
Según la prensa estadounidense, las sanciones apuntan a las finanzas personales y los visados de personas vinculadas a los procesos lanzados por la corte
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto que prevé sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó un alto cargo estadounidense, sin dar detalles.
Según la prensa estadounidense, las sanciones apuntan a las finanzas personales y los visados de personas vinculadas a los procesos lanzados por la CPI.
Este tribunal emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibido el martes por Trump en la Casa Blanca.
La corte con sede en La Haya también ha señalado al exministro de Defensa israelí y a un líder del grupo islamista palestino Hamás.
Sus jueces estimaron que hay “motivos razonables” para sospechar que los tres hombres cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el ataque de Hamás del 7 de octubre y la posterior guerra israelí en Gaza.
Netanyahu calificó la decisión de antisemita.
El expresidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, consideró “escandalosas” las órdenes de arresto contra los israelíes.
La CPI también emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
Moscú reaccionó emitiendo sus propias órdenes de arresto contra altos cargos del tribunal.
Estados Unidos, Israel y Rusia no son miembros de la CPI, una jurisdicción permanente encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Se fundó en 2002 y cuenta con 124 Estados miembros. Desde su creación solo ha dictado un puñado de condenas.
VIDEO | Así funciona la Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional, fundada en 2002 en La Haya, tiene la misión de procesar a los autores de los crímenes más graves cometidos en el mundo, cuando los países afectados no tienen la voluntad o la capacidad para hacerlo por sí mismos.
La Corte Penal Internacional (CPI) fue fundada en 2002 en La Haya, Países Bajos, con la misión de investigar y enjuiciar a personas acusadas de los crímenes más graves cuando los países implicados no tienen el compromiso o la capacidad de llevarlos ante la justicia.
La Corte toma cuatro tipos de casos: agresión entre países, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Se compone de 18 jueces, altos funcionarios judiciales y abogados elegidos por los países miembros para un mandato de nueve años.
Su sección más importante es la Fiscalía, que conduce investigaciones y procesamientos. Cuando una investigación finaliza y el sospechoso es arrestado, la corte puede en teoría organizar un juicio y sentenciar a los hallados culpables. Sin embargo, en la práctica, realiza su misión en condiciones extremadamente difíciles: 124 países son miembros de la Corte pero muchos otros no la reconocen, incluidos Estados Unidos, China, Rusia e Israel.
Los propios Estados miembros no siempre cooperan, dependiendo del contexto político. En tal caso los investigadores carecen de medios para hacer su trabajo, los testigos pueden verse sometidos a presiones, y arrestar acusados es un desafío dado que la Corte no dispone de un cuerpo de policía propio; depende de la buena voluntad de los estados miembros.
Si un sospechoso está en territorio de un país que no reconoce la autoridad de la Corte, prácticamente no hay chance de que sea arrestado. Y algunos países miembros no honran su obligación de cumplir con las detenciones. Estos factores explican, en parte, los resultados dispares del tribunal: De los alrededor de 30 casos iniciados desde su creación, cerca de la mitad siguen activos, en parte porque los acusados no han sido aprehendidos.
Menos de la mitad de las órdenes de arresto lanzadas desde 2002 han sido ejecutadas. Por ende, su tasa de condenas es baja; en unos 20 años declaró culpables a 11 acusados, todos africanos, mientras que otros cuatro han sido absueltos.