Amnistía Internacional insta a Haití y El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos en la lucha contra las bandas
Fotografía de archivo de un integrante del Ejército de El Salvador vigilando una zona durante un patrullaje, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois
Panorama Internacional. Amnistía Internacional (AI) instó este lunes a los gobiernos de Haití y de El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos ante el despliegue de más de 2.000 militares del país centroamericano en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, manifestó en un comunicado que tanto el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, «deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos».
«El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas», añadió.
A las bandas armadas, que tienen el control de la mayor parte de Puerto Príncipe, las combaten la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuya creación la autorizó en septiembre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU.
A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 soldados de El Salvador que envió Bukele con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que hacían parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, luego de que los emboscaran bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.
Dudas sobre los objetivos de la misión de El Salvador
«Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias», indicó la representante de Amnistía Internacional.
Fils-Aimé dijo la semana pasada que su Gobierno tiene como objetivo «acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado» con el apoyo de El Salvador y de la GSF, pero no está claro si la tropa de El Salvador actúa por su cuenta o en coordinación con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó la semana pasada que «la gran mayoría» de los efectivos salvadoreños desplegados en Haití «no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas y, por tanto, quedan fuera del ámbito del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas».
Evitar mayores niveles de violencia
«La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales», agregó Piquer.
Por eso, AI señaló que «el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad» y que «la protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada».
Tras señalar que las autoridades de Haití y de El Salvador deben garantizar además «investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos», AI pidió esclarecer lo sucedido con los cuatro militares salvadoreños y, «si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño».
Cortesía EFE.
Amnistía pide revelar acuerdo sobre despliegue de militares salvadoreños en Haití
La organización exigió a los gobiernos de El Salvador y Haití explicar bajo qué condiciones operan las tropas salvadoreñas, quién supervisa sus actuaciones y qué mecanismos existen para denunciar posibles violaciones de derechos humanos
Por Leidy Puente
10 de noviembre de 2026
Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, hacer público el acuerdo que respalda el despliegue de militares salvadoreños en territorio haitiano y garantizar que todas sus operaciones respeten los derechos humanos.
El pronunciamiento fue divulgado este 9 de noviembre de 2026, luego de que Naciones Unidas aclarara que la gran mayoría del personal militar salvadoreño desplegado recientemente en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta situación implica que dichos efectivos se encuentran fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), según explicó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.
Ante esta aclaración, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, solicitó a las autoridades de ambos países establecer garantías efectivas para proteger los derechos humanos durante las operaciones militares.
“El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos”, manifestó Piquer.
Exigen explicar quién supervisa a los militares salvadoreños
Una de las principales solicitudes de Amnistía Internacional es que los gobiernos de El Salvador y Haití informen públicamente sobre las condiciones que regulan la presencia de las tropas salvadoreñas.
La organización pidió aclarar cuáles son las reglas que rigen el uso de la fuerza, ante qué autoridades deben rendir cuentas los militares y cómo puede la población haitiana denunciar posibles abusos sin exponerse a represalias.
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“El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas”, sostuvo Piquer.
Amnistía Internacional también expresó preocupación por las consecuencias que las operaciones de seguridad pueden tener sobre la población civil de Haití, especialmente en las comunidades que enfrentan una profunda crisis humanitaria.
La organización señaló que los riesgos pueden aumentar cuando las intervenciones militares se desarrollan en las cercanías de viviendas, escuelas y hospitales.
“La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales”, advirtió Piquer.
Ante esta situación, solicitó a los gobiernos adoptar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de las personas, prevenir desplazamientos forzados y garantizar el acceso a alimentos y servicios de atención médica.
También recordó que el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La organización hizo especial énfasis en la protección de niñas y niños, incluidos aquellos que han sido reclutados por bandas armadas.
Según Amnistía Internacional, estas situaciones requieren personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada para garantizar la protección de los menores.
Piden esclarecer desaparición de militares salvadoreños
En su pronunciamiento, Amnistía Internacional también se refirió a la desaparición de cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 18 de octubre.
La organización solicitó a las autoridades esclarecer lo ocurrido con los efectivos y determinar su situación actual.
Piquer señaló que, si los militares se encuentran en poder de alguna banda armada, deben ser liberados inmediatamente y sin sufrir daños.
Además, exigió que las autoridades de ambos países garanticen investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos.
A la vez, la organización pidió que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean llevadas ante la justicia mediante juicios justos y que se garantice reparación a las víctimas.
“La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití”, concluyó Piquer.
