Desde ayer, comercios, restaurantes y supermercados en todo el estado de Nueva York están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo por parte de sus clientes, según una nueva ley estatal diseñada para garantizar el acceso a bienes esenciales y evitar la exclusión de personas no bancarizadas.
La legislación, en vigor desde el sábado 21 de marzo, impide que los establecimientos nieguen la venta de productos o servicios a quienes opten por el efectivo y establece multas de hasta USD 1.000 a quienes incumplan la disposición, confirmaron Newsday y la fiscal general Letitia James en un comunicado de prensa.
La normativa prohíbe que los negocios impongan sobreprecios a quienes deciden pagar en efectivo y extiende la obligación de aceptación incluso a bares y restaurantes.
Los reincidentes enfrentarán multas de hasta USD 1.500 por cada infracción adicional, según la Office of the New York State Attorney General. Este marco legal se inspira en una medida similar de la ciudad de Nueva York desde 2020, pero ahora se aplica en todo el estado.
Los comercios tampoco pueden exigir que los consumidores usen solo tarjetas de crédito u otros métodos de pago electrónico. Además, tienen prohibido cobrar un monto adicional a quienes prefieran utilizar efectivo, informó NBC New York.
Un aspecto clave de la ley es la protección a los sectores con menor acceso a servicios bancarios, problema que se profundizó con la digitalización.
En palabras de la fiscal James en ABC7 New York: “Los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicio sin importar cómo elijan pagar. Los comercios no pueden negar el acceso a necesidades básicas como comida y ropa al rechazar efectivo o cobrar más por ese motivo. No dudaré en hacer cumplir esta ley para proteger a los consumidores en todo nuestro estado”.
Detalles, restricciones y excepciones de la normativa
La legislación presenta restricciones claras: los comercios pueden negar billetes de más de USD 20 y la obligación de aceptar efectivo se limita a transacciones presenciales, confirmaron Newsday y la oficina de la fiscal general.
Si los locales ofrecen conversión de efectivo a tarjetas prepagas, no pueden cobrar comisiones por ese servicio ni obligar al cliente a cargar en la tarjeta más de un dólar, precisó Newsday.
Las sanciones alcanzan los USD 1.000 en una primera infracción y suben a USD 1.500 para reincidentes, según lo previsto en el texto legal y reiterado por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York.
Representantes del sector, como Dylan Jeon, director de relaciones gubernamentales de la National Retail Federation, explicaron a Newsday que la mayoría de los comercios minoristas ya están acostumbrados a las operaciones en efectivo, considerándolo generalmente el método de pago de menor costo para los negocios.
Advirtieron, sin embargo, que para algunas empresas, el manejo de grandes volúmenes de efectivo puede incrementar los riesgos de seguridad.
También existen factores técnicos con impacto inmediato: la reciente escasez nacional de centavos por el cese de su producción federal en noviembre pasado. El abogado Christopher Phillips explicó a Newsday que este escenario crea desafíos de redondeo en las operaciones. Los comercios deberán decidir si ajustan el total a la baja o al alza cuando no se pueda pagar el importe exacto en efectivo, lo cual podría afectar los márgenes de tiendas pequeñas muy dependientes de ventas en metálico.
“Protección ante la exclusión” y vías de denuncia para los consumidores
La ley responde a la búsqueda de “la equidad y la oportunidad” para quienes no tienen acceso a servicios financieros, según Phillips en Newsday.
Diversos especialistas señalan que el avance de los pagos digitales tras la pandemia había dejado a miles de consumidores fuera del sistema bancario tradicional.
Quienes detecten incumplimientos pueden denunciar a los comercios ante la Oficina de la Fiscal General de Nueva York mediante un formulario online o llamando al 800-771-7755, informó NBC New York.
Cifras de accidentes con bicicletas eléctricas en Nueva York revelan un aumento sostenido de víctimas
El Departamento de Transporte afirmó que no considera que las bicicletas eléctricas representen una amenaza grave para los peatones
Datos oficiales revelan un incremento en los accidentes relacionados con bicicletas eléctricas en Nueva York durante los últimos años, incluso mientras la administración del alcalde Zohran Mamdani intenta flexibilizar la aplicación de la ley sobre conductores imprudentes.
Información publicada por The New York Post señala que en 2025 cuatro personas murieron atropelladas por bicicletas o patinetes eléctricos y al menos 15 resultaron heridas, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.
Ese mismo año, el Departamento de Transporte de la ciudad registró 16 ciclistas fallecidos en accidentes, todos ellos usuarios de bicicletas eléctricas.
En 2024, la policía informó que dos peatones murieron y 78 resultaron heridos, mientras que datos del Departamento de Transporte indicaron que 17 pasajeros fallecieron en incidentes relacionados con bicicletas.
Mientras que en el año 2023 dos peatones perdieron la vida y 95 resultaron heridos, mientras que 30 ciclistas murieron, 23 de ellos en bicicletas eléctricas, convirtiéndose en el año más letal para este grupo desde 1999.
Además, según la oficina del concejal Frank Moreno, miembro del grupo Sentido Común del Consejo Municipal, los accidentes con bicicletas eléctricas aumentaron un 21,5 % entre 2024 y 2025, pasando de 330 a 401 incidentes.
A pesar de estos números, el Departamento de Transporte afirmó que no considera que las bicicletas eléctricas representen una amenaza grave para los peatones, ya que solo 113 de las 9,088 lesiones totales (aproximadamente 1,2%) fueron causadas por este tipo de vehículos en 2025.
Sin embargo, Janet Schroeder, cofundadora de la Alianza para la Seguridad de los Vehículos Eléctricos de Nueva York, aseguró a el Post que estas estadísticas “difícilmente reflejan la realidad”, citando la dificultad de responsabilizar a conductores imprudentes al no requerirse licencia ni matrícula.
La alianza, que agrupa a 1,500 neoyorquinos, reportó que 119 de sus miembros fueron víctimas de conductores de bicicletas eléctricas imprudentes, y en 113 de esos casos los responsables huyeron tras el accidente.
En este contexto, la administración de Zohran Mamdani anunció que a partir del 27 de marzo se pondrá fin a las citaciones penales por infracciones menores cometidas por ciclistas y repartidores, mientras que violaciones graves seguirán siendo sancionadas.
El alcalde aseguró que el cambio busca garantizar equidad y seguridad para todos los usuarios de la vía pública. Asimismo, se implementará un programa de capacitación en seguridad para repartidores de alimentos que utilicen bicicletas y bicicletas eléctricas.
“Al poner fin a las citaciones penales por infracciones de tráfico de carácter leve, garantizamos que los ciclistas y los usuarios de bicicletas eléctricas, incluidos aquellos que nos entregan nuestros alimentos y provisiones, reciban el mismo trato que el resto de los usuarios de la vía pública”, expresó el alcalde.
Organizaciones defensoras de ciclistas y repartidores como Workers Justice Project y Transportation Alternatives respaldaron la medida, pero también advirtieron sobre la necesidad de educación y cumplimientopara reducir riesgos en calles y aceras.
“Durante demasiado tiempo, las empresas de reparto a través de aplicaciones han construido modelos de negocio que presionan a los trabajadores a exceder los límites de velocidad, cumplir jornadas laborales extenuantes y circular en condiciones inseguras, convirtiendo así el reparto en uno de los trabajos más peligrosos de la ciudad de Nueva York”, dijo a El Diario de Nueva York.
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