La orden del juez William Alsup se suma a otras similares, dictadas para detener el plan de despidos masivos del presidente Donald Trump.
Un juez de Estados Unidos ordenó el jueves (13.03.2025) a seis agencias federales que restituyan en sus puestos a miles de funcionarios que han sido despedidos en el marco de un plan del presidente Donald Trump para achicar el Estado.
El juez William Alsup consideró que justificar los despidos masivos por “pobre desempeño” es “una argucia para evadir los procedimientos”, reportó el diario The New York Times.
Alsup, en respuesta a una demanda presentada por sindicatos de trabajadores, ordenó a los departamentos del Tesoro, Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía e Interior que readmitan a todos los despedidos.
“Es un día triste cuando nuestro gobierno despide a algún buen empleado y dice que se basó en el rendimiento cuando saben bien que eso es mentira”, aseguró el juez en una audiencia en el Tribunal de Distrito en San Francisco.
Desde que regresó a la Casa Blanca, en enero, Trump ha tomado un abanico de medidas para recortar el gasto del gobierno federal, incluido el despido de decenas de miles de los más de dos millones de trabajadores del gobierno federal. Varios jueces han dictado sentencia en contra de estas medidas.
El mes pasado, Alsup ordenó al gobierno federal que anulara las directivas que resultaron en el despido de miles de empleados. El jueves, afirmó que el gobierno tenía derecho a reducir su personal, pero que debía hacerse correctamente y con justificación.
“El propio Congreso ha dicho que se puede permitir que una agencia reduzca su personal si se hace correctamente conforme a la ley”, señaló.
Pero ese no fue el caso con las órdenes emitidas por la Oficina de Administración de Personal (OPM), el organismo de recursos humanos del gobierno.
Abogados del Departamento de Justicia, que representan a la administración Trump, insistieron en que la OPM nunca emitió órdenes, solo directrices, según informó The Washington Post.
Sin embargo, según el periódico, los registros judiciales muestran que funcionarios de agencias como el IRS (“Internal Revenue Service”), el Departamento de Defensa y Asuntos de Veteranos lo cuestionaron, alegando que la orden de recortar personal en período de prueba provenía directamente de la OPM.
gs (afp, efe)
Trump lleva al Supremo su plan para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento
El gobierno de Trump argumenta ante la Corte Suprema que los jueces de primera instancia no deberían emitir fallos sobre la ley de ciudadanía por nacimiento
El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema que limite el alcance de las órdenes judiciales que han impedido la aplicación de su plan para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
La procuradora general interina, Sarah Harris, presentó tres solicitudes de emergencia en distintos casos y calificó la petición como una medida “modesta”, según NBC News.
No se trata de pedir un fallo sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, sino de reducir el impacto de las decisiones judiciales que han bloqueado su aplicación en todo el país.
Los tribunales federales de Maryland, Massachusetts y Washington han determinado anteriormente que la propuesta de Trump es probablemente inconstitucional y la han bloqueado.
Sin embargo, la administración insiste en que estas resoluciones exceden la autoridad de los jueces, afectando la capacidad del poder ejecutivo para desarrollar su política migratoria.
Los abogados del presidente defienden que la ciudadanía automática debería aplicarse solo a los nacidos de al menos un padre ciudadano o residente permanente.
No obstante, la mayoría de los expertos legales considera que la iniciativa no prosperará, ya que la Enmienda 14 de la Constitución establece claramente que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano del país, según NBC.
La Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados, necesitaría al menos cinco votos para conceder la solicitud de Trump. De aprobarse, la administración podría seguir trabajando en la implementación de la medida, aunque su viabilidad legal sigue en duda.
