Condenan a David Rivera, excongresista cercano a Marco Rubio, a 10 años de prisión por hacer lobby secreto para Venezuela
El excongresista de EE.UU., David Rivera, espera para ingresar al Edificio de Justicia Federal James Lawrence King en Miami, Florida, el 24 de marzo de 2026.Marco Bello/Reuters/Archivo
Por Associated Press
El excongresista de EE.UU., David Rivera, espera para ingresar al Edificio de Justicia Federal James Lawrence King en Miami, Florida, el 24 de marzo de 2026.Marco Bello/Reuters/Archivo
(AP) — Un excongresista de Miami y viejo amigo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue condenado este viernes a 10 años de prisión en relación con una campaña secreta de cabildeo de US$ 50 millones a favor de Venezuela durante el primer Gobierno de Trump.
El republicano David Rivera ha estado encarcelado desde que un jurado lo declaró culpable en mayo de todos los cargos, incluidos el de no registrarse como agente extranjero y el de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el Gobierno del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Rivera, de 61 años, mantuvo un semblante impasible mientras la jueza Melissa Damian lo reprendía por traicionar la misión de su vida, señalando que seguramente habría sido juzgado con dureza por sus numerosos amigos si los millones de dólares hubieran provenido del régimen cubano en lugar de sus aliados en Caracas.
“Nadie aceptaría que eso está bien y no creo que esto sea diferente”, dijo la jueza. “No hay duda de que este dinero provino del régimen de Maduro”.
El juicio, que duró siete semanas, ofreció una perspectiva poco común sobre el papel de Miami como punto de convergencia para campañas de influencia extranjera destinadas a moldear la política de EE.UU. hacia América Latina, destacando la reputación de la ciudad como imán tanto para los cruzados anticomunistas como para la corrupción dentro de su numerosa población exiliada.
El proceso incluyó testimonios del secretario de Estado del presidente Donald Trump, del representante Pete Sessions (de Texas) y de un destacado cabildero de Washington; todos ellos declararon sentirse traicionados al enterarse del enorme contrato de consultoría de Rivera con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Los abogados de Rivera planean apelar y en junio solicitaron un indulto presidencial. Rivera enfrenta cargos federales adicionales en Washington en un caso relacionado de cabildeo extranjero.
Los fiscales señalaron que la traición involucró figuras con nombres en clave: “Sombrero” y “Miss Clairol”.
En una acusación formal revelada en 2022, los fiscales alegaron que Rivera fue reclutado por la entonces canciller Delcy Rodríguez —actual presidenta encargada de Venezuela— para utilizar sus contactos republicanos y lograr que la primera administración de Trump abandonara su postura de línea dura y las sanciones paralizantes contra Venezuela.
Como parte de esta ofensiva de persuasión, Rivera y una coacusada, la consultora política Esther Nuhfer, intentaron manipular a amigos influyentes, incluidos Rubio y Sessions. Su objetivo era normalizar las relaciones con el nuevo Gobierno de Trump, incluso mientras el gobierno de Maduro enfrentaba sanciones por graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, Rivera y Nuhfer no divulgaron su labor de cabildeo como era obligatorio, por temor a que ello pusiera fin a la carrera política de Rivera como firme defensor del anticomunismo, argumentaron los fiscales durante el juicio.
“Estados Unidos y el público fueron las verdaderas víctimas de este fraude”, declaró el fiscal federal adjunto Roger Cruz al solicitar una condena severa. “Él se valió de su posición de confianza, y la traicionó de manera constante y reiterada”.
Según la fiscalía, para ocultar sus actividades, Rivera creó además un grupo de chat cifrado llamado MIA —por Miami— con su principal enlace ante el Gobierno de Maduro: el magnate venezolano de los medios Raúl Gorrín, quien posteriormente fue acusado en Estados Unidos de sobornar a altos funcionarios venezolanos.
Los integrantes del grupo utilizaban claves en tono jocoso para hablar de sus actividades: a Maduro lo llamaban “el conductor de autobús”; a Sessions, “Sombrero”; a Rodríguez, “la dama de rojo”; y a sus lucrativos pagos, “La Luz”, según copias de mensajes de texto presentadas al jurado. A Rubio lo apodaban “Miss Clairol”, ya que rubio significa cabello claro en español.
La defensa alegó que el contrato de US$ 50 millones solo resultó ilegal debido a la falta de documentación.
Durante la audiencia de sentencia de este viernes, los abogados de Rivera reiteraron el argumento que habían presentado en el juicio: que el excongresista creía no tener la obligación de declarar dicha labor. Según afirmaron, el contrato de tres meses y US$ 50 millones con la firma consultora unipersonal de Rivera tenía como objetivo atraer de nuevo a Venezuela al gigante petrolero ExxonMobil; se trataba de una actividad comercial generalmente exenta de las disposiciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).
“David Rivera no merece morir en prisión por no haber presentado el registro FARA”, declaró el abogado defensor Ed Shohat durante la audiencia del viernes. “Si hubiera presentado ese documento, ese formulario, todo lo que hizo —incluido el contrato de US$ 50 millones que distorsionó por completo este caso— habría sido perfectamente legal”.
Sostienen que las reuniones de Rivera con Rubio y Sessions fueron totalmente ajenas a esa labor de consultoría; dichas reuniones se centraban en promover un liderazgo en Venezuela menos hostil hacia Estados Unidos, y no en apoyar a Maduro para normalizar las relaciones con el país norteamericano.
“No hay ni una sola palabra en ningún chat, ni un solo documento, ni una sola acción que indique que ayudó a Nicolás Maduro”, afirmó Shohat.
La fiscalía alegó que Rivera utilizó el contrato con la filial PDV USA —con sede en Nueva York— como fachada para realizar actividades de cabildeo ilegal.
“Este es un caso clásico de lavado de dinero”, declaró el juez el viernes al rechazar la petición de Rivera de reducir el rango de pena establecido por las directrices federales.
¿A dónde fue a parar el dinero? A un yate de lujo, entre otras cosas.
Los socios intentaron ocultar el trabajo realizado: fecharon documentos con anterioridad a la fecha real y elaboraron acuerdos ficticios, como uno destinado a justificar una transferencia bancaria de US$ 3,75 millones a una empresa del sur de Florida encargada del mantenimiento del yate de lujo de Gorrín, según señalaron los fiscales.
La actividad política incluyó la organización de reuniones para Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas. Como parte de esta iniciativa, Rivera involucró a Sessions, quien posteriormente intentó gestionar una reunión entre Rodríguez y el ejecutivo de ExxonMobil que asumió el cargo de director ejecutivo cuando Rex Tillerson pasó a ser secretario de Estado durante el primer mandato de Trump. Tras una reunión secreta con Maduro en Caracas, Sessions también aceptó entregar a Trump una carta del presidente de Venezuela.
Sin embargo, los esfuerzos de acercamiento se desmoronaron rápidamente. Apenas seis meses después de asumir el cargo, Trump impuso sanciones a Maduro y lo calificó de “dictador”, lanzando una campaña de “máxima presión” para destituir al mandatario.
Y ahora, casi una década más tarde, Rodríguez ha surgido como un socio de confianza para la segunda administración de Trump, tras la expulsión de Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.
El antiguo compañero de vivienda de Rubio ya se había visto envuelto en escándalos anteriormente, pero cuenta con el apoyo de los cubanoestadounidenses.
Antes de ser elegido para el Congreso en 2010, Rivera fue un legislador de alto rango en Florida y compartió vivienda en Tallahassee con Rubio, quien más tarde llegaría a presidir la Cámara de Representantes de Florida.
Rivera se vio envuelto en controversias anteriores, incluidas acusaciones de haber financiado en secreto a un candidato demócrata cuya participación tenía como fin restar votos al rival principal en una contienda legislativa de 2012. El año pasado, los fiscales federales desistieron del caso después de que un tribunal de apelaciones anulara una multa considerable impuesta por un tribunal de primera instancia. Rivera también fue investigado —aunque nunca se le formularon cargos— por presuntas infracciones en el financiamiento de campañas y por un contrato de un millón de dólares con una empresa de juegos de azar durante su mandato en la Legislatura de Florida.
A pesar de todo ello, Rivera sigue gozando de popularidad entre la élite cubanoamericana de Miami.
Amigos del excongresista, entre ellos el expresidente de la Universidad Internacional de Florida y el supervisor de elecciones del condado de Miami-Dade, abarrotaron la sala del tribunal para mostrarle su apoyo.
En una carta solicitando clemencia, leída en el acta por su jefe de gabinete, Sessions afirmó que su antiguo colega del Congreso dedicó décadas al servicio público, gran parte de ellas centradas en la defensa de la libertad y la democracia.
“No creo que sea productivo para la sociedad enviar a David a prisión por un periodo muy, muy largo”, declaró Liliana Ros, veterana miembro del comité del Partido Republicano de Miami.
