El segundo gobierno de Donald Trump ya ha conmocionado a la clase política a ambos lados del Atlántico. En el extranjero, la atención se ha centrado en el aparente desmantelamiento por parte de la administración del orden internacional de posguerra y el aparente giro de Trump, que se aleja de los aliados tradicionales de Estados Unidos para entablar una relación más cálida con Rusia y Vladimir Putin.

Pero dentro del propio país, las mayores preocupaciones están asociadas a las acciones del gobierno que, para muchos, muestran una destrucción deliberada de la democracia estadounidense.

En EE.UU., estos temores no son exclusivos de las élites políticas, sino que los comparten ciudadanos de todo el país. Pero lo que también está surgiendo es un ataque concertado a la capacidad de la gente para oponerse -o incluso quejarse- a algunas de las medidas que está introduciendo Trump 2.0.

Esto dará lugar inevitablemente a lo que se denomina con frecuencia un “efecto amedrentador”, en el que se hace demasiado difícil -o demasiado peligroso- expresar disconformidad.

Muchas de las políticas de Trump -las deportaciones masivas, el enorme despido de funcionarios públicos por parte de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), la decisión de revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados- han sido impugnadas en los tribunales.

El gobierno de Trump está ahora envuelto en una serie de desafíos legales. Es aquí donde ha surgido el desdén de Trump por un sistema legal que ha bloqueado temporalmente los deseos presidenciales.

Efecto amedrentador

Las decisiones judiciales que piden a la administración que dé marcha atrás o ponga en pausa algunas de estas políticas han sido recibidas por Trump y algunos de sus principales colaboradores (entre ellos Musk y el vicepresidente J.D.Vance), con vociferantes quejas por la injerencia judicial en el gobierno. Incluso, en algunos casos, llamamientos a la destitución de los jueces que fallan en contra del gobierno.

El gobierno no sólo ignoró el fallo del tribunal que suspendió la expulsión forzosa de venezolanos a El Salvador, algunos de los cuales se encontraban legalmente en EE.UU., sino que Trump atacó al juez en las redes sociales llamándole “lunático de la izquierda radical” corrupto y pidió su destitución.

Esto provocó la intervención del presidente del Tribunal Supremo, John Glover Roberts Jr., quien le recordó al presidente que EE.UU. no resuelve sus disputas, diciendo que el “proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.

Más tarde, Tom Homan, principal asesor de Trump en temas de inmigración, le dijo a la cadena de noticias ABC News que la administración acataría las resoluciones judiciales sobre el asunto.

La presión ejercida sobre el sistema legal estadounidense no se detuvo en el poder judicial. Trump atacó recientemente a algunos de los estudios de abogados más grandes y poderosos de EE.UU., aparentemente por la única razón de que actúan para clientes que se han opuesto a su administración.

El 25 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva contra Jenner & Block, uno de cuyos socios, Andrew Weissmann, trabajó con el fiscal especial Robert Mueller en la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

La orden ejecutiva pide que las firmas sean incluidas en una lista negra de trabajos gubernamentales y que a sus empleados se les retire cualquier habilitación de seguridad, que se les prohíba cualquier contrato del gobierno federal y se les niegue el acceso a los edificios del gobierno federal. En otras palabras, una sentencia de muerte para la empresa.

Esto se produce tras la noticia de que el director del prestigioso estudio de abogados Paul Weiss, Brad Karp, había firmado un acuerdo con la Casa Blanca por el que se comprometía a proporcionar millones de dólares en trabajo legal pro bono (voluntario) para causas nominadas por el presidente.

También accedió a dejar de utilizar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que se habían enfrentado a un destino similar.

Silenciar la disidencia

El efecto amedrentador de esta administración también se ha extendido a un ataque contra la libertad de prensa. Trump expulsó del Pentágono a organizaciones de noticias consolidadas, restringió el acceso de la prestigiosa Associated Press a los actos de prensa y tomó el control del grupo de prensa de la Casa Blanca, marginando a los principales medios de comunicación.

Estas acciones suponen una importante degradación de la libertad de prensa en EE.UU.. Están socavando el papel del periodismo independiente en su función clave de pedir cuentas al poder. Al restringir el acceso y silenciar las voces críticas, su gobierno ha suscitado inquietud sobre la transparencia y la libre circulación de la información en el panorama mediático nacional.

Las universidades han sido tradicionalmente bastiones del pensamiento independiente. Lo hemos visto con las masivas protestas contra la política estadounidense hacia Israel y los territorios palestinos que han sacudido los campus durante el conflicto de Gaza.

Pero las universidades también son vistas por muchos en el gobierno como un semillero de activismo “woke”. En consecuencia, Trump 2.0 ha puesto sus ojos en una de las universidades más importantes del país: Columbia.

Citando lo que dice que es un fracaso repetido para proteger a los estudiantes del acoso antisemita, la administración canceló US$400 millones de contratos federales con la universidad. Columbia cedió a la presión momentos antes de que venciera el plazo del gobierno. Aceptó revisar sus procedimientos disciplinarios y “revisar” sus programas de estudios regionales, empezando por los que cubren Oriente Medio.

El personal académico de Columbia está horrorizado. Está iniciando acciones legales contra el gobierno, alegando que “el gobierno de Trump está coaccionando a la Universidad de Columbia para que haga su voluntad y regule el discurso y la expresión en el campus”.

Democracia en peligro

¿Por qué todo esto es tan preocupante? El sistema legal, los medios de comunicación y las universidades son los pilares de las libertades democráticas estadounidenses. El socavamiento de estas instituciones por parte de la administración Trump es un intento descarado de imponer un gobierno autoritario saltándose cualquier contrapeso al poder ejecutivo.

Y el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó que es casi totalmente inmune a ser procesado mientras lo hace.

El sistema de contrapesos y salvaguardias del gobierno de EE.UU. se diseñó para garantizar que ningún poder pudiera dominar el proceso político. Pero la lealtad partidista, y la lealtad a Trump por encima del partido, pesa ahora más que la responsabilidad constitucional para la mayoría de los miembros del Partido Republicano.

La democracia estadounidense está amenazada. No por las amenazas existenciales externas a las que se enfrentó durante el siglo pasado, como el comunismo y el fundamentalismo islámico, sino desde dentro de su propio sistema. Los estadounidenses que están aterrorizados por esta amenaza están tratando de contraatacar, pero el asalto de Trump a la disidencia es tan escalofriante que esto se está volviendo cada vez más peligroso.

*Dafydd Townley es profesor de política estadounidense y seguridad internacional, Universidad de Portsmouth, Reino Unido.

*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia creative commons. Haz clic aquí para leer la nota en su versión original (en inglés).