El Gobierno de Venezuela designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar, a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada y a Nayade Lockiby Belmonte al frente de la Milicia, según informó el jueves el canal de las Fuerzas Armadas, TVFANB, en el marco de una renovación del alto mando militar.
Hernández Briceño reemplaza a Lenín Ramírez Villasmil, quien ocupaba el cargo desde 2024. El oficial se desempeñaba como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, una zona militar que abarca los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico. En enero, el ahora comandante de la Aviación difundió un mensaje en el que rechazó acciones de Estados Unidos en territorio venezolano y afirmó: “el ataque ilegal e imprudente perpetrado” por ese país “para secuestrar” al dictador Nicolás Maduro.
En paralelo, el almirante Jorge Agüero Montes asumió como jefe de la Armada en sustitución de Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, quien estaba en el cargo desde 2024. Agüero Montes ejerció entre agosto de 2023 y octubre de 2024 como jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Nueva Esparta, en el estado insular venezolano.
Por su parte, el mayor general Nayade Lockiby Belmonte asumió la jefatura de la Milicia en reemplazo de Orlando Romero Bolívar, también en funciones desde 2024. El nuevo responsable había sido designado en diciembre como autoridad única de varias comunidades ubicadas entre Caracas y el estado costero de La Guaira.
Los cambios en estos tres componentes se conocieron un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara sobre diez nuevas designaciones dentro del Gobierno, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, en reemplazo de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde 2014.
Rodríguez también dispuso modificaciones en los comandantes generales del Ejército, la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, en una reconfiguración más amplia del mando castrense.
En un mensaje difundido en Telegram, la mandataria señaló: “Anuncio al país la designación de los integrantes del alto mando militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la república”.
En el mismo mensaje, Rodríguez indicó que instruyó a las nuevas autoridades a “trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria”, así como en la construcción de “un país de justicia social y felicidad absoluta para todos”.
González López, de 65 años, asumió el cargo en el despacho ubicado en Fuerte Tiuna, en Caracas, el principal complejo militar del país. Su designación se produjo poco más de dos meses después de su nombramiento como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esas funciones quedaron en manos de Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.
El nuevo ministro de Defensa estuvo al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en dos etapas: entre 2014 y 2018, y entre 2019 y 2024, ambas por designación del dictador Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, capturada en enero en medio de ataques estadounidenses.
Tanto la DGCIM como el Sebin fueron señalados por organizaciones no gubernamentales y por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con informes de esas entidades.
(Con información de EFE)
Delcy Rodríguez cambia la cúpula militar en Venezuela
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reemplazó el jueves (19.03.2026) a los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución del ministro de Defensa Vladimir Padrino, como parte de los cambios que lleva a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense.
Los cambios incluyen al general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada.
“Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López”, escribió la mandataria en sus cuentas de redes sociales.
González López reemplazó al general Vladimir Padrino, un leal de Maduro que ocupó el ministerio de la Defensa desde 2014, un récord de duración en ese puesto.
Antes de su nombramiento como ministro, González López había sido designado en enero por Rodríguez al frente de la guardia presidencial, y también dirigía la temida agencia de contrainteligencia militar DGCIM.
Rodríguez, que asumió la presidencia interina a la caída de Maduro a principios de enero, gobierna bajo presión de Estados Unidos, país con el cual ha reanudado relaciones.
En sus primeras semanas como gobernante, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos para abrir el sector petrolero a las trasnacionales, así como una ley de amnistía a los presos políticos.
La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a Delcy Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas.
gs (afp, Globovisión)
Por más de una década, Vladimir Padrino López fue el hombre más poderoso de las fuerzas armadas venezolanas. Detrás del uniforme y el discurso “revolucionario”, acumuló un historial de acusaciones por narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Hoy, su nombre figura en expedientes judiciales de Estados Unidos, Europa y organismos multilaterales, y sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado estadounidense.
Este miércoles, Delcy Rodríguez anunció su destitución como ministro de Defensa, cargo que ocupaba desde octubre de 2014. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero y el breve paso de Padrino por el gabinete de la sucesora del narcodictador marcan el fin de una era en la cúpula militar venezolana, pero no el cierre de las investigaciones internacionales que lo involucran.
El prontuario judicial de Padrino López incluye una acusación formal presentada el 24 de mayo de 2019 por un gran jurado federal en Washington D.C. El cargo principal: conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína en aeronaves registradas en Estados Unidos.
Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la investigación comenzó en junio de 2014, cuando Padrino asumía la cartera de Defensa. Durante años, los agentes recopilaron pruebas que lo ubican como facilitador del tráfico de drogas a través del espacio aéreo venezolano.
El esquema consistía en cobrar tarifas superiores a USD 60.000 por cada vuelo a las organizaciones narcotraficantes; quienes no pagaban, enfrentaban el derribo de sus aeronaves por órdenes militares. Parte de esos fondos, según la acusación, se destinaba a financiar las campañas del chavismo.
En marzo de 2020, el primer gobierno de Donald Trump profundizó la ofensiva judicial al acusar a Padrino López por narcoterrorismo, junto a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La recompensa para quien aporte datos que permitan su captura se mantiene activa, según el propio Departamento de Estado.
Sanciones multilaterales y red financiera
Las sanciones internacionales contra Padrino López abarcan múltiples jurisdicciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados, congelando bienes y cuentas bancarias en territorio estadounidense.
En 2017, Canadá lo sancionó por socavar el Estado de derecho, mientras que la Unión Europea y el Reino Unido impusieron el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso, alegando su implicación en violaciones sistemáticas de derechos humanos. Durante la administración Obama, ya había sido objeto de medidas similares por su responsabilidad en hechos represivos.
En 2014, la Guardia Nacional Bolivariana, bajo mando de Padrino López, fue señalada por el uso excesivo de la fuerza en protestas que dejaron más de 22 muertos en un solo mes. Organismos internacionales fundamentaron en estos hechos buena parte de las sanciones impuestas en los años siguientes.
Estructura empresarial familiar
De forma paralela a su ascenso militar, Padrino López articuló una red empresarial familiar que opera en Venezuela y Estados Unidos. Según el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), la familia controla al menos 24 compañías en ambos países, además de 14 propiedades inmobiliarias en Florida y Texas, con un valor conjunto de USD 4,5 millones.
Entre las empresas figura Trámites Consulares Inc., registrada en Texas en 2010, y Prinmaplast, una fábrica de pinturas encabezada por su esposa. Esta firma obtuvo acceso privilegiado a divisas oficiales mediante el sistema CADIVI, eje de un esquema de sobornos, sobreprecios e importaciones ficticias.
Padrino López también aparece como vicepresidente de Inversiones Neliyari, C.A., empresa familiar que habría sido proveedora de PDVSA y de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, su nombre surge en las investigaciones sobre el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción corporativa de la región, que involucra pagos ilícitos a funcionarios de alto nivel en Venezuela.
El Arco Minero y la complicidad militar
El control militar sobre el Arco Minero del Orinoco fue un componente central del poder de Padrino López. Bajo su administración, las fuerzas armadas dirigieron aduanas, explotación minera y distribución de alimentos a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
Informes de la Organización de las Naciones Unidas documentaron cómo, en esas zonas, grupos armados pagaban sobornos a comandantes militares bajo su cadena de mando para mantener operaciones ilegales. La ONU señaló la existencia de castigos físicos y extorsión sistemática, en un contexto de impunidad garantizada por la jerarquía militar.
Estados Unidos reportó la incautación de más de USD 700 millones en bienes vinculados al régimen venezolano, incluyendo propiedades, aviones y efectivo. Las cuentas atribuidas a Padrino López en Europa, Florida y el Caribe fueron bloqueadas tras investigaciones de lavado de activos.
El propio Padrino López, al ser destituido, sostuvo que su mayor honor había sido servir a la patria como soldado. Pero para la justicia internacional, el legado de su gestión está marcado por la represión militar, la corrupción institucional y el uso de recursos del Estado para actividades delictivas.
La acumulación de causas judiciales, bienes congelados y una recompensa vigente de USD 15 millones lo mantienen como uno de los ex funcionarios venezolanos más buscados fuera de su país.
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