El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anuncia una orden ejecutiva sobre la integridad electoral en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 31 de marzo de 2026. (EFE)
La orden ejecutiva de Trump busca establecer un registro nacional de votantes elegibles, lo que podría generar conflictos legales significativos en el futuro
Diario Libre USAEl presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que dispone la creación de un registro nacional de votantes elegibles verificados, una medida que, según expertos, podría enfrentar fuertes desafíos legales en medio del debate sobre las restricciones al voto en Estados Unidos.
De acuerdo con la agencia AP, la orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Administración del Seguro Social, a elaborar una lista de votantes elegibles por estado.
Además, busca impedir que el Servicio Postal envíe boletas de voto por correo a quienes no figuren en los registros aprobados, aunque se cuestiona la autoridad presidencial para imponer esa medida
También establece que las papeletas deben contar con sobres seguros con códigos de barras únicos para su seguimiento.
“El fraude en el voto por correo es legendario. Es horrible lo que está sucediendo”, dijo Trump. “Creo que esto ayudará mucho en las elecciones”.
Implicaciones legales de la orden ejecutiva
La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el mandatario para endurecer las normas electorales de cara a las elecciones de mitad de período, aunque ya se anticipa que será impugnada en los tribunales.
David Becker, exabogado del Departamento de Justicia, cuestionó la constitucionalidad de la medida. “La Constitución es muy clara: el presidente no tiene poder sobre las elecciones estatales”, dijo. “Esto se bloqueará tan pronto como los abogados puedan llegar al tribunal”.
Becker también señaló que el Servicio Postal opera bajo una junta directiva independiente. “El presidente no tiene poder para decirle qué correo puede o no puede entregar”.
Reacciones y posibles acciones legales
Por su parte, el abogado electoral Marc Elias advirtió sobre acciones legales. «Si Trump firma una orden ejecutiva inconstitucional para controlar el proceso electoral, lo demandaremos», declaró. «No me ando con rodeos y suelo ganar».
El sistema electoral estadounidense no está centralizado y es administrado por autoridades locales en miles de jurisdicciones. Aunque el Congreso puede regular ciertos aspectos, la Constitución no otorga al presidente control directo sobre la organización de elecciones.
La orden se suma a otras iniciativas previas de la administración Trump para reformar el sistema electoral, varias de las cuales han sido bloqueadas por tribunales tras demandas de organizaciones defensoras del derecho al voto y fiscales estatales.
Juez impide a Trump cortar financiación a medios públicos de EE. UU.
Más de 40 millones de estadounidenses escuchan NPR cada semana, mientras que PBS llega a 36 millones mensualmente
AFP
Un juez federal bloqueó el martes la implementación de una orden “ilegal e inaplicable” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar la financiación de la radio pública NPR y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS, en inglés).
La orden de Trump buscó castigar a los medios de comunicación por discursos que le desagradan, falló el juez federal de distrito Randolph Moss. Señaló que la protección a la libertad de expresión de la primera enmienda “no tolera la discriminación por puntos de vista ni las represalias de este tipo”.
La orden ejecutiva, firmada en mayo de 2025, buscó terminar el respaldo financiero a NPR y PBS. Buscaba “garantizar que la financiación federal no respalde una cobertura informativa sesgada y partidista”.
Trump regularmente acusa a los medios críticos con él de tener un sesgo “liberal”. El año pasado, aseguró que NPR y PBS eran “armas del Partido Demócrata de la izquierda radical”.
El presidente “no puede usar su poder gubernamental para ordenar a las agencias federales que excluyan a los demandantes de la recepción de subvenciones u otros fondos federales como represalia por decir cosas que a él no le gustan”, dice la decisión.
Más de 40 millones de estadounidenses escuchan cada semana la radio pública NPR, y 36 millones se conectan cada mes a una televisión local de la red de PBS, según estimaciones de esos medios.
“Se trata de una decisión ridícula dictada por un juez militante que busca socavar la ley. NPR y PBS no tienen ningún derecho de recibir fondos públicos y el Congreso ya votó la supresión de su financiamiento”, dijo a la AFP Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.
Sin embargo, Katherine Maher, presidenta y directora ejecutiva de NPR, celebró la “victoria” que reafirmó “los derechos de una prensa libre e independiente”.
“Los medios públicos existen para servir al interés general (de los estadounidenses) y no una agenda política o al responsable de ella”, agregó.
“Como lo hemos sostenido, y como lo confirmó el juez Moss: ese decreto constituye un caso ejemplar de discriminación basado en opiniones”, reaccionó un portavoz de PBS.
Juez ordena paralizar la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca
El juez Richard Leon falló a favor del Fideicomiso Nacional y prohibió a la Administración Donald Trump avanzar en el proyecto
EFE
Un juez federal ordenó este martes paralizar temporalmente la construcción del salón de baile que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha promovido con gran insistencia en el antiguo emplazamiento del Ala Este de la Casa Blanca, que fue demolida en octubre de 2025 por orden del mandatario.
Richard Leon, juez del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, dio la razón al Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, ONG que demandó al Gobierno por el proyecto y ha prohibido tanto a funcionarios de la Administración Trump como a la Oficina Ejecutiva del presidente “realizar cualquier acción” relacionada con la obra.
En su fallo, Leon dice que es probable que la demanda del Fideicomiso Nacional “prospere en cuanto al fondo, dado que ninguna ley se acerca siquiera a otorgar al presidente la autoridad que este afirma poseer”.
“El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es su propietario!”, añade el magistrado en su escrito.
La orden entrará en vigor en un plazo de 14 días, un plazo que otorga tiempo a la Administración Trump para apelar la decisión.
Reacciones y críticas al proyecto de Trump
El Fideicomiso presentó una demanda solicitando una orden para suspender el proyecto del salón de baile hasta que este se someta a la revisión de organismos independientes y obtenga también la aprobación del Congreso.
- La demolición del Ala Este y el proyecto del salón de baile ha suscitado críticas desde varios frentes en EE. UU., no solo desde la perspectiva de la conservación de una construcción histórica, sino también por el fastuoso recinto que planea Trump y que choca con la idea de que la Casa Blanca es la “casa del pueblo” estadounidense.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump acusó al Fideicomiso de estar compuesto por “un grupo de lunáticos de la izquierda radical” y de no haber demandado al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por las obras de renovación de la entidad.
Trump ha acusado a Powell de malversar fondos públicos en esas reformas, aunque hasta el momento un juez federal ha considerado que las acusaciones no tienen fundamento y que parten de la animadversión que el presidente siente hacia el economista por su negativa a rebajar los tipos de interés.
El presidente consideró que “no tiene mucho sentido” que esos proyectos sigan adelante, mientras que su salón de baile o las reformas del Centro Kennedy de Washington, que también ha promovido el propio Trump, hayan sido llevados a los tribunales.
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