No una ni dos, sino tres lanchas. Este martes (16.09.2025), durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas desplegadas por su país en el mar Caribe para controlar el transporte de droga desde Sudamérica a territorio estadounidense han destruido tres embarcaciones, y no dos, como se ha informado hasta ahora. El primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre, dejó 11 muertos. El segundo, el día 15, otros tres.

“Liquidamos tres barcos, en realidad, no dos. Pero ustedes vieron dos”, aseguró ahora Trump, sin ofrecer más detalles. Luego añadió un mensaje a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. “Bueno, yo diría esto: de inmediato, dejen de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

Las operaciones militares, en las que aparentemente se usaron misiles contra pequeñas lanchas, tienen como objetivo declarado por parte de Washington frenar el flujo de drogas que inunda su país. Analistas han dicho a DW que también sirve para enviar señales a terceros países, además de poner presión al régimen venezolano.

Efectos secundarios en Caracas

“Esto demuestra que el primer ataque no fue un caso aislado, sino que se está buscando estandarizar esta práctica como nuevo método de combate al narcotráfico”, dice a DW Tiziano Breda, analista sénior para América Latina y el Caribe en la organización sin fines de lucro Armed Conflict Location and Event Data (ACLED). El experto, sin embargo, destaca que si bien esto podría desincentivar la salida de pequeñas embarcaciones, la mayor parte de la droga se traslada dentro de contenedores en grandes buques.

A su juicio, la presencia militar estadounidense en la región puede repercutir de manera secundaria en la economía venezolana, porque hará más difícil el traslado de petróleo en barcos de “flotas fantasma” que buscan eludir las sanciones que pesan sobre el país. También “tiende a aumentar el nerviosismo que se vive en Miraflores, en cuanto a la posibilidad de que estos ataques sean solamente el preludio para una intervención más amplia, cuyos efectos son difíciles de predecir”.

Los derechos humanos y la compleja cuestión legal

“Resulta necesario hacer una distinción que se pierde a menudo en el debate público”, advierte a DW Simón Gómez Guaimara, experto venezolano en derecho internacional. Se refiere a la diferencia que hay entre la legalidad de la operación desplegada por Estados Unidos y la legalidad de los medios utilizados. “Digamos que, en su conjunto, un operativo de este tipo no viola, o no ha violado hasta ahora, la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados”, parte señalando el especialista.

Sin embargo, hay un pero. “Hemos visto el uso de misiles contra embarcaciones sospechosas, que ―sin lugar a dudas― son una flagrante violación de los derechos humanos. Esto específicamente viola el derecho a la vida. Son ejecuciones extrajudiciales que el derecho internacional prohíbe”, apunta Gómez.

“La fuerza letal solo puede usarse como un último recurso frente a una amenaza que resulta inminente para la vida de las personas. Una embarcación que transporta droga, por muy ilegal que sea esa carga, no representa una amenaza inminente contra la vida”, sostiene.

Las dos operaciones reconocidas oficialmente por Estados Unidos han dejado 14 muertos. Investigaciones de medios venezolanos indicaron que el primer ataque, que dejó 11 fallecidos, afectó a personas pobres del norte de Venezuela.

Esto confirmaría que la de Washington “es una estrategia que se enfoca más bien en los eslabones débiles, que son completamente reemplazables dentro de la cadena” de los grupos narcotraficantes, apunta el abogado.

“Creo que el despliegue tendría más sentido si atacase lo neurálgico de esa cadena”, agrega. Y remarca que se trata de una estrategia muy espectacular “que no resuelve el problema de raíz”, pues no toca, por ejemplo, la demanda de los países consumidores y las condiciones económicas que impulsan la oferta.

Sin oposición, presunción de inocencia ni debido proceso

Breda observa que no ha habido una oposición compacta a los ataques a nivel regional, ni tampoco por parte de aliados europeos de Estados Unidos. Asimismo, si bien ha habido un debate público en la potencia norteamericana, “no me parece que haya habido una oposición legal muy fuerte, lo que ha sido interpretado por la administración Trump como una luz verde” para la realización de nuevos ataques.

“La falta de reacción tiene varias respuestas”, apunta Gómez. “Estas narrativas de la guerra contra las drogas han desestabilizado a la opinión pública y también a muchos Gobiernos, al grado de haber normalizado la idea de que ciertos enemigos no merecen las garantías del derecho”.

El experto en derecho internacional resalta, sin embargo, que “a los sospechosos se les debe detener y presentar ante la justicia, lo que nos lleva a dos principios irrenunciables del Estado de derecho: la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Cuando se bombardea una lancha, evidentemente esos procesos no se llevan a cabo. “Disparar un misil anula estos derechos de una manera irreversible. No hay juicio, no hay defensa, solo hay una ejecución sumaria y, además, basada en una sospecha”, explica Gómez.

Advierte que “el derecho internacional no contempla licencias para matar”, y que “la tendencia a fusionar la lucha contra el narcotráfico con la lucha antiterrorista es estratégicamente conveniente para justificar acciones militares desproporcionadas como las que hemos visto, pero es jurídicamente inaceptable y éticamente muy peligroso”.