
Asimismo, José Martínez Brito, abogado de la familia de la víctima, señaló: “Confiamos en que el Ministerio Público realice las investigaciones de manera adecuada y determine las responsabilidades de cada uno de los implicados, incluyendo a aquellos que no están presentes en el tribunal, pero que podrían tener la misma responsabilidad”.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión judicial: “Estamos conformes. Vamos a esperar que se cumpla la voluntad de Dios y que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley sobre todos los responsables”.
El Ministerio Público calificó el caso como asociación de malhechores, premeditación y asesinato, en violación de los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano.
Gregory Adames, ex empleado, insiste en que tragedia del Jet Set pudo evitarse
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Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, declaró ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que la tragedia fue una “muerte anunciada” y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos. Este lunes, una de las víctimas, Gregory Adames, ofreció su testimonio, en el cual expuso presuntas negligencias y la “insensibilidad” de la administración del establecimiento antes del colapso.
Adames, quien era empleado del centro nocturno, declaró ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una “muerte anunciada” y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según su relato, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos, y los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, estaban al tanto de la situación.
Asimismo, indicó que, después de un incendio previo en el área de la planta eléctrica, se instalaron cables provisionales que, según los técnicos consultados, no eran aptos para una operación continua.
“Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) supuestamente decía que esa semana se abriría porque prefería resolver con intercambios en lugar de invertir en lo que realmente se necesitaba”, denunció Adames.
Testimonio
El testimonio también detalló la falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia consistía en colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto, que ya se estaba deteriorando.
“Yo mismo subía las escaleras para tumbar los pedazos de concreto que estaban flojos, para que no les cayeran a los clientes. Les enviaba fotos y videos. Ellos estaban constantemente informados”, aseguró.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente, a quien casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p. m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat que suspendiera la actividad.
“Señora, usted está pensando en la fiesta que se avecina, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor”. Sin embargo, según Adames, la respuesta de la propietaria fue que la fecha era “demasiado buena” para cerrar.
Un clamor por justicia
Gregory Adames negó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
“Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie: personas llamando, golpeando bajo los escombros… Esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron más de 230 personas que pudieron ser cualquiera”, concluyó ante el juez, durante el turno en que las víctimas tuvieron derecho a hablar.
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