La fiscal Mirna Ortiz dijo que Hugo Beras corroboró al Ministerio Público que se respetaron sus derechos; abogados habían denunciado lo contrario
Josefina Medina
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación del Ministerio Público, aseguró que con el arresto y el allanamiento al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el organismo actuó apegado a ley, contrario a las declaraciones emitidas por los abogados del imputado, quienes denunciaron una serie de excesos de los policías y vulneración del derecho de su defendido de ser asistido por ellos cuando se produjo la detención.
Tras depositar el expediente de solicitud de medida de coerción, la fiscal Ortiz aseguró a la prensa que, incluso, Beras manifestó a su llegada a la Procuraduría General de la República que fue tratado con dignidad y decoro la noche del miércoles 2 de octubre.
“El Ministerio Público ha actuado apegado a la ley, cumpliendo con las normas y con los protocolos, y nuestra mejor evidencia es el propio imputado y su familia sobre el trato que recibió. Incluso, a su llegada a la Procuraduría General de la República, luego de su arresto y frente a las denuncias hechas por sus abogados, le preguntamos que cuál había sido el trato recibido y él mismo, de su propia voz, dijo que se le había tratado con dignidad, con decoro y en respeto de sus derechos fundamentales”, manifestó.
Los abogados de Beras, Luis Rivas y Laura Acosta, habían denunciado que los agentes encañonaron al exfuncionario y a su familia y que, incluso, a su hijo de 9 años le habían pedido que se tirara al suelo. Indicaron que se violentó el derecho de Beras de ser asistido por ellos esa noche cuando se produjo su detención en su vivienda y que el Código Procesal Penal establece que el detenido tiene derecho a hablar con su abogado a partir de su arresto.
Operación Camaleón
La Operación Camaleón es la más reciente investigación por supuesta corrupción que ocupa al Ministerio Público. El organismo indica que se trata de un entramado delictivo que operó bajo la gestión de Beras en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre cuando éste celebró un proceso de licitación en el que fue adjudicada, con graves irregularidades, la empresa Transcore Latam para manejar la red de semáforos en el Gran Santo Domingo el año pasado.
Beras es señalado por el Ministerio Público -en la orden de arresto- como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo tras adjudicar este contrato a Transcore Latam.
