Análisis 1: ¿Cómo utilizó EE.UU. la lucha contra las drogas para intervenir en Latinoamérica?/ Análisis 2: ¿Por qué EE.UU. dice que América Latina es su “patio trasero”?
Imagen IlustrativaCharles Ommanney / Gettyimages.ru
Desde su inicio en la década de 1970, la guerra de Washington contra las drogas en América Latina ha sido objeto de controversia y debates. A pesar de los miles de millones de dólares gastados, sus resultados son cuestionables.
El inicio de la guerra de Estados Unidos contra las drogas en Latinoamérica se remonta al gobierno de Richard Nixon. Desde la década de 1970, miles de millones de dólares estadounidenses se han destinado a este asunto en el continente.
Si bien la participación de Washington se basa en la premisa oficial de ayudar a gobiernos extranjeros con el objetivo de reducir la oferta de drogas dentro de Estados Unidos, académicos y críticos han afirmado que la llamada guerra contra las drogas ha sido, en realidad, un pretexto para encubrir operaciones militares, paramilitares y de injerencia.
Excusa legal
La herramienta legal detrás de la actuación de Estados Unidos es la llamada ‘Ley de Asistencia Exterior’ de 1961.
En 1972, el Congreso añadió un capítulo dedicado al control internacional de narcóticos, que permitía al presidente firmar acuerdos para actividades de ese tipo en países.
Colombia
Una de esas naciones ha sido Colombia. Ya en la década de 1970, el gobierno de Misael Pastrana fue presionado por Estados Unidos para colaborar con la DEA, prácticamente desde su creación en 1973. Sin embargo, la mayor asistencia llegó en forma del llamado ‘Plan Colombia’.
El programa, entre los años 2000 y 2015, proporcionó a ese país 10.000 millones de dólares en financiación. Aunque principalmente la ayuda era militar, de entrenamiento y equipo para combatir el narcotráfico, la realidad supuso su utilización contra las guerrillas de izquierda y las FARC en el sur de Colombia. Por el contrario, la presión contra los paramilitares de derecha y las operaciones de narcotráfico en el norte pasaron a un plano secundario.
Muestra de que las críticas son fundamentadas es la realidad de los resultados. Para el fin del Plan Colombia, las FARC habían perdido gran parte de su poder. Sin embargo, los efectos en la producción de cocaína habían sido limitados.
La propia Oficina de Washington para América Latina concluyó en el 2010 que, tanto el Plan Colombia como la estrategia de seguridad del Gobierno colombiano, “tuvieron un alto costo en vidas y recursos, y solo cumplieron una parte del objetivo”. Colombia sigue siendo, actualmente, el principal productor mundial de cocaína.
México
Otro país clave es México. La nación vecina de Estados Unidos es uno de los corredores más importantes para el narcotráfico. Uno de los ‘modus operandi’ clave de los cárteles, históricamente, se ha basado en la corrupción de funcionarios gubernamentales y policiales. Algo de lo que las propias autoridades estadounidenses no han resultado impunes.
En el 2013 la cadena de televisión estadounidense Fox News destapó el caso de Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA en México que fue secuestrado y asesinado por narcotraficantes en la década de 1980. La CIA estuvo involucrada en el crimen. Según el medio, su complicidad se basó en el hecho de que miembros de la agencia colaboraban con los narcotraficantes y utilizaban parte de las ganancias de la droga para financiar a la Contrainsurgencia nicaragüense. La agencia nunca ha reconocido dichas acusaciones.
Otro de los argumentos utilizados para defender que la acción contra el narco de Estados Unidos en el país vecino tiene más que ver con la injerencia que con poner fin a las drogas es el fracaso histórico de la misma. Desde el 2008 hasta el 2021, Estados Unidos proporcionó a México 3.500 millones de dólares en financiación de la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación destinado a combatir el narcotráfico.
Ese fue el marco durante el cual el presidente Felipe Calderón lanzó su famosa ofensiva militar contra los cárteles, la guerra contra las drogas. Una estrategia que no solo supuso un aumento de la violencia, sino que contribuyó a la fragmentación de los cárteles. El resultado: más de 26.000 desaparecidos y más de 70.000 muertes relacionadas con el crimen organizado entre el 2006 y el 2012.
Instrumento para intervenir en los asuntos regionales
En Nicaragua el problema de las drogas estuvo estrechamente ligado en la década de 1980 con el respaldo estadounidense a las fuerzas antisandinistas conocidas como ‘Contras’. Un informe de 1988 del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos concluyó que miembros del Departamento de Estado brindaron apoyo a miembros de la Contra involucrados en el narcotráfico. La participación incluyó pagos a narcotraficantes con fondos autorizados por el Congreso para asistencia humanitaria.
Que el uso del narcotráfico fue una herramienta política, no solo en ese país sino en la región, lo demuestra el hecho de que el propio presidente de Panamá, Manuel Noriega, brindó asistencia militar a la Contra nicaragüense a petición de Estados Unidos. Mientras, Washington toleraba sus actividades de narcotráfico, conocidas desde la década de 1960. Solo cuando Noriega cayó en desgracia y acabó entregándose a soldados estadounidenses en 1990 enfrentó un tribunal estadounidense bajo acusaciones de la DEA de crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.
Prácticamente toda Centroamérica ha vivido la participación directa de Estados Unidos en sus naciones con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, ya sea mediante el envío de equipo, capacitación o apoyo técnico o directamente con el despliegue de agentes de la DEA, como por ejemplo sucedió en Honduras en el 2012.
Al sur, sin embargo, esa colaboración no siempre ha sido bien recibida. En el 2008, el presidente Evo Morales expulsó de Bolivia a todos los agentes estadounidenses que trabajaban para la DEA, alegando que ayudaban a sus oponentes. “La lucha contra las drogas está impulsada por intereses geopolíticos”, llegó a afirmar.
Otro dirigente latinoamericano que rompió sus vínculos con la DEA fue Hugo Chávez. En el 2005 acusó a sus representantes de espionaje y marcó el inicio de la ruptura en el intercambio de inteligencia y la cooperación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos. Desde entonces, la enemistad no ha hecho más que crecer, así como las acusaciones por parte de Washington, quien asegura que el propio Gobierno venezolano participa en actividades de narcotráfico.
Un juego de poder, injerencias, corrupción y mucho dinero que genera acalorados debates y posiciones enfrentadas, pero también alguna que otra verdad incontestable: Estados Unidos es el país del mundo con mayor consumo de drogas.
Análisis 2
¿Por qué EE.UU. dice que América Latina es su “patio trasero”?
Desde el siglo XIX, Washington ha considerado que le asiste el derecho de regir el destino de sus vecinos del sur.
“El ‘patio trasero'”. Entre los latinoamericanos, la frase tiene un sentido inequívoco: imperialismo estadounidense. Más específicamente, evoca intervenciones militares, bloqueos y sanciones económicas, intentos de cambio de régimen, operaciones de falsa bandera, complicidad con sangrientas dictaduras, expolio de riquezas, chantajes y control político, económico y diplomático.
En términos formales, alude al autoarrogado derecho de EE.UU. de decidir y controlar los destinos de sus vecinos, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, cuyo origen se remonta a 1823, cuando el entonces presidente James Monroe declarara: “América para los americanos (estadounidenses)”, frase que luego habría de ilustrar la así llamada Doctrina Monroe.
El mensaje, dirigido a las potencias europeas de la época, era una advertencia: Washington no estaba dispuesto a tolerar más colonizaciones ni gobiernos tutelados desde Europa en lo que ya perfilaba como su área de influencia exclusiva. Entonces Monroe no lo dijo, pero la historia mostraría que eso que reclamaba, describiría a la postre su propio proceder.
En los albores del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt habría de aportar la explicitud que le faltó a su antecesor: EE.UU. podría “ejercer el poder policial internacional en casos flagrantes de tales irregularidades o impotencia”. Esa política exterior, bautizada informalmente como el ‘gran garrote’, es el conocido corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe.
Durante el resto del siglo pasado, la Casa Blanca aplicó versiones modificadas del ‘gran garrote’ y de la Doctrina Monroe bajo distintos alegatos. En tiempos de la Guerra Fría, el discurso se centró en el anticomunismo, pero tras el desplome del bloque socialista en Europa del Este y de la Unión Soviética, se apeló a otros recursos como la lucha por la libertad y la democracia o el combate al narcotráfico.
Empero, estas ideas imperialistas no solo son el resultado de la consolidación de la nación estadounidense como potencia regional, lo que ocurrió durante prácticamente todo el siglo XIX a través de sucesivos procesos de expansión territorial mediante la guerra, que luego dieron paso a otros métodos coercitivos con el objetivo terminal de imponer su dominio político, cultural y económico sobre terceras naciones.
También ha jugado un papel la autopercepción de ese país como el resultado de una excepción divina que les otorga superioridad simbólica y material frente a sus pares, cuyo origen puede ubicarse en la época colonial y que es el resultado de una amalgama de creencias económicas, militares, raciales y religiosas que aún persiste.
Por ello no resulta del todo sorprendente que el secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, declarara en una entrevista: “El mensaje que se está transmitiendo es que el presidente de EE.UU. se toma muy en serio la protección de nuestra patria y del pueblo estadounidense, que durante demasiado tiempo ignoró nuestro propio ‘patio trasero’“, con referencia a las operaciones militares que mantiene Washington en el Caribe y el Pacífico con el alegato declarado de combatir a los cárteles de la droga.
Del “gran garrote” a la hegemonía del dólar
De Roosevelt en adelante y hasta el fin de la II Guerra Mundial, EE.UU. aplicó sin rubores la política del ‘gran garrote’ en América Latina. Cuenta de ello dan las intervenciones militares en Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Haití y República Dominicana, ocurridas todas durante el primer tercio del siglo anterior.
Los pretextos variaron según la situación, pero destacan dos, que se han mantenido casi sin variaciones desde aquella época: la “protección de vidas estadounidenses” y el control de situaciones calificadas como amenazas a su seguridad nacional. Una lista no exhaustiva incluye el control del canal de Panamá, asegurar el cobro de deudas, proteger los intereses de compañías estadounidenses –destaca el caso de la United Fruit Company–, afianzarse el acceso privilegiado a recursos naturales estratégicos y conseguir alineamiento político y diplomático, aunque ello significara imponer un Gobierno tutelado o estrechamente vigilado por la Casa Blanca.
Con el advenimiento de la Guerra Fría, el discurso cambió superficialmente. Ya no se trataba de la protección de los intereses de EE.UU. abstractamente sino de la construcción de un enemigo común: el comunismo.
Bajo esta premisa –y sin renunciar del todo a los métodos del “gran garrote”–, un golpe de Estado orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 1954, expulsó del poder al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. Fue el primero, pero no el último. En 1964, le tocaría el turno al brasileño João Goulart y en 1973, al chileno Salvador Allende. También se ha vinculado a la inteligencia estadounidense con los derrocamientos del dominicano Juan Bosch (1963) y del guyanés Cheddi Jagan (1964).
Tras Árbenz, la peor pesadilla de EE.UU. para la época se hizo realidad: en 1959, se instaló en Cuba un Gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro. Desde entonces, la Casa Blanca se ha valido prácticamente de cualquier método –incluida una fallida intervención militar en 1962– para deponerlo, pues lo consideró una suerte de mal ejemplo que debía ser eliminado. Han pasado más de seis décadas y no ha tenido éxito.
Asimismo, la experiencia cubana sirvió de ariete para que Washington agrediera militarmente a República Dominicana (1965) y a Granada (1983), emprendiera guerras de baja intensidad en Centroamérica y apoyara a sangrientas dictaduras militares en América del Sur –Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay– como parte de su doctrina de seguridad nacional centrada en el anticomunismo, aún a sabiendas de que esos regímenes fueron responsables del asesinato, desaparición forzada, persecución política y violaciones sostenidas de los derechos humanos de miles de personas, como luego hubo de establecer la Justicia, más allá de toda duda razonable.
Empero, la consolidación del poderío estadounidense tras el fin de la II Guerra Mundial no ocurrió solo en el plano militar. La Guerra Fría tuvo también una vertiente económica que Washington supo aprovechar muy bien, ora por medio de mecanismos como la Alianza para el Progreso, ora por medio del control financiero a través de entidades gubernamentales como la extinta Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) o entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo, el control sobre las materias primas latinoamericanas le permitía manipular a su antojo los precios de mercancías estratégicas como el petróleo –esto dio lugar al surgimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo– o el cobre, que fue usado como herramienta de ataque contra la economía chilena en tiempos de Salvador Allende.
A ello se suma que en 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon puso fin unilateralmente a la convertibilidad del dólar en oro, lo que un par de años más tarde enterró de facto los Acuerdos de Bretton-Woods, que habían definido la arquitectura financiera internacional de la posguerra y le abrió paso a la hegemonía del dólar, convertida en adelante en otro mecanismo de presión contra países estimados hostiles por Washington.
En paralelo, la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) sirvió como marco privilegiado de experimentación de las políticas monetaristas neoliberales, que en la década siguiente se erigieron como el único mecanismo mediante el cual los países del Sur Global, incluidos los latinoamericanos, podían acceder a créditos internacionales en medio de una crisis de deuda que afectó a prácticamente toda la región.
De conformidad con los intereses financieros estadounidenses tras el fin de la Guerra Fría, a los gobiernos se les condicionó el acceso a los fondos a la implementación de duras medidas de ajuste estructural que se tradujeron en olas de privatizaciones de compañías públicas, desregulaciones, caída de las tasas impositivas para los grandes capitales, apertura económica a trasnacionales del Norte Global, empobrecimiento masivo de las poblaciones, destrucción de la industria local y un creciente malestar social.
Las resistencias y el presente
No obstante, pese al evidente poderío estadounidense sobre América Latina, la idea del “patio trasero” ha sido históricamente contestada. Desde el siglo XIX, con personajes como Simón Bolívar o José Martí, pasando por el siglo XX, de la mano de figuras como Augusto César Sandino, Fidel Castro, Omar Torrijos o Juan Domingo Perón, Washington ha encontrado resistencias nacionales a sus pretensiones de dominar los destinos de los países latinoamericanos.
Sobre este asiento histórico y habiendo podido capitalizar el enorme descontento que dejó tras de sí la década de abierto neoliberalismo, en la década de 2000, países como Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador eligieron gobiernos que se opusieron abiertamente a la hegemonía estadounidense, promovieron activamente la integración regional a través de mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y diversificaron sus alianzas con otras potencias emergentes, particularmente con China, Rusia e India.
En 2005, el Gobierno de George W. Bush acusó acaso el mayor revés geopolítico para su país en varias décadas, al ver naufragar sin remedio el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), una iniciativa que le aseguraría a EE.UU. el control de la economía regional durante tiempo prolongado. Inmersa en otros frentes –Afganistán e Irak–, la administración estadounidense no fue capaz de responder al golpe sino muy a posteriori y ya sin la fuerza con la que inicialmente pretendía.
Empero, este incidente dejó una importante lección: la hegemonía estadounidense no solo estaba siendo contestada por sus vecinos, sino que en adelante tendría competir con Pekín y Moscú en un terreno que consideraba suyo por derecho casi divino.
“Si hablo de mi segundo adversario en la región, Rusia, me refiero, por supuesto, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que mantienen relaciones con Rusia. Pero, ¿por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y tierras raras, [ella] radica en el Triángulo del Litio, necesario para la tecnología actual. El 60 % del litio del mundo se encuentra en este Triángulo: Argentina, Bolivia y Chile. Además, cuentan con las mayores reservas de petróleo: crudo ligero dulce descubierto en Guyana hace más de un año. También están los recursos de Venezuela: petróleo, cobre y oro”, sostuvo en 2023 la para entonces jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson.
A esta lista agregó –empleando el verbo “tenemos” en controvertido plural– la Amazonía, a la que denominó “el pulmón del mundo”, así como “31 % del agua dulce del mundo”, que está presente en esta región. “Es simplemente extraordinario. Tenemos mucho por hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional, y necesitamos intensificar nuestra labor”, apuntó la alta funcionaria.
El objetivo luce claro: EE.UU. asume que debe recuperar su supremacía en la región, aunque ello entrañe el regreso a metodologías que se creían superadas como las amenazas militares, que hoy se sostienen en el discurso del combate contra el trasiego internacional de drogas, presentado ante la opinión pública como un asunto de seguridad nacional.
La narrativa ha sido ampliamente cuestionada porque no hay evidencia que la respalde. Además, la Casa Blanca ha tachado, sin pruebas, a los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, de dirigir cárteles del narcotráfico. Así, en el actual contexto, Caracas y Bogotá figuran como blancos de la política exterior estadounidense.
